viernes 16 de noviembre de 2007
El PSOE y la «operación guateque»
LA llamada «operación Guateque» ha destapado una trama de corrupción en la que aparece implicada casi una veintena de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Más allá de la interpretación interesada de quienes pretenden pescar en río revuelto, debe quedar claro cuál es el alcance judicial de las actividades que ahora salen a la luz. Se trata de actuaciones muy concretas por parte de empleados públicos que aprovechan su participación en la tramitación de expedientes para la concesión de determinadas licencias con el fin de obtener un lucro indebido a cambio de manipular el procedimiento administrativo. La investigación está poniendo de manifiesto que no existe ninguna implicación de tipo político, por mucho que el PSOE pretenda convertir al alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, en una valiosa pieza de caza, inmersos ya -como estamos- en la precampaña electoral. La salida en tromba de los socialistas, y su propósito de poner en marcha una furibunda campaña contra Ruiz-Gallardón, no viene sino a acreditar el valor político que le conceden. Sin embargo, el PSOE parece olvidar que desde el inicio de la investigación el alcalde y el equipo de gobierno fueron informados y, desde el primer momento, han prestado la colaboración que los investigadores han requerido. Así lo han reconocido la Fiscalía y la Guardia Civil. Incluso, y para despejar cualquier sombra de duda en lo que atañe a las responsabilidades políticas, Ruiz-Gallardón -y en respuesta a una reclamación del PSOE-ha anunciado su disposición a constituir una comisión para aclarar todas las circunstancias del caso.
De momento, los hechos son que la Guardia Civil ha detenido a varios funcionarios y ha requisado documentos en sedes municipales, domicilios particulares y empresas sobre un eventual cobro de comisiones por agilizar licencias de actividad para locales o por retrasar expedientes sancionadores. La prioridad debe ser poner a disposición judicial a sus responsables cuanto antes porque cualquier tipo de corrupción es intolerable en un Estado de Derecho. Además, el Ayuntamiento de Madrid es el primer interesado en que se destapen las irregularidades, y así lo demuestra la actitud inequívoca de Ruiz-Gallardón. Con carácter general, los procedimientos de todas las administraciones públicas son lentos y complejos, lo que permite que gentes con pocos escrúpulos se aprovechen de la necesidad de los ciudadanos de obtener una respuesta rápida a su solicitud. Simplificar trámites y reducir tiempos es una necesidad objetiva que el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales deben implantar para cumplir con la exigencia constitucional de eficacia y eficiencia. Ello contribuiría sin duda a erradicar algunas prácticas corruptas.
http://www.abc.es/20071116/opinion-editorial/psoe-operacion-guateque_200711160256.html
viernes, noviembre 16, 2007
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