La negociacion con ETA-HB se topa con la Justicia

La negociación con ETA-Batasuna se topa con la Justicia

Ibarretxe o Patxi López pueden sentarse a hablar como particulares con los dirigentes de Batasuna, pero vulneran la ley si lo hacen para dar carta de naturaleza a una organización ilegal.10 de junio de 2006. La admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la querella presentada por el Foro de Ermua contra Juan José Ibarretxe por haberse reunido con la cúpula de Batasuna, contribuyendo así al enésimo quebrantamiento por la organización ilegalizada por formar parte de ETA de la prohibición de celebrar actos públicos o políticos, plantea con toda crudeza la cuestión de la legalidad de los proyectados contactos del PSE y del propio Gobierno con los pro-etarras y con la propia banda terrorista. A este respecto, el Foro de Ermua ya ha hecho llegar a Patxi López y a José Luis Rodríguez Zapatero sendos recordatorios de que Batasuna es una organización ilegal y que, por tanto, deben desistir de su anunciada intención de reunirse con ella.En un Estado democrático de Derecho a nadie ha de extrañar que esto suceda. El que un Gobierno, sea el nacional o uno autonómico, esté legitimado por las urnas para ejecutar su programa y su política no le autoriza a incumplir la ley. Juan José Ibarretxe o Patxi López pueden, como ciudadanos particulares, sentarse en una mesa con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna y hablar con ellos de lo que quieran, pero vulneran la Ley de Partidos Políticos y las resoluciones de los tribunales dictadas en aplicación de la misma si lo hacen como personas públicas para dar carta de naturaleza a una organización que tiene prohibido desarrollar actividad política.Resulta altamente preocupante la manera en que el Gobierno pretende eludir el atolladero jurídico al que el "proceso de paz" que ha emprendido con los etarras conduce de forma inevitable. No es la primera vez que miembros de aquél, otros dirigentes socialistas o propio Fiscal General del Estado dirigen exhortaciones más o menos abiertas a los jueces para que, sencillamente, tuerzan la aplicación de la legalidad vigente.Así, al escándalo que supone el sugerirque la ley se puede dejar de cumplir a voluntad del Gobierno de turno, se añade la vulneración del principio constitucional de división de poderes. En el caso del Fiscal General del Estado, llamado por la Constitución precisamente a velar por el respeto de la legalidad, tales actitudes resultan simplemente intolerables.En esta tesitura, el siguiente paso que ya se anuncia es la exigencia por parte de ETA-Batasuna de la derogación de la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, el coste político que tendría esa medida para el Gobierno hará para éste muy difícil su adopción, sobre todo después de haber perdido el apoyo que inicialmente le ofreció el PP para el "proceso de paz" y de que las encuestas de opinión demuestren el alto grado de escepticismo de los españoles ante aquél y su nula repercusión en la expectativas electorales del PSOE.