Algo más que una apuesta politica arriesgada

Algo más que una apuesta política arriesgada
Luis Miguez Macho

29 de junio de 2006. Cuando el lector tenga delante estas líneas, es posible que el presidente del Gobierno haya anunciado oficialmente el inicio de las negociaciones "de paz" con ETA. Ya me he extendido en artículos anteriores sobre las inaceptables implicaciones políticas y éticas que tiene el reconocer a una banda terrorista la condición de interlocutor válido del Gobierno legítimo de un país; ahora me referiré a las consecuencias legales del paso que se está dando.Con "alto el fuego permanente" o sin él, ETA es una banda terrorista en activo, que sigue desarrollando actividades criminales de extorsión e intimidación, como sabemos con absoluta certeza, y probablemente también de armamento. No hablamos de un grupo de criminales arrepentidos, ansiosos por volver a la vida honrada, que intentan pactar con las autoridades una salida personal lo menos costosa posible, sino de una organización que no se ha arrepentido de nada ni ha renunciado a nada, y que quiere comprobar cuánto puede sacar de un Gobierno entregado por motivos que se intuyen cada vez más claramente.En estas circunstancias, negociar con ETA implica de manera inevitable vulnerar la ley: por la violación de los deberes de los funcionarios públicos que deberían estar persiguiendo a sus miembros en vez de conversando con ellos, y por todas y cada una de las concesiones que se les ofrezcan, susceptibles de ser calificadas, como mínimo, de colaboración con banda armada. En cuanto a esto último, es inútil negar que vayan a existir tales contrapartidas. ¿En qué consiste una negociación, sino en que cada una de las partes ceda en algo? Y ¿en qué puede ceder el Gobierno ante una banda de criminales en activo que no constituya delito? El que estos delitos de momento no se persigan, porque el Gobierno se cuide de ello dando las órdenes pertinentes a la policía y a la fiscalía, y maniobrando dentro del Poder Judicial, además de añadir nuevos elementos para una futura acción penal, no significa que no puedan ser perseguidos cuando la situación política cambie. Los mismos medios que hoy se están utilizando desde el poder político para evitar su persecución, podrían emplearse mañana para excitar el celo de la justicia contra sus responsables.Se comprende así el interés del Gobierno por desactivar el movimiento de las víctimas del terrorismo y por uncir al PP al yugo del "proceso de paz". Sólo si todos nos hacemos cómplices, nadie les podrá pedir cuentas. Y si no esto no se logra, la única salida que quedará es impedir como sea que el PP, al menos este PP, vuelva al poder.No es que sea una apuesta política arriesgada; es que necesariamente va a acabar mal, y sólo la necesidad más imperiosa puede explicarla.