ZpM cruza las lineas rojas

viernes 30 de junio de 2006
Zapatero cruza las líneas rojas
CON el Congreso de los Diputados como mero escenario de una conferencia de prensa, el presidente del Gobierno repitió ayer lo que anunció en el mitin del PSE celebrado en Baracaldo: que va a iniciar el diálogo con ETA. La expectación generada estos últimos días sobre el momento en que Rodríguez Zapatero comunicaría esta decisión resultaba irrelevante para una estrategia de fondo que ya estaba consumada, y sólo ha permitido aumentar una ansiedad ficticia, tendente a dar al «proceso de paz» la verosimilitud de la que carece por la falta de solidez de la posición gubernamental. Es cierto que Rodríguez Zapatero utilizó una retórica medida y sin críticas al Partido Popular, trufando reconocimientos a las víctimas de ETA y a los gobiernos anteriores para engancharse a los precedentes de contactos con los terroristas, con mensajes de calado político que entrañan un grave riesgo si se materializan en las mesas que proponen los etarras. No hay objeción formal a las apelaciones de Rodríguez Zapatero a la vigencia de la Constitución, de la legalidad democrática y de la ley de Partidos. Otra cosa es que, como señalaba Rajoy, hay que aplicarlas para que tengan sentido y den fuerza a la sociedad democrática. En todo caso, esas menciones perdieron su valor como líneas rojas del diálogo con ETA en cuanto el presidente del Gobierno metió en el mismo discurso el anuncio del diálogo y el cambio que se le avecina al País Vasco, sobre la base de que «el futuro de Euskadi exige un gran acuerdo de convivencia política», según las palabras de Rodríguez Zapatero, quien, además de descartar la continuidad del actual pacto estatutario, endosó a su Gobierno el compromiso de «respetar las decisiones de los ciudadanos vascos», cuando esa exigencia debería recaer exclusivamente en ETA, que es la que ha asesinado durante cuarenta años a los vascos que optaban por su libertad ideológica.
Éste es el problema central del proceso que propone el Gobierno: vincular el fin del terrorismo con el cambio de régimen político y jurídico de la comunidad vasca. Con esta sintaxis política, el Gobierno acepta jugar en el terreno dialéctico de ETA, cuya razón de ser como organización terrorista ha sido siempre la impugnación del orden estatutario del País Vasco. A estas alturas carece de cualquier efecto de distracción ocultar a Batasuna en la propaganda sobre el diálogo con ETA. Da lo mismo hablar del Estatuto de Guernica con los etarras que con Otegi. La dualidad de mesas, aceptada explícitamente por el PSE y consecuencia inevitable de los términos en los que Zapatero planteó ayer el diálogo con ETA, es una mera añagaza de la organización terrorista para dar la máxima eficacia a la «estrategia del desdoblamiento», con la que los etarras tenían, hasta la sentencia del Tribunal Supremo en 2003, un pie en la legalidad y otro en el terrorismo. Por eso no es admisible que la esperanza de este proceso esté depositada, de hecho, en la fidelidad con la que ETA se encargue de utilizar la tregua y demás recursos tácticos en su propio beneficio.
Por tanto, más allá del tono bonancible de las palabras de Rodríguez Zapatero y de las referencias a la Constitución, el Estatuto de Guernica y la ley de Partidos, ya se puede constatar el inicio de un diálogo en el que, ausente del mensaje presidencial cualquier exigencia de disolución, desarme y perdón, se va a hablar de política y de un nuevo «pacto de convivencia», que se fijará a través de acuerdos tomados no en las instituciones representativas, sino, según Rodríguez Zapatero, por «partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales». Es decir, ese magma conceptual, muy presente en los documentos del entramado batasuno, donde cabe todo, hasta formaciones ilegales, y del que está excluido, por ejemplo, el Parlamento elegido libremente por los vascos. Por algo, tanto ETA como Batasuna recuerdan permanentemente que el proceso abierto no es de pacificación, sino de autodeterminación.
Tan preocupante como la expectativa de que el diálogo con ETA tenga el carácter político que quieren los terroristas es la confirmación de que el Gobierno quiere dejar a un lado al Partido Popular. Finalmente, no hubo reunión del Pacto Antiterrorista -anunciada por Zapatero y Pérez Rubalcaba-, ni llamada previa a Mariano Rajoy, ni siquiera una comparecencia parlamentaria en condiciones. Así se han roto las convenciones no escritas que hubieran conservado la esperanza de una recomposición de relaciones entre el Gobierno y la oposición. El contexto del inicio del diálogo no puede resultar menos alentador para el propio Ejecutivo: sin el apoyo del principal partido de la oposición, con el rechazo de la inmensa mayoría de las víctimas, sin la confianza general de la sociedad y con un claro sufrimiento del Estado de Derecho, ¿qué resultados se pueden esperar?
El proceso empieza con varios tantos a favor de ETA, y los terroristas lo saben. Así es, por duro que resulte reconocerlo.