El año de la (des)memoria

martes 2 de mayo de 2006
El año de la (des)memoria
José A. Baonza
E SCRIBE Alain de Benoist que la memoria suele ser mala consejera de la historia, por aquello de que en la primera prevalece la óptica instrumental del autor –el consabido “cristal con que se mira”—, mientras la segunda tiene –o debería tener—como herramienta imprescindible la valoración selectiva de las lentes utilizadas en el encuadre visualizador del objeto analizado; de ahí que resulte extremadamente engañosa la superposición de ambos planos para establecer criterios sólidos de aproximación a una realidad siempre compleja y muchas veces contradictoria. Tómese como referencia la declaración del Congreso de los Diputados por la que se consagra como “año de la Memoria Histórica” al presente 2006, que coincide con el setenta y cinco aniversario de la proclamación de la II República española y el setenta de iniciarse la Guerra Civil: si lo que se pretende desde el Gobierno y los partidos que le apoyan es un ajuste de cuentas con los vencedores de aquella dramática realidad vivida por la sociedad española en su conjunto, seria más convincente que aplicasen las herramientas de su propio acontecer personal a la celebración de aquellos lacerantes sucesos de nuestra reciente historia; por el contrario, si lo que se busca es eliminar de la historia las referencias biográficas de algunos derrotados, resultaría mucho mas efectivo el ejercicio de la amnesia para realzar el engarce de la memoria con la realidad histórica que tratan de recuperar. Porque, a la vista de cómo se reproducen algunos pasajes interpretativos, los asuntos relacionados con la II República, la guerra civil, el franquismo y la transición política están necesitados de un tratamiento mínimamente distanciador en el que las posiciones de partida se ajusten a la escueta veracidad de lo ocurrido; toda vez que –como ha certificado el señor Rodríguez Zapatero— “la amnistía no debe confundirse con la amnesia, ni el perdón con el olvido”. Ahora bien, sería conveniente insistir en el dato inequívoco de que, tanto la amnesia como el olvido, son categorías aplicables a la humana naturaleza, mientras la amnistía y el perdón si pueden ajustarse a procedimientos valorativos de la actuación política en curso. Vistas así las cosas, por ejemplo, uno puede celebrar el aniversario del 14 de abril (1931) como proyecto democrático colectivo, siempre y cuando no se oculten en las brumas de la memoria algunos hechos relevantes para su exacta comprensión histórica: primero, que el cambio de régimen ocurrido en aquella fecha se produjo en claro fraude de ley sobre el auténtico mandato popular concedido a los poderes públicos por unas elecciones municipales; segundo, que la Constitución alumbrada resultó incompatible con el imperio de la ley en el fortalecimiento de un Estado de Derecho; tercero, que en ningún momento de su recorrido se tuvo en cuenta el derecho de las minorías para garantizar la plena integración ciudadana en un proyecto institucional compartido. A partir de tales supuestos, los sucesivos tramos del desarrollo histórico (guerra civil, victoria militar, régimen autocrático, transición democrática) adquieren unas dimensiones cualitativas que tienen poco que ver con el recuerdo personal de los interpretes, ni con la referencia circunstancial que pueda aportar la memoria selectiva sobre aquellos sucesos. Y otro tanto cabe añadir respecto a la efeméride del 18 de julio (1936) sobre la que es perfectamente explicable la disparidad argumental entre quienes apoyaron la sublevación contra el Gobierno y quienes se mantuvieron firmes en su defensa; lo que resulta de todo punto ilícita es la pretensión de suprimir como nimiedad estructural los desafueros al ordenamiento jurídico que tuvieron el respaldo, la aquiescencia o, al menos, la permisividad de los poderes públicos encargados de velar por su custodia. Es probable que la sublevación cívico-militar de aquella fecha se asentara en criterios ideológicos contrarios a la legitimidad democrática del sistema republicano, pero es rigurosamente cierto que no habría alcanzado los niveles de aceptación popular sin el decidido concurso de los partidarios de la revolución como partera de la historia. Ocultar –ahora— la calidad democrática desplegada para asesinar al líder de la oposición parlamentaria, diluir los criterios de inconstitucionalidad presentes en la defenestración del presidente de la Republica o situar el delirio de la lucha de clases entre los objetivos de las libertades públicas puede ser una categoría de interpretación válida para el cultivo de la memoria selectiva; pero nunca será un modelo fiable de reconstrucción histórica Ignoro cuales sean los trabajos de la Comisión Interministerial creada para este menester, pero sospecho que han asumido una tarea imposible en la perspectiva de los propios objetivos que inspiran su creación. Porque si los comisionados se sitúan en el vértice clarificador de los sucesos que jalonan tan ambicioso recorrido, tendrán que valorar con absoluta limpieza la distancia abismal que separa la realidad de la propaganda y establecer como criterio básico de selección la depuración de sus contornos específicos; pero si se dejan llevar por los ardores impetuosos de las filias y las fobias entre beligerantes, habrán prestado un flaco servicio al encomiable fin de cerrar las heridas del conflicto y garantizar la reconciliación definitiva de las “dos Españas”. A menos que sea precisamente la revancha el objetivo buscado por la encomienda y estemos asistiendo al trazado de la modernidad con la reconstrucción aventurera del más rancio oscurantismo científico.