Una cuestion de principios

Una cuestión de principios
Luis Miguez Macho

1 de junio de 2006. Siento tener que seguir escribiendo sobre un tema, la reforma estatutaria gallega, que a primera vista puede resultar poco atractivo para el lector de fuera de Galicia, pero en estos momentos es fundamental para nosotros los gallegos, para el futuro de la articulación territorial de todo el país, y también para que siga existiendo una alternativa política, sin la cual difícilmente se podría hablar de democracia en España.Un ilustre colega mío, el catedrático de Derecho constitucional Roberto Blanco Valdés, ha explicado a la perfección en su última obra, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, algo que en la lejana periferia comprendemos sin dificultades, y en cambio en Madrid cuesta entender: que el salto cualitativo que supone el nuevo Estatuto catalán ha venido provocado fundamentalmente por la evolución del Estado de las Autonomía hacia la igualación de todas las Comunidades autónomas.Lo opuesto a las tesis nacionalistas no es el centralismo, sino la igualdad entre todos los españoles y los territorios que forman España. Desde este punto de vista, lo mismo da un sistema de organización territorial centralizado que otro federal (siempre que se trate de federalismo genuino y no de la tergiversación asimétrica de este modelo que a vecen defienden los nacionalistas).Lo que nunca será aceptado por las pobres "regiones sin historia" sin un nacionalismo fuerte son los apaños con los que la tradicional incomprensión madrileña de la pluralidad española histórica e inútilmente ha tratado de resolver el "problema catalán" y el "problema vasco", llámese Estado integral de la II República, llámese Estado de las Autonomías con autonomías de primera y de segunda, en lo cual ahora se reincide con el nuevo Estatuto catalán.De ahí que yo siempre haya defendido, frente a la opinión de buenos amigos madrileños, la "cláusula Camps", que exige que cualquier redistribución competencial se haga por igual a todas las Comunidades autónomas. De hecho, debería ser una paso previo a la reforma constitucional propuesta por el Consejo de Estado, para fijar en la propia Constitución las competencias estatales sin posibilidades de ulteriores transferencias o delegaciones a las Comunidades autónomas, de manera que todas las demás competencias correspondan a éstas automática e igualitariamente.En vez de eso, los nacionalistas y sus compañeros de viaje socialistas, con la inestimable colaboración del neocaciquismo autonómico, nos quieren convencer de que copiemos el Estatuto catalán, reclamando una imposible relación bilateral con el Estado que sólo beneficia a las Comunidades ricas. El caso patético de Andalucía, prestándose a servir de coartada a la descarnada insolidaridad del nacionalismo catalán que la hundirá para siempre en el atraso económico y social, es suficientemente ilustrativo.No estamos en 1978, quienes formamos la opinión del centroderecha no tenemos que ganarnos ningún marchamo democrático, y ya no es posible acomplejarnos con la acusación de centralistas. Por eso hay ciertas cosas por las que no se puede pasar y que en el caso de Galicia son fundamentalmente dos: el atentado contra la verdadera realidad nacional multisecular, que es la española, definiendo en el Estatuto nacioncillas de pega, y el que nos coloquen en el cuello el dogal de la obligatoriedad del gallego, con el cual se nos quiere convertir en siervos de los nacionalistas y de los nuevos caciques que se nutren del presupuesto autonómico.