Un dialogo peligroso

lunes 29 de mayo de 2006
Un diálogo peligroso
José Meléndez
E L anuncio de apertura del diálogo con la “banda ETA” (ya se ha suprimido convenientemente el calificativo de “terrorista”) para el mes de junio, hecho por el presidente del gobierno en el corazón de Euskadi, entre el ondear de banderas en la fiesta de la rosa del PSE y el clamor de los incondicionales, en un ambiente partidario que no se corresponde con la importancia del tema, posee todas las características de los gestos atrevidos a los que nos está acostumbrando su política histriónica de golpes espectaculares cuando las cosas parecen torcerse irremediablemente. Eso ocurrió en el acuerdo con Artur Mas en la tarde de cigarrillos en la Moncloa, cuando el Estatuto catalán estaba a punto de naufragar y ha vuelto a ocurrir ahora. Cuando los hechos parecían indicar un serio empeoramiento de los tanteos preliminares y tanto los portavoces de ETA como los de Batasuna, especialmente Otegui y Permach aseguraban que el inicio del proceso de paz atravesaba por momentos de gravedad extrema, Zapatero nos sorprende con su revelación, que solamente ha tenido una preparación fugaz en la afirmación del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, de que el proceso de verificación de las intenciones reales de ETA era satisfactorio, dos días después de haber manifestado en la Comisión parlamentaria que “no hay una convicción real de que ETA quiera poner fin a la violencia”. Si esto es verdad o, en su lugar, estaba ya todo pactado desde hace algún tiempo por los fontaneros de la Moncloa, el PSE, Batasuna y la propia ETA, es algo que se verá con el tiempo, más pronto que tarde. Mientras los hechos no se vayan definiendo por sí solos, habrá que guiarse por las cábalas y entre estas hay tres posibles: que, en efecto, todo haya estado pactado; que el pesimismo y las amenazas de ETA y Batasuna se hayan producido para acelerar la respuesta del gobierno o que éstas fueran genuinas y el gobierno ha actuado temeroso de que la otra parte pudiera romper la baraja antes de comenzar el juego. Hasta ahora y mientras no se demuestre lo contrario, esta última es la que parece tener más verosimilitud porque ETA ha sido clara al manifestar sus condiciones y afirmar que la tregua no es definitiva y que, por tanto, no entrega las armas. La única verificación de las intenciones de ETA que tenemos todos no está en los informes que solo sabe Zapatero, sino en lo declarado por la propia ETA al diario “Gara” y, por lo tanto, es de suponer que, al aceptar el inicio del diálogo, el gobierno ha aceptado implícitamente considerar y negociar las condiciones etarras. Pero, en cualquier caso, el juego es difícil e intrincado porque la apelación de Zapatero a la generosidad de las víctimas (y de la ciudadanía en general), a las bondades del perdón, después de cuarenta años de asesinatos, extorsiones y coacciones, con la promesa de que las víctimas serán recordadas en “el preámbulo de la nueva Constitución” (lo que significa que ya le está preparando sustituta a la de 1.978) como el reconocimiento de “nación” para Cataluña (los preámbulos constitucionales, mas concurridos que la Costa del Sol en verano, están adquiriendo una importancia inusitada), denuncia subliminalmente la disposición con la que el gobierno acude a ese diálogo. Pero hay otros factores de gran calado que empujan al recelo. En la meditada y calculada estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero –cabeza del socialismo más radical desde los tiempos de Largo Caballero- para llevar a nuestro país a esa Arcadia que brote de las raíces de la República de 1.931 “que España contempla con orgullo y satisfacción” según sus palabras, es una pieza clave la desaparición de la derecha española, por lo que la palabra consenso –aunque se use profusamente por los dirigentes socialistas para impresionar a los incautos- está borrada del manual de la hoja de ruta. Sin embargo, como ocurre en las grandes obras de derribo cuando la empresa encargada se encuentra con elementos insalvables para ella y ha de contar con el concurso de otras empresas especializadas, el consenso es un buen aliado de los socialistas, sobre todo si facilita sus propósitos. Sus alianzas con los nacionalismos radicales es una buena prueba de ello y el vergonzante lema del Partido Socialista Catalán en la campaña del referéndum estatutario (”El PP usará tu no contra Cataluña”) es la indecorosa culminación de esta realidad que debería producir nauseas en cualquier país auténticamente democrático. Entre otras cosas, porque el “no” lo preconizan tanto el PP como Esquerra Republicana de Cataluña, pero a esta organización independentista no la mencionan porque no se atreven. O no les conviene. Uno de esos elementos imprescindibles en la estrategia socialista es este que han dado en llamar “proceso de paz” en el País Vasco, pero que por sus especiales circunstancias es insalvable para los socialistas solo y por sus propios medios. Cuando el PSOE estaba en la oposición, roto por las sucesivas caídas de sus líderes y apabullado por los aciertos del gobierno del Partido Popular, tuvo la clarividencia de constatar la importancia que tenía la tenacidad y energía de Aznar en la lucha contra el terrorismo y decidió que no podía quedarse al margen, cediéndole todos los laureles al contrario. Por eso surgió el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo, propuesto –que no lo olvide nadie- por el PSOE para no quedar descabalgado y firmado entre los dos grandes partidos nacionales en diciembre del 2.000. Era una respuesta lógica y democrática al Acuerdo de Estella, que habían firmado anteriormente los nacionalistas vascos, Herri Batasuna y ETA. Desde entonces, el Pacto Antiterrorista, junto a la Ley de Partidos Políticos, han sido la mejor arma contra la barbarie etarra y su cobertura política y las que han llevado a ETA, en el peor momento de su sangrienta historia –que tampoco lo olvide nadie- a decretar la actual tregua indefinida. Y ahora, ya en el poder y embarcado en un empeño que ni el propio Rodríguez Zapatero sabe como terminará, vuelve a necesitar del apoyo del PP, porque sabe que es muy probable que el fin de la violencia se consiga con una política de concesiones que, aunque fueran pequeñas, llevan una carga de responsabilidad muy superior a la que puedan soportar sus espaldas por si solas. La llamada a la Moncloa a Mariano Rajoy, el repetir que tiene informado regularmente al PP del desarrollo de los acontecimientos y el anuncio de convocatoria del Pacto Antiterrorista, que no se ha realizado hasta ahora y que desde este momento es irrelevante, sirven de contrapeso a la posición del gobierno de “prudente optimismo”, que ha culminado con el anuncio del comienzo del diálogo. La cruda realidad es que en ese período de tiempo han ocurrido hechos mucho más importantes que las escaramuzas de atentados y las cartas de extorsión a empresarios: la entrevista de dos dirigentes etarras en el diario “Gara”, en la que puntualizaron las condiciones “irrenunciables” para el fin de la violencia sin entregar las armas, y la ofensiva política contra el Estado español y sus instituciones jurídicas–sin que el francés tampoco se escape de ella- de los mandatarios de Batasuna, especialmente Arnaldo Otegui. A Otegui, delincuente convicto y encarcelado por secuestro y pertenencia a banda armada, cargado de procesos judiciales y sentencias recurridas por la eficiente red de abogados proetarras, en cuyo cerebro no se alberga ni una fugaz ráfaga de democracia a pesar de que se llene la boca hablando de ella constantemente, se le quiere presentar ahora como el hombre que tiene la llave de la paz en el País Vasco. El “interlocutor”, como lo calificó Ibarreche, arqueando al máximo por el asombro sus cejas circunflejas cuando el juez Grande-Marlaska lo envió a la cárcel. El “buen terrorista” que ha mutado de gusano a crisálida. El que ahora denuncia una “guerra de la Audiencia Nacional contra las intenciones democráticas de Batasuna” que no es mas que el miedo que le produce la sombra de las rejas cerniéndose sobre su persona y que hace coro a ETA al afirmar que el “proceso de paz atraviesa momentos de extrema gravedad”. Ahora veremos si el próximo 31 de mayo el juez Grande-Marlaska lo vuelve a enviar a la cárcel por sus repetidos quebrantamientos de las condiciones de su libertad provisional. Por si acaso, Otegui no cesa de pedir al gobierno la convocatoria de la mesa de partidos para la “solución política del conflicto” Y cuando ETA y Batasuna dicen que la situación es grave, será verdad. Por eso necesita Zapatero al PP más que nunca, pero no lo reconoce y en su declaración de Baracaldo lo metió, sin nombrarlo, en el granel de “fuerzas políticas” a las que espera informar de su decisión. El PP es el único partido nacional de la oposición y por su respaldo electoral no puede ser tratado como al resto de los grupos, algunos de los cuales tan minúsculos y pintorescos que sus consideraciones tienen el mismo valor que las de los bedeles para el consejo de administración de una empresa. El comienzo del diálogo ha desatado una oleada de comentarios. Para el nacionalismo vasco y su entorno es absolutamente necesaria la convocatoria de la mesa de partidos y la presencia de Batasuna en ella, mientras el Partido Popular advierte que no avalará el diálogo con ETA mientras la banda no entregue las armas, porque el apoyo que le ofreció a Zapatero en su momento para intentar el fin de la violencia no es un cheque en blanco para ceder a las exigencias de los terroristas. Y los hechos insinúan que puede haber más cesiones de las estrictamente legales y necesarias. La legalización de Batasuna está a la vuelta de la esquina, para que pueda presentarse a las próximas elecciones municipales y, sobre todo, asistir a la mesa de partidos, en el nombre de ETA, cuya formación terminará aceptando el gobierno de España, cuyo Fiscal General ha “aconsejado” a los fiscales que tengan en cuenta la nueva situación en el proceso de paz. Una invitación a la prevaricación, por muchas vueltas que se le dé. Es difícil la postura del PP en este turbio y enredoso asunto, porque facilita el falso y tendencioso marchamo que le coloca el PSOE de no querer la paz, como ya le ha colgado el de enemigo de Cataluña, pero los grandes desatinos requieren una oposición firme para que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de unas dignas reglas de convivencia democrática y tiene que haber alguien con la autoridad y razón suficientes para señalar los peligros que encierran las revueltas del tortuoso camino que ha emprendido el gobierno. Porque no destila fiabilidad un presidente que tras pasarse más de año y medio de su mandato asegurando que el único anuncio que esperaba de ETA era el de su disolución y la entrega de las armas, rebaja ahora su exigencia al “fin de la violencia”, quizá amparándose en el viejo y detestable adagio de que el fin justifica los medios.