Obstaculo en el proceso

Obstáculos en el proceso
07.11.2007 -

El proceso judicial que está siguiéndose contra el lehendakari y los secretarios general y de organización del Partido Socialista de Euskadi, por un supuesto delito de colaboración necesaria en otro de desobediencia presuntamente cometido por cuatro miembros de la ilegalizada Batasuna, ha conocido, en las últimas cuarenta y ocho horas, dos incidentes procesales de muy distinto orden. De un lado, la fiscal de la causa, en coherencia con la línea que ha venido manteniendo, ha anunciado su intención de solicitar la absolución de los procesados, por no encontrar en el objeto de la querella indicio alguno de delito. Sus argumentos iniciales se han visto reforzados en el curso del procedimiento por el auto que, con fecha de 13 de noviembre de 2006, hizo público el Supremo, al no admitir a trámite una querella similar interpuesta contra el presidente del Gobierno. La fiscal ha hecho suyo el doble razonamiento que se empleaba por el Alto Tribunal, en el sentido de que el delito de desobediencia requiere de la existencia previa de un mandato expreso y de que querellas de esta índole suponen un fraude constitucional, al utilizar el poder judicial como instrumento fiscalizador de la actividad política, suplantando con ello la función del legislativo. Argumentos que deberán ser tomados muy en cuenta por la Sala, no sólo por su valor intrínseco, sino también por la autoridad que lo sustenta. Además, el hecho mismo de que la querella no esté respaldada ni por el ministerio público ni por un actor particular directamente afectado, sino sólo por una acusación popular de claro tinte político, supone un obstáculo muy serio que tendría que superar una eventual sentencia condenatoria.De otro lado, algunas de las partes han dejado clara su intención de recusar, por una u otra razón, a todos los componentes de la sala enjuiciadora. Con ello no hacen sino acogerse al ejercicio de los derechos que el procedimiento penal les reconoce. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que la recusación que se propone hacer el lehendakari contra los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro y Antonio García no haya sido anunciada por su defensa, sino directamente por la portavoz del Consejo de Gobierno, que no es, por lo que se sepa, actor en la causa. De este modo, el Ejecutivo incurre en la contradicción de acusar a la judicatura de politización de la justicia al tiempo que, con su anuncio, intenta él politizar más que nadie la situación judicial en que se encuentra el lehendakari. Intento, por cierto, que se hace aún más evidente cuando se analizan los argumentos que el Gobierno esgrime para fundamentar la anunciada recusación y que contienen tal carga política que la defensa del lehendakari haría bien en expurgarlos si quiere que sean atendidos por la instancia jurisdiccional competente.

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