Juan Ramon Rallo, Periodistas partidarios de la censura

miercoles 7 de noviembre de 2007
NEOINQUISIDORES
Periodistas partidarios de la censura
Por Juan Ramón Rallo
En la medida en que el Estado da y quita con las mismas manos, es lógico que alguna gente considere la omnipotencia del poder político como un peligro que ha de ser minimizado o erradicado y que otra lo entienda como un lucrativo negocio del que obtener provecho. Por ello, alrededor de los Gobiernos que se han arrogado el poder de recortar las libertades individuales siempre aparecen grupos de presión que tratan de emplear tales potestades en su propio beneficio.
Recientemente la Federación de Sindicatos de Periodistas, como grupo de presión que trata de medrar a costa de la sociedad, emitió un comunicado en el que exigía al PSOE y al PP que se pusieran de acuerdo para aprobar el Estatuto del Periodista:
Reclamamos a Rodríguez Zapatero que el 5 de noviembre, día europeo de reivindicación de un periodismo independiente y de calidad, se comprometa pública y formalmente a promover la regulación del periodismo por ley.
A pesar de que la FESP considera que los periodistas "sufren cada vez más presiones políticas", reclama paradójicamente que esos mismos políticos sean quienes limiten su libertad mediante un Estatuto del Periodista que amordaza al díscolo y lo somete a la supervisión permanente del Estado. Por lo visto, a la FESP le preocupan las presiones políticas en la sombra que socaven la libertad de expresión; sin embargo, le parece totalmente deseable que los políticos entierren esa libertad de expresión con la luz y los taquígrafos del Congreso de los Diputados.

No sólo eso: la FESP denuncia que los medios cada vez están más concentrados, lo que, a su juicio, "reduce el pluralismo informativo que necesita una sociedad democrática". No me cabe duda de lo que este lobby entiende por "pluralismo informativo" y por "sociedad democrática": el pluralismo implica la existencia de muchos medios de comunicación que emitan siempre el mismo discurso antiliberal e intervencionista, y lo de la "la sociedad democrática" no es sino un horizonte reivindicativo que les permita engrosar la billetera.

Sólo es necesario observar cuál fue su postura cuando el CAC se propuso erradicar la única voz discrepante en el panorama comunicativo catalán:
Existen muchas conductas periodísticas contrarias a las más elementales normas deontológicas que no constituyen delito pero que son defendidas por sus autores bajo el paraguas de la libertad de expresión; son éstas las que deben ser sancionadas por un órgano independiente puesto que los jueces no lo van a hacer al no entrar en el terreno delictivo.
Por lo visto, el pluralismo informativo sólo es deseable cuando se da dentro de un código deontológico confeccionado por los burócratas para sancionar conductas no delictivas. ¿Y éstos se preocupaban de la presión política sobre los periodistas?

De hecho, no deja de tener tintes esperpénticos que la FESP proponga la aprobación del Estatuto del Periodista para garantizar el pluralismo informativo amenazado por las grandes corporaciones. La mejor forma de favorecer el pluralismo y la competencia informativa es permitir que cualquier persona pueda crear su propio medio de comunicación: basta observar el caso de los blogs y del periodismo disperso en su lucha contra la manipulación de los mass media.

Pero precisamente el Estatuto del Periodista impone la expedición de carnés concedidos por órganos administrativos para poder expresarse de manera pública. Todo medio de comunicación ha de contar con un director con carné político, incluso las "páginas o sitios en la red de carácter periodístico", esto es, las bitácoras. Los autores de un blog que no se encuentren bajo el paraguas de un director con carné deberán cerrar sus puertas. Como promoción del pluralismo informativo disperso frente a la concentración de los medios no está mal.

A la luz de éstas y muchas otras bellaquerías que contiene el Estatuto del Periodista, la cuestión debería ser por qué la FESP lo defiende de manera tan apasionada. Una ley que cercena libertades individuales y establece de facto la censura previa debería resultar odiosa para cualquier periodista que se precie.

La clave se encuentra, de nuevo, en recordar la manera de operar de los grupo de presión. Todas las potestades liberticidas que contiene el Estatuto del Periodista son otorgadas a un Consejo de Información encargado, entre otras cosas, de expedir los carnés y de aprobar las sanciones a los periodistas que violen el código deontológico. Ese Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, cuatro de los cuales serán elegidos por y entre los sindicatos periodísticos.

La FESP está deseosa de poder controlar quién entra y quién sale de la profesión, y de castigar los "excesos" de pluralismo que atenten contra el código deontológico impuesto por los políticos. De este modo, no sólo se elimina la competencia potencial en el periodismo, sino que se establece un férreo control sobre sus contenidos que impide poner en tela de juicio los privilegios oligárquicos que el propio Estatuto del Periodista instaura.

Pero las prebendas a los sindicatos no terminan en los Consejos de Información. Cada medio de comunicación deberá contar con un Comité de Redacción, por el que los periodistas podrán influir en la postura editorial del periódico. Los sindicatos serán los encargados de diseñar el procedimiento de elección y la composición de esos Comités de Redacción en los respectivos convenios colectivos. Ellos se lo guisarán y ellos se lo comerán; una vez tomado el Comité de Redacción, habrán asumido en la práctica el control del medio de comunicación.

En otras palabras: a la FESP no le preocupa en absoluto la concentración de los medios de comunicación; el hecho de que favorezca la atrofia de los blogs en España mediante el Estatuto del Periodista es prueba de ello. Lo que sí ansía es tomar el timón ideológico de esos medios concentrados. En lugar de crear un periódico, una radio, una televisión o una bitácora con una línea editorial distinta a la de los "grandes grupos", prefieren proceder a nacionalizarlos. Al fin y al cabo, muchos periodistas se sentirían reconfortados convirtiéndose en funcionarios de un monopolio público de la comunicación. ¿A qué otra cosa nos conduce la expedición de carnés o la creación de consejos censores y de códigos deontológicos uniformes?
El Estatuto del Periodista es un disparate y un ataque directo a la libertad individual y la propiedad privada. El hecho de que un sindicato de periodistas lo defienda con ardor no purifica en modo alguno sus ingentes defectos. De hecho, es una muestra de la clase de pasteleos corporativistas que contiene la ley. El pluralismo informativo no se consigue dando el poder a unos políticos parasitarios y a unos trepas sindicales, sino permitiendo la libre creación y gestión de los medios de comunicación.

http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233961


La FeSP cree necesario un órgano que vigile el respeto de los medios audiovisuales a la Constitución
23 Diciembre 2005. Junta Ejecutiva de la FeSP
La ampliación de las competencias del Consejo Audiovisual de lo Cataluña (CAC), que ha coincidido con la difusión por parte de este órgano de un informe sobre algunos programas de la cadena de radio Cope, ha hecho que varios medios de comunicación hayan coincidido en rechazar que el CAC tenga esas competencias que le acaban de ser atribuidas por una ley.
Según esos medios, el hecho de que un órgano de este tipo vigile y, en su caso, sancione el incumplimiento de los criterios deontológicos periodísticos elementales y la vulneración de derechos constitucionales es un «camino preocupante y peligroso», una «irrupción intervencionista» que atribuyen al Gobierno catalán, un «intrusismo de poder» e incluso una «censura franquista».
Esta oposición al CAC coincide con el rechazo, por parte de esos mismos medios, al proyecto de Estatuto del Periodista Profesional que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados. Pero ahora dan un paso más: cuando un órgano independiente como el Consejo de lo Audiovisual -cuyos miembros son elegidos por el Parlamento catalán, representante de la soberanía popular en ese territorio- va a tener la potestad no sólo de realizar informes sino de sancionar, se produce una reacción de las empresas y de algunos políticos y profesionales de la información -lamentablemente, con la total coincidencia con ellos del presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja-, que ponen en cuestión todo el proyecto de reforma del sector audiovisual español que empieza a vislumbrarse tras muchos años de retraso respecto a Europa.
Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) siempre hemos defendido la necesidad de que sea regulada por ley la profesión periodística, para garantizar que se va a cumplir el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, y también el sector audiovisual. Los medios audiovisuales utilizan radiofrecuencias que les son concedidas por las administraciones públicas y deben respetar en todo momento los principios deontológicos y constitucionales.
Que un órgano independiente vigile el cumplimiento de esas obligaciones no es una censura como la que existía en el franquismo, ni tampoco una suplantación del papel de los jueces. Existen muchas conductas periodísticas contrarias a las más elementales normas deontológicas que no constituyen delito pero que son defendidas por sus autores bajo el paraguas de la libertad de expresión; son éstas las que deben ser sancionadas por un órgano independiente puesto que los jueces no lo van a hacer al no entrar en el terreno delictivo.

http://www.fesp.org/comunicados2.php?id=130