lunes 25 de septiembre de 2006
La tregua de ETA (2) El inverosímil «proceso» de ZP
LA TERCERA DE ABC
... ETA, como el propio nacionalismo, dispone de unos mecanismos de reproduccción a los que la política debe atacar y entre los instrumentos a utilizar no está el del diálogo, sino el de la fortaleza del Estado y la panoplia de medidas que se emplearon en la legislatura anterior con el PP y el PSOE unidos y un Gobierno determinado y firme...
EL comunicado de ETA, ayer, en el denominado «gudari eguna» -día del soldado-, en coincidencia con el «alderdi eguna» -día del PNV- es la constatación, por séptima vez ya desde el «alto el fuego permanente», de que, como ayer traté de exponer, la banda ha entendido el «proceso de paz» como algo por completo diferente a lo supuesto por el presidente del Gobierno. Mientras la banda criminal ha hablado siempre el mismo lenguaje, las decisiones del presidente del Gobierno en este y en otros asuntos son a veces reactivas, es decir, se definen por oposición a las que se mantuvieron durante la época de Gobierno del Partido Popular y resultan coherentes con una visión histórica y generacional que juzga con displicencia la tarea de la Transición democrática; que no pone en valor el esfuerzo que supuso el Estatuto de Autonomía de Guernica; que no recuerda -o no quiere recordar- que hubo una amnistía y que ETA, por una parte, y los demás nacionalistas, por otra, han mostrado una insaciabilidad que el «azañismo» que él ahora quiere reeditar no logrará tampoco colmar.
Es muy posible que para el Gobierno, y para su presidente en particular, ETA forme parte de una capítulo pendiente de los muchos que componen la «memoria histórica», es decir, que considere, como parte de la antigua izquierda española, que los etarras son un producto del franquismo, un resultado inevitable de las dos España, un binomio que ningún gobierno democrático previo al suyo, ha podido, o sabido, o querido, resolver.
La iniciativa de interlocución con ETA se integraría con cierta naturalidad también, en una concepción del Estado en la que la nación española ya no sería su pilar o basamento y, por lo tanto, estaría abocado a un cambio o transformación profundos.
La eventual y cada vez más inverosímil negociación con ETA es el fruto de una concepción rupturista con la naturaleza de la Transición y del espíritu constitucional de 1978. Sólo se explica esta iniciativa en la que ETA no ofrece «señal inequívoca de abandonar la violencia» (como pedía el pacto de 1988 para acudir a una solución dialogada), desde una pretensión refundacional de la democracia española, tratando de llevarla hacia otro territorio en el que el Estado no resultaría reconocible en sus actuales perfiles. En esa gran operación de mutación total, el terrorismo etarra encontraría una solución mediante el diálogo.
Engarza esta situación con la extensión del discurso buenista que, mediante un prontuario semántico y argumental muy básico pero muy accesible, trata de reducir las grandes cuestiones a proposiciones de solución simplista en las que unos son buenos y otros malos. Así, frente al islamismo, la Alianza de las Civilizaciones; ante la realidad de la violencia, el diálogo; frente a las mayorías sociales, la activación del protagonismo de las minorías a las que se concede un estatuto político y una relevancia social desproporcionada, algo así como una discriminación positiva sistemática.
En este orden de cosas, no debe segregarse la interlocución con ETA de las políticas generales de este Gobierno en los más distintos ámbitos. O en otras palabras: la política del Gobierno en relación con ETA y Batasuna, es coherente con el guión general establecido. No desentona. Y no lo hace ni siquiera en el error que este planteamiento implica, porque el Ejecutivo está incurriendo en sucesivos yerros en razón de un voluntarismo que tiene dosis iguales de ideología revisionista y de incompetencia técnica. ETA, como el propio nacionalismo, dispone de unos mecanismos de reproduccción a los que la política debe atacar y entre los instrumentos a utilizar no está el del diálogo, sino el de la fortaleza del Estado y la panoplia de medidas que se emplearon en la legislatura anterior con el PP y el PSOE unidos y un Gobierno determinado y firme.
ETA y Batasuna se han movido en el actual contexto con una enorme comodidad, elevando el listón de sus exigencias, rehaciendo claramente su discurso, extendiendo de nuevo su presencia, recuperando posiciones sociales y políticas, respondiendo de tú a tú a la fraternidad de los nacionalismos que le dieron por liquidados, acudiendo a los foros respetables que le estaban vedados, ocupando tribunas con audiencias cualificadas, reestableciendo líneas de presencia internacional.
Las pretensiones de ETA y Batasuna son muy elementales por reiteradas en su planteamiento -nada innovan, están petrificadas- pero de altísimo coste para el sistema democrático. Porque, quiérase reconocer o no, obligarían, de aceptarlas, a abonar un precio político inasumible. La banda habrá triunfado si logra el regreso de Batasuna a la legalidad y reconquista las posiciones anteriores a la ilegalización.
En estos momentos hay dos procesos: el de ETA-Batasuna con el Gobierno y el interno en Euskadi que consiste en la transacción para el acomodo de unos y de otros en la futura y previsible estructura de poder. Se me escapa qué papel puede jugar el socialismo vasco en este reajuste, pero no tengo duda de que el País se lo seguirán repartiendo los nacionalistas, ya los radicales, ya los sedicentemente moderados, o entre ambas facciones. El PSE, después de lo ocurrido ayer, se ha introducido en una fase política de cierto patetismo del que un político como Patxi López no será capaz de rescatarle. Es inevitable recordar la sólida figura, las ideas claras y la actitud cívica de Nicolás Redondo Terreros defenestrado arbitrariamente.
El presidente del Gobierno no parece haber entendido -o quizá sí, pero no lo ha explicitado- que el proceso necesario en el País Vasco era, es y será un proceso para la libertad de todos en el disfrute de una ciudadanía con contenidos iguales y ejercicio similar de derechos y facultades. Que la paz entendida como ausencia de violencia puede ser una pura apariencia; que de hecho, es una apariencia. Que lo que conviene a ETA y a Batasuna, y al nacionalismo que se opondrá a este proceso, si de él no saca rédito o parte del botín, es la llamada «Paz de Azkoitia» en función de la cual conviven la víctima y el verdugo pero es éste el ciudadano de primera y es aquella la súbdita segregada de una comunidad que idolatra sus signos de identidad.
Rodríguez Zapatero tendrá esa «Paz de Azkoitia», y la padeceremos todos quizás con menos angustia que antes, pero, en el planteamiento actual, no obtendrá ni un ápice más. Con lo cual, la situación futura del País Vasco puede ser un fraude porque acaso toda esta operación -insisto, si sigue planteándose de la manera en que lo hace el Gobierno ahora- lleva a la fosilización del régimen nacionalista -que, como todo régimen, excluye la alternancia hasta como mera hipótesis- y que permitirá los anclajes para que ETA se perpetúe en las bambalinas -y eso en el mejor de los casos- mientras una izquierda radical abertzale, dependiente de la banda en su estrategia y en su discurso, alcanza cotas de poder sustanciales en los niveles locales, forales y en el autonómico.
No debe olvidarse, además, que, al hilo del proceso, la banda quiere acercar a los presos, una amnistía inmediata y una mesa política de partidos al margen del Parlamento vasco y simultánea a la del Gobierno con los dirigentes etarras. ETA lo quiere todo y, por el momento, lleva las de ganar. En realidad, de marzo hasta aquí, no ha hecho otra cosa que avanzar posiciones. Estaba al borde del colapso y ahora pretende el triunfo político. Una «nueva ETA» que ha anunciado «sangre» para lograr la independencia de Euskadi es el resultado de una escasa y mala lectura de la historia vasca y española del último siglo por los que nos gobiernan.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
Director de ABC
domingo, septiembre 24, 2006
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