Estan en peligro cientos de miles de pequeños ahorradores

Están en peligro cientos de miles de pequeños ahorradores

Coincidiendo con la sentencia del Caso Bono se ha conocido un caso de supuesta estafa basada en la inversión en bienes tangibles. Muchos españoles pueden perder sus ahorros.

10 de mayo de 2006. La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional investigan a Fórum Filatélico y Afinsa por la comisión de un presunto delito de estafa piramidal. Esta figura penal consiste en satisfacer la rentabilidad de unos clientes con el dinero procedente de las inversiones de otros, en una espiral creciente cuyo único beneficiario seguro es la propia empresa. El caso, sin embargo, no es idéntico a otros, como el conocido de Gescartera, porque la inversión en bienes tangibles –colecciones de sellos y de monedas- tiene una regulación diferente, menos estricta y además encomendada en parte a las Comunidades Autónomas. Los afectados son en este caso cientos de miles de pequeños ahorradores españoles, que no tiene ninguna garantía de recuperar su inversión. La presunta estafa afecta a productos llamados "semifinancieros", es decir que presentan algunas características de rentabilidad similares a los auténticos productos financieros, como los fondos de inversión, pero sin estar sometidos a los controles administrativos correspondientes. Precisamente la dura competencia que empresas de inversión en bienes tangibles como Afinsa y Fórum Filatélico suponían para las entidades financieras tradicionales eran desde tiempo atrás motivo de preocupación para los Bancos y Cajas. Hay que pensar que estas empresas ofrecían beneficios impensables en las entidades bancarias, pero también que no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Inversiones y el Fondo de Garantía de Depósitos. También la Hacienda Pública estaba preocupada por la opacidad de las inversiones en bienes tangibles, de manera que éstas eran una supuesta salida para el dinero negro. Las inversiones de Fórum Filatélico y Afinsa se realizaban recurriendo a una posibilidad legal, pero efectivamente un mal uso de la misma puede dar lugar a situaciones dudosas. La publicación del caso ha coincidido con la resaca del Caso Bono. La condena de tres funcionarios por la detención ilegal de militantes del PP era la noticia que ocupaba todas las portadas, y la petición de responsabilidades políticas llenaba los medios de comunicación hasta que se supo de esta estafa. Sea estafa piramidal, competencia desleal o fraude a Hacienda, lo cierto es que el PSOE y sus políticos han acogido esta noticia con cierto alivio, no por animadversión hacia las empresas implicadas sino porque la presión mediática y popular sobre José Antonio Alonso y José Bono se ha relajado inevitablemente. En un caso como este no sirven los sesudos análisis técnicos, financieros o jurídicos. Cientos de miles de familias españolas ven en peligro sus ahorros, a menudo modestos, sea por el afán de lucro de unos empresarios, sea por la falta de control público. Los ciudadanos deben ser lo primero; si bien es verdad que el Estado no tiene obligación de resarcir lo supuestamente estafado, sí tiene la obligación de garantizar la seguridad y la libertad de la gente normal. Y el caso debe invitar precisamente a eso.