Vivir en castellano

miercoles 2 de julio de 2008
Vivir en castellano
TODOS los cargos públicos del Estado o de las comunidades autónomas juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes como requisito previo a la toma de posesión de su cargo. Así pues, desde el presidente del Gobierno hasta la última autoridad territorial tienen una responsabilidad para que se cumpla en su plenitud el artículo 3 de la Norma Fundamental: el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ha llegado la hora de utilizar los instrumentos propios del Estado democrático para que las normas se apliquen con rigor en la realidad social. Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con cualquiera de las administraciones públicas en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente. Los padres tienen un derecho fundamental a elegir libremente la educación de sus hijos en la lengua común, sin sufrir por ello coacciones de ningún tipo o sin que la opción que se les otorga teóricamente sea inexistente en la práctica. No sólo está en juego la vertebración territorial, sino también los derechos inalienables de la persona, que son el fundamento del orden jurídico y la paz social.
ABC ha defendido siempre estos principios elementales y se congratula de que el reciente Manifiesto, hecho público por un grupo de intelectuales, haya alcanzado notable repercusión. La portada de hoy refleja con la excepcional sutileza y la genialidad del maestro Mingote -secundado en páginas interiores por Martinmorales, Julio Cebrián, Máximo, Puebla, José María Gallego, Idígoras y Patxi- el compromiso de este periódico centenario con la defensa del tesoro cultural que constituye la lengua española, pero también con las libertades públicas que configuran la seña de identidad de nuestro Estado de Derecho. Todos los españoles tenemos que poder vivir en plenitud en la lengua común, cualquiera que sea el lugar de residencia, desde la escuela primaria a la atención médica, pasando por el rótulo de los establecimientos, la redacción de contratos o la solicitud de una autorización administrativa. En nombre de una falsa «normalización», determinadas comunidades autónomas imponen la exclusión del castellano de manera discriminatoria para muchos miles de ciudadanos, al tiempo que se empobrece el bagaje cultural de las generaciones futuras. Más allá de las conveniencias partidistas, ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos una actuación inequívoca en defensa de la legalidad y del sentido común. Las cosas han ido demasiado lejos y resulta ya imprescindible evitar que esta situación inaceptable se consolide por la fuerza de los hechos.
La lengua común es un activo de primer orden para la historia y la cultura de nuestro país. Su repercusión universal es hoy día una feliz realidad que nos permite afrontar con expectativas muy favorables la sociedad global propia de nuestro tiempo. La demanda en el plano internacional crece de forma imparable mientras que algunos dirigentes autonómicos practican una política sectaria sin que el Gobierno haga nada por evitarlo. Las instituciones culturales tienen una ocasión de oro para hacer efectiva su razón de ser, desde la Real Academia Española al instituto Cervantes. Los ministerios competentes en materia de Educación y Cultura deben analizar con todo rigor la situación y poner en marcha los recursos jurídicos pertinentes. El departamento de Administraciones Públicas tiene aquí una magnífica oportunidad para ejercer sus funciones de coordinación. El propio Ministerio para la Igualdad debería ampliar su programa de actividades más allá del género, porque estamos ante un caso patente de una de las discriminaciones prohibidas por el artículo 41 de la Constitución. El PP ha manifestado claramente su postura y sería deseable que también el PSOE y otros partidos de ámbito nacional -o, simplemente, respetuosos con la legalidad y el sentido común- hagan llegar a los ciudadanos su opinión al respecto. El Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para que los poderes públicos dejen de actuar de forma arbitraria.

http://www.abc.es/20080702/opinion-editorial/vivir-castellano_200807020247.html