Punto de partida

jueves 24 de julio de 2008
Punto de partida
LA reunión que ayer mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy permite interpretaciones de diverso sentido. Resulta evidente que el encuentro se celebró con un clima más apacible que en anteriores ocasiones y que ninguno de los interlocutores quiso defraudar las expectativas sobre las nuevas maneras en las relaciones entre Gobierno y oposición. No es un mal principio, porque las formas, en democracia, tienen un alto valor político y repercuten directamente en la opinión de los ciudadanos.
Cuestión distinta es la valoración de los contenidos que Zapatero y Rajoy dieron a los acuerdos y a los desacuerdos que resultaron de su encuentro. La agenda de la reunión se centró en terrorismo, justicia y economía, asuntos que fueron tratados, salvo excepciones muy localizadas, con pronunciamientos genéricos e incompletos. Sobre ETA, ambas partes optaron por el eclecticismo y fijaron su consenso en torno a cinco principios «de mínimos» que, por su obviedad, no pueden generar más que conformidad política y social. Es bueno, en todo caso, que el Gobierno y el PP emplearan ayer un lenguaje común para referirse a ETA -a la que retirarán por ley de las calles vascas-, porque las diferencias de criterio de la pasada legislatura habían llegado al punto en el que ni siquiera se llamaban las cosas por su nombre. Ahora bien, que el listón estuviera tan bajo no debería ser pretexto para disculpar la aparente indefinición de este nuevo consenso, que sigue siendo inferior al que formalizaron PP y PSOE en 2000 en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y elude flecos como la declaración parlamentaria de 2005, con la que Zapatero se dio cobertura para negociar con los terroristas. Quizá sea todo lo que en este momento se puede alcanzar, pero la derrota de ETA y el compromiso con los ciudadanos exigen más. Si realmente han pactado establecer una estrategia compartida -lo más relevante políticamente de lo acordado en esta materia- en la lucha contra ETA y la llevan a cabo, los hechos serán más convincentes que las declaraciones de ayer.
En cuanto a la Justicia, el Gobierno y el PP han anunciado que están de acuerdo en renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Realmente, tenían que estar de acuerdo porque es una obligación constitucional. La discrepancia radicaba en el «cómo» de ambas renovaciones, cuestión que ayer no quedó aclarada, sino aplazada a septiembre. Siendo, como es, importante la publicidad de este acuerdo, se produce sin un consenso amplio sobre la Justicia en su conjunto. Para desarrollar la oficina judicial e informatizar las sedes judiciales no hace falta que se reúnan el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sí es necesario para llegar a los acuerdos importantes de política judicial, pero éstos son los acuerdos que no se han producido porque ambas partes defienden modelos judiciales dispares en aspectos como los cuerpos nacionales de funcionarios judiciales, el recurso de casación y la posición del Tribunal Supremo, entre otros. La hipoteca del estatuto catalán sobre la Administración de Justicia es muy gravosa y es una de las causas de esta falta de consenso. Todo elogio merece, por su lado, el acuerdo para reformar el Código Penal y castigar más severamente a pederastas, agresores sexuales y terroristas. La presión social ha hecho mella en la clase política y este acuerdo satisface unas justas demandas de los ciudadanos.
La economía, sin embargo, sigue sin un mínimo acuerdo. Zapatero no quería hablar de la crisis económica en esta reunión y ha forzado una exhibición de discrepancias con Rajoy, quien fue sumamente gráfico para expresar lo sucedido en ella. «Yo creo que hay crisis y el presidente, no». A partir de esta disparidad de análisis, el acuerdo es imposible, pero sí hay crisis, y muy grave, y el Gobierno está erosionando día a día el ánimo de los ciudadanos con un optimismo vacuo e inverosímil. El presidente debería ser consciente de que no gana nada tachando a los populares de «antisociales» por defender un recorte del gasto público. Lo antisocial es que los trabajadores pierdan su empleo y el Gobierno mire para otro lado. Rajoy ha cumplido, ofreció acuerdos y llegó a La Moncloa bien dispuesto. Ahora, la responsabilidad está en el Gobierno.

http://www.abc.es/20080724/opinion-editorial/punto-partida_200807240255.html