Compraventa de una conspiracion

jueves 14 de septiembre de 2006
Compraventa de una «conspiración»
EMILIO Suárez Trashorras está procesado como autor de la matanza del 11-M, el crimen terrorista más brutal cometido en España. Pesa sobre él la imputación judicial de dirigir la trama de explosivos que fueron a parar a la célula terrorista que preparó y ejecutó los atentados contra los trenes de Cercanías en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Según los autos judiciales, Suárez Trashorras, en tratamiento psiquiátrico a causa de su esquizofrenia, sabía que dichos explosivos iban a ser empleados en un atentado terrorista y por eso responde de sus consecuencias.
Este personaje ha merecido durante tres días consecutivos la portada y un despliegue interior en las páginas de «El Mundo», bajo el marchamo de periodismo de investigación y con la supuesta finalidad de buscar la verdad en la autoría de la matanza. Por supuesto, las revelaciones del procesado se atuvieron estrictamente a la teoría de que el 11-M fue una conspiración urdida en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por aquel entonces bajo la autoridad política del Partido Popular. Tal conspiración, a juicio de sus propaladores -quienes, según les da, unas veces se la atribuyen a la Policía y al Centro Nacional de Inteligencia, y otras veces, a ETA-, estaba orientada a desalojar al PP del poder y facilitar la victoria del PSOE.
Sin embargo, las conversaciones telefónicas conocidas ayer, a raíz de desvelarse una grabación de Suárez Trashorras con sus familares en la cárcel, ponen en boca del procesado una confesión de parte: «Mientras «El Mundo» pague, les cuento la Guerra Civil». En el mejor de los casos para este medio de comunicación - es decir, que realmente Suárez Trashorras no haya cobrado un céntimo por lo que dijo-, su disposición a contar lo que sea a cambio de dinero desacredita su testimonio. Simplemente, Suárez Trashorras estaba en venta.
Hemos asistido a un nuevo episodio de la retroalimentación de intereses entre el diario «El Mundo» y Federico Jiménez, director del programa de la cadena Cope «La mañana», para ganar cuota de mercado a golpe de teorías conspiratorias, alentadas por sectores muy concretos y extremos del PP que están causando un grave daño a los intereses generales del centro derecha. Sin entrar a considerar en profundidad lo que estas supuestas informaciones periodísticas pudieran tener de agresión a la deontología profesional, resulta evidente que se ha puesto en marcha una campaña contra las instituciones del Estado de la que no es ajeno el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, convertido en satélite de aquellos medios y amplificador de supuestas exclusivas que consisten, ni más ni menos, en dar portadas y páginas centrales al presunto terrorista sobre el que pesa la más grave acusación jamás formulada en los tribunales de Justicia españoles.
A pesar de todo, lo más preocupante no es que determinados medios y periodistas se recreen, con el consentimiento de sus editores, en la difamación de las instituciones y en la calumnia sistemática de quienes no siguen sus anatemas. Lo peor son las tensiones a las que se somete a la derecha de este país, forzándola a confundir la legítima oposición al Gobierno socialista y su justa demanda de saber toda la verdad sobre el 11-M con una actitud que niegue la legitimidad del sistema democrático, que repudie a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, acabe sumiendo al PP en contradicciones insoportables. Una derecha que entregue al 11-M el protagonismo de su oposición al PSOE está abocada al fracaso electoral, pero también al fracaso ideológico, porque las convicciones democráticas no son compatibles con actitudes propias de extremistas antisistema.
Es justo precisar que Mariano Rajoy ha situado el 11-M en el plano sensato del ciudadano que pregunta y quiere respuestas, como bien demostró en su discurso ante la Junta Directiva Nacional. Como todo atentado terrorista, el del 11-M está en manos de la Justicia. Habrá un juicio con vista oral y pública, en la que acusadores y defensores podrán poner sobre la mesa todas las incidencias de una instrucción sumarial que, desde estas mismas páginas, ha sido criticada en cuestiones de gran trascendencia para asegurar una sentencia justa y reconfortante para las víctimas. Por eso, la dirección del Partido Popular debe implantar un criterio coherente sobre el 11-M, basado en la superación política de este acontecimiento, en la exigencia de la verdad judicial y en la liberación de servidumbres mediáticas que actúan en contra de su principal interés estratégico: ganar al PSOE en las próximas elecciones generales.