Los españoles quieren sabre del 11-M pese a los errores judiciales

Los españoles "quieren saber" del 11-M pese a los errores judiciales

El juez Del Olmo y la fiscal Sánchez han permitido por un error la liberación de uno de los supuestos terroristas del 11-M. Esto abre dudas sobre la fiabilidad de su investigación.

12 de mayo de 2006. Durante dos años Olga Sánchez y Juan del Olmo han sido protagonistas de la Historia de España. La fiscal de la Audiencia Nacional adscrita a la investigación de los atentados terroristas del 11-M y el juez instructor de la misma causa han asumido la tarea imprescindible de buscar los culpables directos e indirectos del mayor crimen de nuestra democracia. Una masacre que, entre otras cosas, está en la raíz del cambio político que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno. Jueces y fiscales ejercen uno de los poderes del Estado en nombre del pueblo y al servicio del pueblo. Las leyes les atribuyen una gran libertad y todos los medios necesarios, y la naturaleza del caso hace que haya un gran consenso en la importancia y la urgencia de buscar y castigar a los culpables. Juan del Olmo olvidó prorrogar la prisión provisional de uno de los 29 procesados, el marroquí Saed El Harrak, y Olga Sánchez olvidó solicitarlo. Así, uno de los supuestos terroristas ha quedado en libertad por un tecnicismo jurídico –ha cumplido ya dos años en prisión provisional-, en una situación que muchos juristas han calificado como "negligencia profesional" . La instrucción del caso ha sido y seguirá siendo polémica. Del Olmo y Sánchez se han guiado abiertamente por los informes policiales en una sola línea de investigación, sin tener encuentra ni la fragilidad de las pruebas y testimonios que sustentan su hipótesis ni la verosimilitud de otras hipótesis alternativas, que de manera inquietante van siendo reveladas en cambio por la paciente investigación de otros medios periodísticos. Pero si había preocupación, lo sucedido ahora con El Harrak es causa de escándalo, porque está acusado de un delito de colaboración con organización terrorista y está encarcelado desde mayo de 2004 por haber ayudado a los supuestos terroristas suicidas de Leganés. Los funcionarios del Estado son responsables del correcto cumplimiento de sus funciones, y Del Olmo y Sánchez deben dar cuentas de los posibles errores de su gestión. Francisco José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha solicitado al Jefe del Servicio de Inspección del CGPJ, José María Gil Sáez, la apertura de una información preliminar para dirimir las responsabilidades. Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, también ha pedido una investigación. En casos similares ha habido sanciones muy rigurosas, que en este caso la opinión pública entendería perfectamente. En el trasfondo de este asunto está la discutible investigación del 11-M. No se trata de anticipar sus resultados, sino de garantizar que nadie en el futuro pueda demostrar que esta investigación no ha llegado a la verdad. Los españoles quieren saber y tienen derecho a saber la verdad, y no hay que renunciar a ello aunque para lograrlo sea preciso que la causa sea instruida por profesionales más atentos a sus funciones.