El estado es responsable

viernes 12 de mayo de 2006
EL ESTADO ES RESPONSABLE

Hasta hoy, y mientras las actuaciones judiciales desarrolladas por los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional se declaraban secretas, todos los inversores, o por mejor calificarlos, ahorradores que han invertido en Fórum Filatélico y Afinsa, han tenido que soportar continuas manifestaciones, por parte de los representantes del Estado, que consideramos improcedentes sobre todo cuando se insiste en que dichas entidades, por su actividad, se encontraban excluidas de la supervisión pública y, por tanto, de las garantías que la Administración proporciona a los inversores a través, entre otros organismos del Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.Tal planteamiento, en opinión de este letrado y de gran parte de auditores, ya era errónea antes de surgir el actual escándalo, ya que la disposición adicional cuarta de la Ley 35/03 de Instituciones de Inversión Colectiva, que en teoría regulaba este tipo de sociedades, establecía claramente un control por parte de la Administración Pública, y en concreto, a cargo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por las autoridades competentes en materia de consumo y por la propia CNMV; controles que obviamente han resultado absolutamente ineficaces.Sin embargo, el examen de las querellas presentadas por la Fiscalía ponen de manifiesto que fundamentan la acusación de fraude de Fórum Filatélico y Afinsa en que la actividad desarrollada por estas dos sociedades era en realidad una actividad financiera y no de compra de sellos. Es decir, la propia Fiscalía, con fundamento en los informes de la Agencia Tributaria, y por tanto del Estado, reconoce que la actividad de estas empresas debía haber sido supervisada e inspeccionada bien por la CNMV, bien por el Banco de España, bien por la Dirección General de Seguros. No habiéndose producido este control y, por tanto, siendo imputable al Estado la responsabilidad de que se haya perpetrado el fraude que afecta a más de 350.000 personas, la Administración es responsable subsidiaria de los perjuicios causados a los inversores, responsabilidades que deben ser exigidas en jurisdicción penal o en vía administrativa.IVÁN HERNÁNDEZ URRABURUDESPACHO «IURIS TANTUM»