Bono y Alonso se escudan en los funcionarios condenados
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La detención ilegal de dos militantes del PP lleva a la cárcel a tres policías, a la dimisión del delegado del Gobierno y a la petición de responsabilidades a todos los niveles.
9 de mayo de 2006. Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz son hoy más libres. La sentencia de ayer lunes de la Audiencia Provincial de Madrid no sólo corrobora que el 4 de junio de 2005, en la manifestación de la AVT contra el terrorismo, el entonces ministro de Defensa José Bono no fue agredido por ellos. Queda además demostrado que funcionarios de la Policía detuvieron ilegalmente a los dos militantes del Partido Popular por hechos que nunca tuvieron lugar. Un acontecimiento de la mayor relevancia política. Las cifras del caso son sencillas: trece años y medio de prisión entre tres condenados, que de confirmarse la sentencia serán expulsados del Cuerpo y que tendrán que abonar 24.000 euros a las víctimas. Éstas ya han anunciado que las donarán a la AVT. Con la sentencia, que será recurrida, se depura la responsabilidad penal y civil directa de quienes cometieron el delito. Quedan sin embargo por aclarar las responsabilidades políticas del caso, porque todo sucedió en un contexto político muy determinado. En la supuesta agresión a Bono confluyeron intereses diferentes: el ministro de Defensa podía ganar relevancia política, José Antonio Alonso desde el Ministerio del Interior podía emplear su fuerza para crear miedo entre los simpatizantes del PP, José Luis Rodríguez Zapatero podía a la vez legitimar su estrategia de aislamiento de un PP supuestamente radicalizado y dar pasos que facilitasen el futuro "proceso de paz". Con la sentencia de ayer todas esas responsabilidades quedan al descubierto. La dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, con ser necesaria, no satisface la demanda popular de responsabilidades políticas. Méndez fue responsable de lo sucedido, pero no el responsable único ni el responsable último. Según el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, "no puede ser que el ministro del Interior y el de Defensa se escondan detrás de los tres policías". El PP, como afectado en el caso y como única oposición política existente hoy en España, tiene la obligación de exigir que el caso se aclare plenamente, en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. La Audiencia Provincial reconoce que hubo detención ilegal, falsedad documental y coacciones, según las peticiones de la acusación particular y pese a las órdenes del Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido de pedir la absolución de los ahora condenados. De esa petición debe deducirse también una cierta responsabilidad política. No hay margen de error: hubo detenciones, fueron ilegales, fueron llevadas a cabo por policías que gozaban de la confianza política de las autoridades socialistas y esas autoridades esperaban beneficiarse de la operación. El PP puede ahora pedir también las responsabilidades de José Bono por una denuncia falsa. Y no precisamente al servicio de sus intereses de partido, sino como necesaria garantía de los derechos de la gente.
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