EL ANÁLISIS
Andalucía, "realidad nacional", anticipo de un nuevo régimen sin el PP
Pascual Tamburri
El Estatuto andaluz ahonda en la ruptura del consenso constitucional, pero sobre todo sirve para excluir al centro derecha de la nueva legitimidad creada por Zapatero.
4 de mayo de 2006. Manuel Chaves ha presidido el acuerdo final entre PSOE e Izquierda Unida. En el Parlamento andaluz, con la oposición de Partido Popular y Partido Andalucista, se ha aprobado un proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía que, entre otras cosas, define las ocho provincias meridionales como "una nacionalidad histórica". ¿Cuál es el sentido de todo esto? No hay una explicación única, y depende a quién se escuche pesan más unas u otras razones. Lo más llamativo y polémico a corto plazo del Estatuto que José Luis Rodríguez Zapatero avala desde la Presidencia del Gobierno en Madrid ha sido esta adjetivación "nacional" de Andalucía, que nadie había pedido y que nadie toma en serio. Pero el contenido y el significado de la futura Ley Orgánica es mucho más complejo y variado. Un Estatuto que rebasa la Constitución En España, y Andalucía no es una excepción, nadie quiere ser "menos que nadie". El nuevo Estatuto andaluz se adapta por lo tanto al techo competencial máximo definido por el texto catalán que Pasqual Maragall intentará ver refrendado el próximo mes de junio, y copia, en ocasiones literalmente, la minuciosa relación de competencias que el presidente de la Generalitat catalana pactó con los nacionalistas Josep Lluís Carod-Rovira y Artur Mas. Así, Andalucía reivindica su competencia exclusiva sobre las aguas interiores de la región, incluyendo nada menos que el Guadalquivir, y hasta hay una referencia a las peculiaridades lingüísticas andaluzas, además de una petición de competencias casi sin límites. Al fin y al cabo, si Despeñaperros señala el límite de una nación, que sea con todos los atributos. Y los políticos de la izquierda no se olvidan tampoco de sí mismos, porque el Estatuto de Chaves prevé un aumento del número de diputados y una separación de las elecciones autonómicas y de las convocadas en el resto de España. En cambio, no hay límite para el número máximo de mandatos presidenciales, así que el ceutí Chaves puede seguir otro par de décadas en el cargo. Pero donde no se ha seguido a Cataluña es en la financiación. Si el PP pedía más autonomía municipal y más descentralización para los Ayuntamientos y su hacienda, se vislumbra en el nuevo Estatuto un férreo centralismo sevillano, y una apelación a los recursos financieros del Estado: Chaves firma un proyecto que exige para Andalucía una financiación desde Madrid correspondiente a su población, así que nada de corresponsabilidad y nada de proporcionalidad al PIB. Si en la España de Zapatero cada región pide lo que conviene a sus políticos, ¿cómo se va a sostener el conjunto? Un aval para la "nación catalana" Tal vez porque alguno de los redactores e inspiradores no desee que el conjunto se sostenga de ninguna manera. Andalucía es una región de España, no es una nación y hace falta un malabarismo semántico seguido de una pirueta jurídica para habla de "nacionalidad histórica". Algunos apuntan, especialmente desde el Partido Popular de Javier Arenas, que se puede estar poniendo una vez más Andalucía al servicio del nacionalismo catalán: la "nación" catalana puede ser más fácil de digerir para la opinión pública española si va acompañada de la broma andaluza. Pero sigue sin ser una broma que, como dijo Arnaldo Otegi, lo excepcional del momento es que en La Moncloa vive una persona capaz de admitir sonriente que en España hay varias naciones. Un escalón en el proceso revolucionario En todo caso, que los árboles no tapen el bosque. Además de la chanza nacional, que podrá o no llegar a tragedia, en Andalucía se ve claramente la voluntad de Zapatero de introducir cambios radicales en España. Cambios no sólo en la vertebración territorial, sino en las costumbres y en la vida cotidiana. Chaves y los suyos definen ahora, como antes Maragall, derechos tales como el de "vivir dignamente el proceso de su muerte", es decir la eutanasia, o el de una educación laica. Nada de eso está en la Constitución de 1978, antes bien está lo contrario. Se rompe el consenso para aislar al PP Pero a veces olvidamos lo más obvio. ¿Qué consigue Zapatero con el Estatuto andaluz? Ahondar el foso que rodea al Partido Popular. Crear un nuevo marco jurídico inaceptable desde los principios "populares", e implicar en él a todas las fuerzas políticas de izquierdas. Así, Mariano Rajoy estaría obligado en cualquier elección futura, nacional, regional o local, a ganar con mayoría absoluta, viéndose privado de posibles socios, y viéndose en todo caso obligado a aceptar una reforma que carece de consenso popular. Porque si en Cataluña en consenso constitucional se ha roto con el 53% de los votos del Congreso, en Andalucía Chaves araña sólo el 60%. Demasiado poco para deshacer un modelo que ha funcionado tres décadas en paz.
miércoles, mayo 03, 2006
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