Pio Moa, El año de la Constitución (I)

El año de la Constitución (I)

3 de Agosto de 2010 - 08:56:15 - Pío Moa

****”Sr. Moa: he estado unos días de vacaciones en la Costa Brava, coincidiendo con la victoria española en el Mundial de fútbol. El entusiasmo de la gente era como para verlo, espectacular. Lo que me demuestra que una cosa es la gente común, el catalán real y otra los políticos catalanes. Todos esos políticos, yo creo que sin excepción, traicionan en Cataluña el verdadero sentimiento de la gente. Pero son los políticos los que mandan, los que se expresan y los que deciden. Y una enorme masa de catalanes se queda así sin que nadie dé expresión y decisión política a sus verdaderos intereses, ya que los políticos y los periodistas se arreglan siempre para mentir y presentar con colores bonitos sus porquerías. Haría falta un trabajo largo que los desenmascarase, pero he visto que en Cataluña, aun más que en el resto de España, los medios parecen los de una dictadura: en ciertas cuestiones actúan como por consignas. Hay mucho trabajo que hacer, pero muy poca gente dispuesta a hacerlo hoy por hoy.”. J G. R.

****Un trabajo muy interesante: http://vinamarina.blogspot.com/

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EL AÑO DE LA CONSTITUCIÓN (I)

Así como el año 1976 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández-Miranda y el 77 el de la reforma de Suárez y las primeras elecciones democráticas, el 78 lo sería de la Constitución, en torno a cuya elaboración giraría la actividad política. Para elaborarla se nombró la citada ponencia de siete personas de diversos partidos; a su vez, una Comisión Constitucional parlamentaria examinaría las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego por referéndum, ya en diciembre. En el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación y la cuestión religiosa, al significado o alcance del derecho a la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término “nacionalidades”, y a otras cuestiones menores. Un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad.

A fines de enero del 78, AP celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no votaría la Constitución si esta mantenía el punto de las nacionalidades y algunos otros. Pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y AP, que pareció solventar problemas como los citados, pero “Suárez y Gutiérrez Mellado” prefirieron “no dar esa capital batalla”. Aquel pacto tácito, al frenar a la izquierda y a los nacionalistas, disgustó al PSOE hasta el punto de que su ponente, Peces-Barba escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, por discrepar sobre la libertad de enseñanza. Era un movimiento calculado para asustar a la UCD y romper la “mayoría mecánica” con AP, mientras Roca y Solé Tura profetizaban desastres si no se satisfacían sus exigencias. La presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces-Barba, pues Suárez y Abril Martorell, buscando una imagen más “progresista”, pasaron a una alianza de hecho con la izquierda y los nacionalistas. Fraga lamentaba: “Los ponentes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista”. Aun así, Fraga tenía mucho protagonismo, por ser el más experto en Derecho constitucional: “Suárez me da su versión de la crisis y de sus posiciones constitucionales; dudo que las tenga, para él todo es negociable”. El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia, admitiendo las nacionalidades, término preñado de peligros, abanderado por el comunista Solé, el nacionalista Roca y el ucedeísta Herrero de Miñón.

El proceso seguía en medio de los problemas económicos habituales y de un terrorismo cada vez más peligroso. Los atentados más destacados del trimestre, pero de ningún modo los únicos, fueron, el 15 de enero, el incendio del teatro Scala, de Barcelona, con cuatro muertos; diez días después, el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona; el 17 de marzo una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con dos obreros muertos y otros heridos, y grandes daños materiales; y el 22 de marzo, el asesinato del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Tuvo lugar también un sospechoso incendio del histórico pazo de Meirás, perteneciente a la familia Franco.

El ataque al Scala provino de la reconstituida FAI (Federación anarquista Ibérica), ligada a la CNT. Pareció volver el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió crédito e influencia, al ser trabajadores las víctimas. El matrimonio Viola fue asesinado por el terrorismo nacionalista catalán del mismo modo que lo había sido Bultó, adhiriéndoles un explosivo al cuerpo; Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre de 1976. La bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que, al revés que la CNT-FAI, no perdió prestigio por haber matado a varios obreros. El asesinato de Haddad lo realizó el GRAPO.

En cuanto a los partidos, la UCD aplazó las elecciones municipales por tener poca organización todavía a esos niveles. Aparte, se resentía de los personalismos de los llamados “barones”, políticos con poder en las regiones o en el aparato, a quienes trataba de meter en vereda Abril Martorell, ambiciosa mano derecha de Suárez. En marzo, Abril sustituía al dimisionario Fuentes Quintana al frente de la economía, y al propio Suárez en las comparecencias parlamentarias comprometidas, pues el presidente, de oratoria poco brillante, prefería los acuerdos personales a espaldas de las Cortes.

AP sufría problemas aún mayores, por la decepción electoral y la incertidumbre sobre el camino a seguir. Unos, sugestionados por el éxito de UCD, querían migrar “al centro”, y otros lo consideraban una claudicación. Hubo algún trato con Fernández-Miranda, muy decepcionado de Suárez. Un “europeísmo” algo barato y mendicante, casi unánime en la clase política, lo expresaba así Fraga: “Para España, la integración europea es algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica; es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político”. Se trataba de pura autosugestión.

El PSOE, mejor aglutinado en torno a Felipe González y disciplinado por Alfonso Guerra, tomó la línea de descalificar moralmente al gobierno, a los empresarios y a la administración, suponiéndolos a todos más o menos corruptos e indignos de confianza. Se trataba de una auténtica osadía, habida cuenta de la trayectoria del propio PSOE, pero le produjo pingües rentas políticas.

Peor le iba al PCE. La línea moderada y razonable de Carrillo iba contra las tradiciones del PCE y encontraba oposición interna o desanimaba a muchos antiguos y nuevos militantes. Pero Carrillo, más realista, percibía claramente que mostrarse al viejo estilo reduciría mucho más sus votos. Menudeaban las expulsiones, sobre todo en el sector asturiano, el más radicalizado. El PSUC, igualmente stalinista, se mantenía con mayor ánimo gracias a su considerable éxito electoral, y, de acuerdo con la tendencia inaugurada por los nacionalismos resurgentes, ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PCE.

El 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución, y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la Comisión Parlamentaria, que debía examinar y discutir el proyecto de la ponencia. Volvió la mayoría derechista: 19 votos de UCD y AP sobre 17 contrarios. En la mecánica parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas podían discutir y hacer admitir algunas de sus propuestas, pero tendrían que aceptar su minoría. Tal aceptación no ocurrió. Aprovechando una propuesta de UCD sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el terrorismo, el PSOE amenazó, el 18 de mayo, con abandonar la Comisión, afirmando, por boca de Guerra, que iba a ser “la Constitución más reaccionaria de Europa, obra de UCD y AP”. Ello crearía un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Jugada arriesgada, pues Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. Pero tras la dimisión de Peces-Barba de la Ponencia (luego entró en la Comisión), el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD ideológicamente insegura y atenazada por su necesidad de “vender imagen” progresista, de centro-izquierda.

Y, efectivamente, Suárez volvió a claudicar. Inclinado a evitar el debate público y a los encuentros personales semisecretos, encargó a Abril Martorell que se entendiera con Alfonso Guerra al margen de la Comisión, a fin de llevar a esta los artículos a votar, ya preparados y acordados, imponiéndolos por disciplina de partido. Así, la elaboración constitucional pasó a una fase solo a medias parlamentaria, pues los acuerdos claves se tomaban en almuerzos y cenas entre Abril y Guerra. El arreglo fue aceptado por comunistas y nacionalistas, por evitarse la comprometedora dialéctica de Fraga. Se produjo un reagrupamiento de hecho de la UCD con los socialistas, nacionalistas y comunistas, quedando desplazada la derecha conservadora.

Ni Abril ni Guerra eran expertos en Derecho constitucional, al revés que Fraga, Herrero o en menor medida Peces-Barba. Abril había estudiado ingeniería agraria y ciencias políticas, y había presidido la diputación provincial de Segovia en 1969, donde Suárez era gobernador civil. Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras. Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero afirmó de su socio: “En cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán”. En estas peculiares circunstancias sin la exigencia democrática de luz y taquígrafos, avanzó el proyecto constitucional.

Estas maniobras indignaban a AP. Silva y Fernández de la Mora amenazaron con dejar la Comisión, y finalmente AP se retiró, el 24 de mayo, y también la abandonó el PNV. Esta vez la retirada preocupó menos a los demás, y tuvo poca repercusión. A los cinco días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la Comisión, condicionada a la discusión artículo por artículo “con luz y taquígrafos”. Condición que no se cumpliría, pues, reconoce el mismo Fraga, siguió actuando el “consejo gastronómico” de Abril y Guerra solo “de modo menos indiscreto”. AP había logrado en la Ponencia facilitar los referendums y otras formas de democracia más o menos directa, pero la Comisión echó abajo tales iniciativas, tomando una orientación más resueltamente partitocrática.

En los partidos continuaba la dinámica anterior. Abril Martorell trataba de meter en cintura a los “barones”. Aunque la ejecutiva dimitió para facilitar la reorganización del partido, la mayoría se había apuntado a UCD por sus ventajas prácticas, pero no respetaban excesivamente a Suárez, ni Abril tenía autoridad bastante para imponerse. El partido, mezcla de democristianos, socialdemócratas y azules, estos jugando a un mayor izquierdismo, carecía de ideología coherente, si bien el poder y sus expectativas atenuaban las diferencias.

AP, falto de poder, sufría más duramente las tensiones centrífugas, aumentadas por el centrismo de un Fraga ansioso de ganar imagen “tolerante”, por más que la izquierda y UCD mostrasen poca tolerancia hacia su partido. Silva, Fernández de la Mora y otros exteriorizaban su descontento, y AP amenazaba disolverse en taifas.

Areilza volvió a la política fundando el partido “Acción Ciudadana Liberal”, que no llegaría a alzar el vuelo. Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser contestados con violencias. El Partido Liberal celebró su II Congreso sin pena ni gloria.

En el PCE también se agravaban los problemas. En su IX Congreso, realizado en abril, Carrillo impuso la supresión del término “leninismo”, quedando solo en “marxista”. El cambio, aunque doctrinalmente significaba muy poco, constituía una mutilación en el orden psicológico e identitario. La expresión “marxista-leninista” la había adoptado Stalin y la adoptaban también los grupos maoístas. La medida provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones, siendo las secciones catalana y asturiana las más reacias al abandono. Pero Carrillo estaba convencido de la necesidad del cambio para conseguir votos. Estos aumentarían poco, lo que profundizaría la crisis del partido.

Mucho mejor le iba al PSOE, cuyos políticos estaban más que satisfechos con los cargos logrados en las elecciones pasadas y las expectativas de controlar pronto el poder en el conjunto de España. En abril recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, cuyos atribulados dirigentes prefirieron evitar una posible “travesía del desierto” y se sumaron a sus anteriores rivales. La fiesta del 1 de mayo fue unitaria de los sindicatos y partidos de izquierda, con profusión de banderas rojas, también republicanas, puños en alto y tono muy marxistizado. Pero a los pocos días González habló de abandonar el marxismo, levantando una polvareda, y Guerra aclaró que el PSOE seguía plenamente marxista.

Pujol, en Cataluña, resentía la moderación y el prestigio de Tarradellas. Este expondría una orientación, muy irritante para Pujol: “No creo en lo que llaman países catalanes”, “Tenemos la obligación de hacer de España un gran país”, “Mi patria es España”. No solo trataba de calmar los extremismos en Cataluña, sino de convencer a Ajuriaguerra de participar en las tareas constitucionales. El PNV exigía la inclusión de Navarra en lo que llamaba Euskadi, y el PSOE estaba de acuerdo, contra la voluntad de la mayoría de los navarros. Algunos sectores socialistas navarros, encabezados por Víctor Manuel Arbeloa harían volverse atrás al PSOE. Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña. El catalanista Roca hablaba de España como “nación de naciones”, un contrasentido lógico, jurídico y político: una nación de naciones solo puede ser un imperio.

Se aprobaron preautonomías en Castilla-León, Extremadura y Baleares, el PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo, así como Aragón y Valencia. En esta, importantes manifestaciones públicas rechazaban la catalanización. El intento de crear un nacionalismo castellano reunió en Villalar, sitio de la derrota comunera 457 años antes, a unas 15.000 personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD --cuyo representante fue abucheado (“¡menos burguesía, más autonomía!”)--. Fue sustituida la bandera del ayuntamiento por otra “republicana”. Un grupo de AP con banderas nacionales fue recibido al grito de “Vosotros, fascistas, sois los terroristas”, agredido físicamente y quemadas las banderas. Hubo 17 heridos, algunos niños.

También en abril, Antonio Cubillo sobrevivió en Argel a un atentado que le dejó secuelas. Tras el intento parece haber estado el gobierno español, preocupado por las acciones terroristas del MPAIAC y por su constante agitación internacional, instigando a la OUA (Organización para la Unidad Africana) a “descolonizar” las islas Canarias”, y tratando de llegar a la ONU, con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina. Argelia aspiraba a controlar también el Sahara ex español a través del Frente POLISARIO, que mantenía una guerra con Marruecos. (El atentado marcó el declive del MPAIAC. Cubillo sería indemnizado en 2003 con 150.000 euros (24 millones de pesetas) por orden de la Audiencia Nacional española)

Continuaban los disturbios de presos comunes, con autolesiones. En aquel segundo trimestre, el terrorismo nacionalista vasco asesinó a ocho personas, entre ellas un niño. El caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio, un intermediario en negociaciones del gobierno (Martín Villa) con la ETA. Portell había escrito libros más bien favorables a la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo mataron. La ETA iba logrando tal poder intimidatorio que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento vizcaíno en pleno, reseña Fraga.


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