viernes 27 de agosto de 2010
¿Que no queréis un Consejo? Pues ahí van otros 17
Roberto Blanco Valdés La Voz 25 Agosto 2010
La decisión de Zapatero de rescatar las previsiones del Estatuto catalán sobre descentralización del gobierno judicial declaradas por el TCE inconstitucionales supone -tal y como aquí traté de explicar hace tres días- un fraude de Constitución monumental. Tanto, que el término rescate está sin duda empleado en este caso con toda propiedad, porque así se llama lo que se paga en caso de un secuestro; y un auténtico secuestro es lo que sufre la voluntad del presidente del Gobierno a manos del socialismo y el nacionalismo catalán.
Pero tal decisión constituye, además, un disparate político absoluto, pues la creación de consejos judiciales autonómicos multiplicará por 17 la existencia de un órgano (el Consejo General del Poder Judicial) que ha sido, desde el momento de su creación en cumplimiento de lo previsto en la Constitución, una desgracia para el adecuado gobierno de un poder tan importante como lo es el judicial.
A este respecto existe en España un amplio consenso entre juristas y políticos, aunque, como ocurre en muchos casos, una especie de ley de silencio haga que casi nadie diga lo que piensa: el CGPJ es un órgano, de funesta historia y desastroso rendimiento institucional, que ha contribuido directamente a politizar nuestra justicia, al someter su órgano de gobierno (que, entre otras cosas, decide sobre ascensos y nombramientos) a las instrucciones políticas de los partidos que proponen la designación de sus veinte consejeros.
No es difícil imaginar qué sucederá en España cuando la política clientelar que han practicado desde hace treinta años los partidos en la elección de los miembros del Consejo se aplique en espacios territoriales reducidos, donde el dominio partidista lo es, en muchas ocasiones, solo de personas o camarillas agrupadas en torno a una u otra sigla. Será el acabose y la politización del poder judicial, nacida de su forma de gobierno, se multiplicará hasta el infinito.
De hecho, la decisión de Zapatero de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará inevitablemente que el sistema de consejos autonómicos se generalice en toda España, lo que aumentará de nuevo no solo el coste de nuestro Estado autonómico (ya en gran medida insoportable) sino también la complejidad de un sistema político que acabará por ser ingobernable.
Que todo esto no le preocupe al presidente del Gobierno -que deja tras de sí un destrozo institucional sin precedentes- no será motivo de sorpresa para nadie: es la marca de la casa. Pero que no le preocupe al PSOE, que algún día tendrá que presentarse ante la opinión pública libre de la sombra de un político frívolo y egoísta que ha logrado casi devastar un partido centenario, resulta sencillamente incomprensible.
http://www.libertadidioma.com/20100825.htm
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