Luis Miguez Macho, La hora de los tramposos

lunes 30 de agosto de 2010

La hora de los tramposos

Luis Míguez Macho (Elsemanaldigital.com)

E N un Estado de Derecho occidental desarrollado no se debe despreciar la fuerza de una sentencia judicial. Así se desmontó el sistema de segregación racial en EEUU, así cayó Batasuna.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña los problemas a que da lugar esta controvertida norma no sólo no han terminado, sino que no han hecho más que empezar: los intentos de "rescatarla" por parte del Gobierno y su desarrollo por las instituciones catalanas generarán continuos conflictos políticos y jurídicos que marcarán el final de la legislatura.

Hay que saber perder

El anuncio por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que "rescatará" algunas partes del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña declaradas inconstitucionales por la vía de asumirlas a través de la legislación estatal (en particular, lo relativo a la descentralización del Poder Judicial) amenaza con provocar una grave crisis institucional y política a la vuelta de vacaciones. La opinión pública no alcanza a entender cómo es posible que el Ejecutivo, por meros intereses electoralistas, pretenda llevar a cabo algo que todo el mundo interpreta como el burdo intento de burlar una sentencia del Tribunal Constitucional.

Casualmente, el ministro implicado de manera más directa en esta operación, Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, fue también el muñidor del "arreglo" final del nuevo Estatuto catalán y el máximo defensor de la plena y perfecta constitucionalidad de la norma. Todavía no se le ha escuchado pedir disculpas o dar explicaciones públicas sobre la sentencia que ha anulado o sometido a interpretación cerca de cien artículos del Estatuto.

Hay que saber perder. El nuevo Estatuto ha sido un fiasco, como lo fue en la anterior legislatura la negociación política con la banda terrorista ETA. Pero, igual que el Gobierno no ceja en sus maniobras alrededor de los terroristas, sólo que más discretamente que hace cuatro años, tampoco parece dispuesto a reconocer y asumir el desastre (más que anunciado) que ha supuesto el seguir de forma ciega la senda marcada por la oligarquía política catalana.

La cuestión del Poder Judicial ejemplifica muy bien todo esto. Los constituyentes no quisieron descentralizar el Poder Judicial, a diferencia de los otros dos poderes del Estado. Ésta es justamente una de las grandes diferencias entre nuestro Estatuto autonómico y los Estados federales. Si los nacionalistas catalanes quiere enmendar esto, que propongan una reforma de la Constitución; lo demás es trampa y fraude constitucional.

Pero, como ya he dicho en más ocasiones, no lo harán. Tendrían entonces que explicar de manera pública y abierta para qué quieren descentralizar el Poder Judicial: para controlarlo políticamente, y tener así no sólo editoriales unitarios en medios de comunicación monocordes, sino también sentencias unitarias en tribunales serviles.

No hay que olvidar que sin control del poder por la opinión pública a través de medios de comunicación críticos ni Justicia independiente no hay Estado democrático de Derecho digno de tal nombre, aunque se vote cada cuatro años. Lo primero ya falta en Cataluña, como en otras Comunidades autónomas; figurémonos lo que ocurriría si desapareciese también lo segundo.

Recursos de inconstitucionalidad en cascada

En último término, si el Gobierno llevase a término sus propósitos, en medio de una previsible marejada política y judicial, el asunto volvería al Tribunal Constitucional, porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobase en la Cortes sería indudablemente objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del PP. Pero es que ése es igualmente el destino de cada una de las leyes que se aprueben a partir de ahora en desarrollo del nuevo Estatuto catalán, sea por la Cortes Generales o sea por el Parlamento de Cataluña.

La primera ha sido la Ley de Acogida e Integración de Inmigrantes, impugnada por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, por contradecir la doctrina que sienta la sentencia del Estatuto sobre la inconstitucionalidad de que el catalán se considere lengua oficial "preferente". A continuación le seguirá el nuevo Código de Consumo catalán, que consagra las vergonzosas multas lingüísticas a los comerciantes.

La reacción de los nacionalistas catalanes ha sido sencillamente enloquecida, y sólo el que estemos en el mes de agosto ha permitido cubrir con un manto de olvido la gravedad de determinadas declaraciones, entre las que destacan las de un tal Josep Huguet, conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat. Si es intolerable que el titular de un cargo público lance improperios contra una institución del Estado como es el Defensor del Pueblo, todavía lo es más el que anime a la "insumisión" contra las sentencias del Tribunal Constitucional.

Por lo demás, da igual lo que digan. Aunque la anulación de los artículos del nuevo Estatuto relativos al Poder Judicial se puede intentar trampear, la doctrina de la sentencia sobre la cuestión lingüística es insoslayable y tendrá importantes consecuencias si se aplica de modo consecuente a través de nuevos fallos judiciales, del Tribunal Constitucional o de los tribunales ordinarios, a supuestos concretos: la acogida de los inmigrantes, la actividad empresarial privada, la enseñanza, la atención a los administrados.

En un Estado de Derecho occidental desarrollado no se debe despreciar la fuerza de una sentencia judicial. Así se desmontó el sistema de segregación racial en los Estados Unidos, así cayó Batasuna en nuestro propio país, así tendría que terminar también el régimen de discriminación e imposición lingüística implantado en algunas Comunidades autónomas.

Nada de esto tiene que ver con una inexistente "recentralización" del Estado, aunque la misma, obviamente, se podría plantear, y con la misma legitimidad que nadie les niega a los nacionalistas cuando formulan sus propuestas disgregadoras. Sólo tiene que ver con el respeto a la Constitución, al Estado del Derecho y a las libertades individuales.


http://www.vistazoalaprensa.com/contraportada.asp?Id=2494