Consecuencia anunciada

viernes 1 de diciembre de 2006
Consecuencia anunciada

La detención en el sureste de Francia de tres presuntos terroristas de ETA forma parte de las «consecuencias» que el presidente del Gobierno anunció tras el robo de 350 pistolas y revólveres en un depósito de armas cercano a Nîmes. Pero sobre todo demuestra la determinación del Estado de Derecho a la hora de ejercer todas las facultades que legítimamente le corresponden en la lucha contra un terrorismo que se resiste a desaparecer. A nadie debe extrañar -mucho menos a quienes aún no han manifestado una clara voluntad de poner fin a la violencia- que la judicatura, las fuerzas policiales y la colaboración internacional prevengan la comisión de delitos mediante la detención de eventuales delincuentes y persigan a los reclamados por la Justicia. Lo sorprendente sería que el Estado de Derecho se mantuviera inactivo por temor a que el incierto proceso abierto pudiera verse perturbado, mientras quienes declararon un «alto el fuego permanente» continúan extorsionando, rearmándose y promoviendo la violencia callejera. Las detenciones de anteayer, además de su importancia operativa para el debilitamiento de ETA, contienen un doble mensaje. En primer lugar, dirigido a la ciudadanía, que en estos momentos necesitaba comprobar que no se encuentra desamparada y que, pese a los temores a que ha podido verse inducida desde los más diversos sectores, el Estado de Derecho, en sus diversas vertientes políticas, judiciales y policiales, no está en suspenso. En segundo lugar para los terroristas que, con este tipo de detenciones y con las actuaciones judiciales en curso, han de entender que, si persisten en su actividad, no les espera otro destino que ser llevados ante los tribunales.El argumento de que estas actuaciones del Estado de Derecho pueden obstaculizar el camino hacia el final de la violencia sólo puede partir de la ignorancia, del entreguismo o de una actitud comprensiva respecto al inmovilismo etarra. Muy al contrario, las últimas detenciones ponen el llamado 'proceso' en el lugar que le corresponde en democracia, subrayando que las instituciones del Estado no van a dejarse chantajear ni por la actividad que continúa desplegando ETA ni por la amenaza de que vuelva a atentar. Pero resultaría pernicioso que la acción judicial y la policial fueran percibidas como un recurso al servicio de una determinada estrategia gubernamental. Como si se activaran con la finalidad de replicar puntualmente a la actuación etarra y se inhibieran en los momentos de mayor calma. El Estado de Derecho no es una trama instrumental que pueda operar a conveniencia, sino el conjunto de leyes positivas, poderes públicos y sistemas de seguridad que han de mostrarse vigentes sin intermitencia alguna. Es ésta una concepción que no puede soslayarse sin pervertir el sentido último del sistema de derechos, deberes y garantías del que nos hemos dotado. Este mensaje, que las detenciones de anteayer contribuyen a reforzar, resultaría más efectivo aún si, en vez de ser defendido en voz baja por el PSOE o de ser empleado en las acusaciones de rendición que viene formulando el PP, se reiterara, alto y claro, con el respaldo unánime de todas las fuerzas democráticas del país