viernes, agosto 13, 2010

Ismael Medina, Cuando es legitimo rebelarse contra la tirania

viernes 13 de agosto de 2010

Cuando es legítimo rebelarse contra la tiranía

Ismael Medina

I GNACIO SÁNCHEZ CAMACHO, catedrático de Filosofía del Derecho, publicó un esclarecedor artículo sobre el tema candente de la legitimidad (“Concordia y legitimidad”, ABC, 05.08.2010). Lo que tiene de novedad este artículo no reside en su confirmación del encadenamiento de ilegitimidades que acumuló la izquierda, en particular el partido socialista, sino en una denuncia a contrapelo de lo “políticamente correcto” para la generalidad de los partidos, columnistas y contertulios mediáticos y los agitadores de la llamada “memoria histórica” rodriguezca.

Abordé el tema en algunas de mis crónicas. Me sirvieron de apoyo historiadores solventes, las memorias de políticos de aquel tiempo, incluso de filiación izquierdista, los escritos de intelectuales que tanto contribuyeron al la caída de la monarquía y a la instauración de la II Republica, así como los periódicos de entonces.
La izquierda española, ratifica Sánchez Camacho, encadenó sólidos factores de ilegitimidad a lomos del caballo desbocado de la revolución como medio para apoderarse del poder del Estado, en similares términos de violencia y subversión a como sucedió en Rusia.

UNA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA AHÍTA DE ILEGITIMIDAD

ES de sobra conocido que la II República advino mediante un golpe revolucionario, ya que en el conjunto nacional ganaron las candidaturas monárquicas. Se remedió el principio de ilegitimidad mediante la convocatoria de elecciones constituyentes, de las que resultó la promulgación de la Constitución de 1931, muy influida por las directrices que marcó el Gran Oriente de España: radicalismo laicista, erradicación de la Iglesia católica, inserción de los secesionismos y otros excesos de inequívoco arraigo revolucionario.

El revés de las elecciones de 1933, ganadas por la CEDA, excitaron aún más el ansia de asunción del poder mediante la violencia, la cual se consumó con la fallida revolución de octubre de 1934. La revancha de la derrota le llegó en las elecciones de febrero de 1936, precedida por virulentas huelgas y multitud de asesinatos, tantos de ellos cometidos por las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, las cuales Santiago Carrillo llevaría a la disciplina del PCE, la primera de sus múltiples traiciones. El Frente Popular ganó unas elecciones fraudulentas durante las cuales muchas actas se falsearon a punta de pistola o se falsificaron a posteriori sin la presencia de los interventores de los restantes partidos. Un nuevo golpe de Estado revolucionario que acabó definitivamente con cualquier asomo de legitimidad de la II República. Y aunque a efectos oficiales, sobre todo de cara al exterior, perviviera la II República en los membretes de los papeles oficiales y de la titulación del gobierno, era lo cierto que había nacido la III República o República Popular.

No es lo más sustancioso del artículo del catedrático Sánchez Camacho el recordatorio de lo acaecido hasta 1936. Le sirve de apoyatura para afirmar que la izquierda, y en particular el partido socialista, nunca renunció a su vocación revolucionaria de asalto al poder y su utilización totalitaria. Y para sugerir que, sobre todo bajo los gobiernos de Rodríguez, se han encadenado factores inequívocos de ilegitimidad.

Sánchez Camacho tropieza, sin embargo, con el problema de ilegitimidad manifiesta del actual sistema de democracia partitocrática que ya otro catedrático de Filosofía del Derecho, y muy eminente, Galán y Gutiérrez, denunciara con muy sólidos artículos en “El Alcázar” cuando sucesivas vulneraciones de legitimidad se registraban en el tránsito desde el Estado Nacional a la monarquía parlamentaria de partidos. Elude Sánchez Camacho, por ejemplo, que, como es preceptivo en Derecho Constitucional y en Derecho Político, la Constitución de 1978 no fue redactada ni promulgada por unas Cortes Generales elegidas con carácter constituyente. Lo que, además de otros enjuagues previos que desvirtuaban la Ley de Reforma Política, aprobada en referéndum, aquejaban al sistema y a la Constitución de ilegitimidad de origen.

TAMBIÉN HA SIDO VIOLADA LA CONCORDIA COMO POSIBLE SUSTENTO DE LEGITIMIDAD

BUSCA Sánchez Camacho una coartada para salvar los escollos de una inequívoca ilegitimidad de origen. Atribuye la legitimidad del sistema a la concordia que prevaleció entre los nuevos partidos para superar los rescoldos y resentimientos de la guerra civil, así como los generados por el franquismo.

Me he esforzado por encontrar un antecedente que justifique la apelación a la concordia como fundamento de legitimidad. Lo hallé en Mills, defensor de la necesidad del consenso, del que extraigo una advertencia relacionada con la ilegitimidad. Sostenía Mills que si un gobierno no es o se siente responsable ante sus gobernados de los actos que les afectan cae en la más absoluta inmoralidad. Confieso mi escasa dotación en la materia frente a un catedrático de Filosofía del Derecho. Y es posible que mis textos y sus autores estén desfasados. No me cabe duda en cualquier caso que la figura de la concordia esgrimida por Sánchez Cámara se corresponda con la anotada de Mills.

Pero resulta que si la ley de amnistía podía tomarse como una voluntad de concordia, aunque en realidad obedeciera a motivaciones menos claras, la Constitución de 1978 llevaba en sus entrañas la discordia territorial y política con la introducción espuria del término “nacionalidades”, tomado del constitucionalismo soviético y obra de Rodríguez y Herrero de Miñón, personaje siempre disolvente y ligado a la Trilateral y por ende al NOM. No habría prosperado tan disparatada y perturbadora iniciativa sin el consentimiento consciente de una parte decisoria de quienes en el sodalicio parlamentario y en mesas de restaurante pactaban textos del articulado con pruritos ideológicos, de partido o de secta, igual que si cambiaran estampitas. Me refiero obviamente a la filiación masónica de algunos muñidores constitucionales. El monarca callaba y consentía mientras tanto. Borboneaba, fiel a su estirpe.

El nefasto Titulo VIII de la Constitución respondió a la necesidad de justificar y enmascarar el reconocimiento previo de la pretendida singularidad histórica que la República había otorgado a los nacionalismos catalán y vascongado. Café para todos, se dijo entonces en seguimiento de Adolfo Suárez. Pero extra para los secesionismos y aguado e incluso de achicoria para otros. El Estado de las Autonomías, junto a al término “nacionalidades”, dejaba abiertos postigos para que pudiera llegarse un día al federalismo ansiado por el partidos socialista desde su origen o a una suerte difusa de confederalismo. La posterior ley electoral que privilegiaba a las minorías secesionistas y al PCE tampoco puede atribuirse a una falta de visión política de quienes la amasaron. Fue una lógica consecuencia de la envenenada estrategia dispersiva que prevaleció en el diseño del Título VIII y en las transitorias y adicionales relacionadas con el mismo. Quedaron sentadas las bases para la discordia territorial a la que ni Adolfo Suárez ni Felipe González fueron ajenos y que Rodríguez ha conducido a extremos inauditos y esquizofrénicos. Y sin que al monarca parezca haberle perturbado.

Resulta llamativo que el proceso anteriormente descrito se adelantara al anuncio por Rockefeller en 1996 de la estrategia del NOM para la destrucción de los Estados-Nación. Pero no encierra secreto alguno. Se trata de un objetivo perseguido por la Orden de los Iluminados desde su mismo origen y del que España se convirtió en víctima preferente. Aunque haya escrito en alguna ocasión sobre el tema, debo recordar que ya en el siglo XIX circuló un mapa sionista de Europa en que se anticipaban esos mismos secesionismos con Estados propios que durante el siglo XX han adquirido rudos perfiles reivindicativos y ya consumados en los Balcanes.

Ocurría en lo que respecta a España que el iluminismo había fracasado una y otra vez en sus intentos de destruir la cohesión nacional en torno a la religión católica valiéndose en principio de liberalistas y progresistas y del partido socialista desde su creación por Pablo Iglesias en clave marxista. Conviene repasar nuestra torturada historia de los dos últimos siglos. El último intento se concretó en el asalto revolucionario al poder del Frente Popular, frustrado por la reacción nacional a cuyo frente estuvo Franco. La ocasión para la revancha llegaría con la muerte de éste. Nada se entenderá de lo acaecido desde entonces sin la subordinación al NOM de los principales responsables del dislate.

Consumada por Rodríguez la aniquilación de las expectativas de concordia y reiteradamente violada la Constitución a lo largo de su vigencia, reconoce Sánchez Cámara la desaparición de este asidero de legitimidad. Y denuncia la acumulación de ilegitimaciones de ejercicio, especialmente desde que Rodríguez accedió al poder “por accidente”.

ENCADENAMIENTO DE GOLPES DE ESTADO E ILEGITIMIDAD DE EJERCICIO

HACE aproximadamente un año que publiqué unas crónicas dedicadas a enumerar los numerosos autogolpes de Estado que se habían registrado desde el inicial de vulneración del mandato implícito y expreso de la ley de Reforma Política. Bajo los gobiernos de Suárez y González se registraron un buen número de ellos. Y lo fue sin duda alguna el sórdido aprovechamiento de la matanza de los trenes de Atocha por las huestes de Pérez Rubalcaba para dar la vuelta a las previsiones de los resultados electorales y aposentar a Rodríguez en la Moncloa, según convenía a la estrategia del NOM. Ni la prologada indagatoria judicial del magistrado del Olmo ni la sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional lograron delimitar de manera fehaciente quienes fueron los autores materiales de los atentados. Y aún menos quienes los diseñaron e indujeron. Una nebulosa que justifica las presunciones aventadas desde diversas plataformas de que con ellos se perseguía lo que finalmente resultó: la derrota electoral del sucesor designado por Aznar y el triunfo imprevisto de Rodríguez, quien ya se había ocupado de perfilar su figura política como un radical anti Bush.

Rodríguez ha roto en múltiples frentes la legitimidad de ejercicio y no pocas de sus acciones de calculados recortes a la soberanía estatal y a la unidad de España configuran indudables autogolpes de Estado. Una escalada disolvente que culminó con la promoción del Estatuto de Cataluña, el consentimiento de las situaciones secesionistas de hecho a que se dio el tripartito de la Generalidad y el anuncio reiterado de que, mediante decretos ley, se pasará por el arco de triunfo aquellos contenidos de la sentencia del Tribunal Constitucional que contradicen al secesionismo catalanista, encabezado por el PSC. Por muy corto de alcances que sea, y lo es, tales disparates no puede justificarse en su tontuna, reconocida internacionalmente, ni en su ansia de permanencia en el poder, aún a costa de vender la soberanía del Estado a trozos o reincidir en la claudicación ante el terrorismo para comprar los votos parlamentarios de los secesionistas vascongados. Aunque con la tosquedad que le es característica, pone en practica el guión establecido por el NOM. También en lo relativo al acogotamiento de la religión católica, a la legalización del genocidio abortivo, a la perversión moral de niños y jóvenes mediante la obligatoriedad de la Educación para la Ciudadanía o sistemáticos recortes de la libertad mediante una cascada de absurdas normas prohibicionistas. Y todo ello a despecho, asimismo, de preceptos constitucionales.

Asistimos a un proceso revolucionario similar al protagonizado por la izquierda durante la II República, salvo en sus exteriorizaciones violentas. La actual es insidiosa. La inseguridad pública derivada de la violencia está favorecida desde el poder del Estado al socaire del permisivismo del Código Penal del socialista Belloch, de un régimen penitenciario falsamente buenista o de la colisión provocada entre grupos sociales, alumnos y enseñantes, padres e hijos y en cualesquiera espacios en que la convivencia y el respeto mutuo son garantía de estabilidad social. No cabe otra explicación al crecimiento desmesurado de las más variadas formas de delincuencia individual u organizada. El miedo atenaza a la sociedad. Y una sociedad anegada por el miedo y ayuna de valores morales se convierte en sujeto pasivo y esclavizado de gobiernos revolucionarios e ilegítimos. Lo conocen bien quienes desde la sombra encaminan los pasos de Rodríguez hacia la destrucción de España.

No hay acuerdo entre los tratadistas sobre las condiciones que deben darse para la existencia de la legitimidad de origen. Desaparecida la legitimidad sacra de las monarquías y convertidas en parlamentarias, la única legitimidad radicaría en el sistema democrático y sus fundamentos esenciales anclarían en el consenso derivado de elecciones libres y la fidelidad a la ley constitucional. Pero tampoco en este ámbito hay acuerdo. Max Weber, por ejemplo, consideraba ilegítimo el parlamentarismo de la República de Weimar y abogaba por la legitimidad plebiscitaria.

La realidad histórica nos sitúa ante la evidencia de que todos los Estados modernos de uno u otro signo nacieron de guerras civiles, revoluciones y golpes de Estado. E incluso la paradoja de que alguno, como el III Reich, fue la consecuencia de unas elecciones, o consenso popular, que luego aceptó su transformación en Estado totalitario. Sise aplicara a Hitler la teoría del consenso como fuente de legitimidad, no cabe duda de que la tuvo.

DE LA ILEGITIMIDAD DE ORIGEN Y DEL NEFASTO ROUSSEAU

LA ilegitimidad de origen que aqueja a la mayoría de los Estados modernos sería eludida mediante el reconocimiento internacional por los otros Estados de su tiempo, democráticos o no. La doctrina jurídica fue orillada .Prevalecieron intereses de otra naturaleza. Recientemente hemos asistido a la paradoja de la condena de la democracia hondureña al calificar del golpe de Estado lo que en realidad fue una correcta aplicación de los preceptos constitucionales. La mayoría de los gobiernos lo reconocieron tardíamente, una vez celebradas las elecciones libres conforme a lo establecido por la ley constitucional. Todos menos el español, todavía renuente a admitirlo. El gobierno de Rodríguez, quien no en vano se declaró rojo sin que nadie se los pidiera, sólo considera afines a los de igual catadura izquierdista, como los de Castro, Chávez y satélites. Mientras lo rehuyen o lo orillan sus homólogos occidentales, se esponja en la Moncloa recibiendo en pocos días a cinco tiranos tercermundistas ahítos de sangre. Rodríguez sería capaz de abjurar del fantasma de su abuelo rojo y masón a cambio de una fotografía que apuntalara la ficción de gran político planetario que le acuñó la Pijín.

La democracia moderna en cualquiera de sus variantes, que son muchas, tiene múltiples padres. Juan Jacobo Rousseau fue uno de ellos, sobre todo tras la publicación de “El contrato social” y “Emilio”. Lo retrataba en pocas líneas Jon Juarista en un artículo titulado “Heterodoxias” (ABC, 04.96.2010), en el que relataba lo sucedido en un simposio celebrado en Vitoria en torno al nacionalismo vascongado.

“Al terminar el acto -escribe Juaristi-, alguien me reprocha que haya disentido tan abiertamente de Rousseau. ¿Rousseau?, replico: ¿ese hombre nefasto, ese maqueto?
¡Pero si es el padre mismo de la mentira, el inventor de la heterodoxia como último refugio de todos los parásitos! El gran descubrimiento de Rousseau fue cómo sacar los cuartos a la Academia de Dijon, un nido de progres disolutos, sosteniendo lo contrario de lo que prescribía el sentido común”.

Juaristi coincide setenta y siete años más tarde, incluso en el calificativo, con el arranque del discurso fundacional de Falange Española pronunciado por José Antonio Primo de Rivera en el acto celebrado en el teatro de la Comedia. Fue muy criticado a izquierda y derecha. También por unos y otros durante las últimas décadas. Bueno es que lo haga ahora un intelectual como Juaristi, vasco curado de sarpullidos nacionalistas, lejos de toda veleidad franquista o falangista, izquierdista desvinculado de los “políticamente correcto” y judío confeso, desconozco si por la vía de la sangre o de conversión. Conviene recordar a este propósito que en Vascongadas también existieron guetos judíos, que como ocurrió en el resto de España no faltaron los que no tomaron el camino del exilio y adoptaron apellidos en lengua vascona. Lo cierto es, y retorno a Rousseau, que fue tanto o más disoluto en su vida pública y privada que los progres de Dijon a los que sacaba el dinero, amén de cultivador de la mentira y la heterodoxia de la que tanto daño se derivaría para los pueblos hasta hoy. Y que el NOM ha llevado a una estrategia totalizadora de descomposición.

Puesto que Rodríguez está empecinado en hacernos retornar a la II y III Repúblicas y he citado a José Antonio Primo de Rivera no estaría demás que a tantas memorias de protagonistas de aquel periodo como se han publicado se añadiera la lectura de sus “Obras Completas” en la edición de Plataforma 2003, limpiada de versiones que no le correspondían y recrecidas con textos inéditos. Puede encontrarse en ellas una imagen real de aquel torturado periodo que intentó superar. También la confirmación de la acumulación de causas de ilegitimación por la izquierda a que antes me referí.

CUANDO ES LEGÍTIMO REBELARSE CONTRA LA TIRANÍA DISFRAZADA DE DEMOCRACIA

HA sorprendido a algunos que Felipe González, en un artículo al alimón con la antiespañola confesa Carmen Chacón, publicado en “El País”, rompa una lanza a favor del Estatuto catalán y de la concepción de España como “nación de naciones”. Olvidan los desconcertados que durante los sucesivos mandatos de Felipe González se sentaron las bases de descomposición institucional del Estado, de supuestos federalistas no siempre hábilmente enmascarados, de desmoralización social, de corrupción masiva desde el poder y de grandes servicios al poder bancario como lo fuera en realidad el expolio de Rumasa y las condiciones en que les traspasó su extensa red bancaria. Se precisan grandes dosis de cinismo, o de oscuros motivos de agradecimiento, para decir de Gonzlaez, como hace una y otra vez Luís María Ansón, que ha sido el mejor estadista español del siglo XX. Fue en realidad el bautista de Rodríguez. Nada de insólito que se sume al todavía indefinido, indefinible y destructor confederalismo de Rodríguez. Y si llegó al poder mediante elecciones, fue merced a la previa voladura interna de UCD, al autogolpe de Estado inherente a la acción institucional de del 23 de febrero de 1981y al favor del monarca. No es la primera vez que lo escribo. Pero conviene recordarlo.

La acumulación de causas de ilegitimidad por Rodríguez conduce a plantearse la cuestión de muy amplia bibliografía de si es legítima la insurrección contra la tiranía, sea del signo que sea. Sostenía el Padre Juan de Mariana en “De rebus et regis institucionae” que el rey se convierte en tirano cuando gobierna injustamente y que la insurrección no sólo es lícita, sino también legítima. Tesis que sería compartida por muchos tratadistas en siglos posteriores.

También sobre el concepto de tiranía, que algunos identifican con despotismo, existe abundante literatura. No es el momento de entrar a fondo en lo que escribieron reputados tratadistas, como Tocqueville4, Montesquieau, Duverger o nuestro Donoso Cortés, entre otros. Desde un punto científico se considera tiránico el ejercicio del poder arbitrario, despótico y contrario a Derecho y a las normas constitucionales, aunque formalmente sea democrático.

Sin entrar en más detalles es suficiente la esquemática referencia anterior para sostener que la izquierda fue tiránica, en ocasiones hasta grado extremo. Y que Rodríguez y su cohorte de advenedizos ejercen el poder en los términos recogidos en el párrafo anterior, además de violar ese último recurso de concordia a que alude Sánchez Cámara.

La conclusión es obvia ateniéndonos al concepto de tiranía y a la legitimidad de rebelarse contra el tirano: hay que aceptar la realidad incuestionable de que Rodríguez practica una forma de tiranía en apariencia democrática que lo ilegitima. Y que sería justo y legítimo que la sociedad se rebelara, al tiempo que contra la tiranía del NOM a la que sirve.

http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?id=5807

1 comentario:

Anónimo dijo...

En derecho es elemental que la legitimidad de los poderes políticos es doble: de origen y de ejercicio. Por su nefasto ejercicio la República era ilegítima. Sólo parece que Ismael Medina lo sabe y dice.¡Gracias!