Zarzalejos, Carpetazo al "proceso"

domingo 3 de diciembre de 2006
Carpetazo al «proceso»
POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
LA insistencia del Gobierno sobre la significación de la detención de seis terroristas en Francia en el sentido de que sería la «consecuencia» que advirtió Rodríguez Zapatero después del robo de un arsenal de armas -el peor golpe al llamado proceso de paz-demuestra que el Ejecutivo tiene un grave problema de opinión pública sobre el contenido y alcance de su iniciativa de interlocución con ETA. Las encuestas desfavorables -con lo que tienen de medición coyuntural-y la dimensión de la última manifestación convocada por las asociaciones de víctimas del terrorismo -mayor de la que se sospechaba en el Ejecutivo-, acreditarían que desde Moncloa se está gestionando de manera muy deficiente la sensibilidad popular en este delicado asunto.
La banda terrorista es grafómana -sus miembros escriben todo lo que hacen, todo lo que hablan y todo lo que piensan y a, veces, les da por publicarlo- y exhibicionista, y por lo tanto, le gusta poner megafonía a los pasos -reales o supuestos- que se han producido en sus conversaciones con los enlaces del Gobierno. La apelación a que el Ejecutivo cumpla con las garantías que ha prestado a la banda -y que ésta reclama a través de sus comunicados o mediante los ventrílocuos de la ilegal Batasuna- ofrecen la sensación de que el denominado proceso ha avanzado de tal manera que Rodríguez Zapatero se encuentra tan concernido en esa iniciativa que ha quedado apresado en ella. Enfatizar la detención de los seis etarras en Francia supone para el Gobierno -además de una forma muy explícita de expresarle a ETA la inviabilidad de su apalancamiento en reivindicaciones inasumibles- una auténtica descompresión que alivia el peso que esta malhadada cuestión descarga sobre el Gabinete.
El llamado proceso de paz se ha convertido para Rodríguez Zapatero y su equipo en un asunto inmanejable ante la opinión pública tanto por el planteamiento erróneo del mismo -se ha ofrecido a ETA una expectativa cierta de negociación política- como por la incontinencia verbal y el descaro y la altivez -tan brutal- de la banda terrorista. La blandura semántica del presidente, lejos de tranquilizar a la ciudadanía -incurre en tópicos, buenismos y lugares comunes- desazona aún más e incrementa la desconfianza -ahora ya generalizada-acerca del buen fin de esta iniciativa tan innecesaria, arriesgada y tan discutible desde el punto de vista ético y cívico, al menos tal y como está planteada.
Los problemas de opinión pública se entrecruzan con el desistimiento del núcleo duro mediático de la intelectualidad -la que crea criterios públicos en los periódicos-que no respalda el llamado proceso de paz. En este sentido, el documento presentado por la Fundación para la Libertad -presidida por Nicolás Redondo Terreros-y elaborado por Roberto Blanco L. Valdés, Javier Corcuera y Carlos Martínez Gorriarán -tres primeros espadas universitarios no precisamente adscritos ideológicamente a la derecha- es demoledor. Cuando estos profesores califican la traída y llevada mesa extraparlamentaria de partidos políticos vascos -con Batasuna incluida- como «vieja, inútil, innecesaria y antidemocrática», están sustanciando la opinión generalizada que suscribirían -y de hecho lo hacen con frecuencia- otros intelectuales como Edurne Uriarte, Jon Juaristi, Fernando Savater, Aurelio Arteta o Antonio Elorza, todos ellos de probada competencia en el conocimiento del manido «conflicto vasco».
Cuando el presidente se lanzó a esta operación -a partir de un mensaje de ETA recibido en el mes de mayo de 2004- le faltó manejar variables sustanciales, internas -el carácter ético y democrático de la iniciativa- y externas -la sensibilidad de la opinión pública y la reacción de la opinión publicada. En estas circunstancias, y desde un sector bien distinto al de la intelectualidad adscrita a la derecha liberal y a la izquierda no sectaria, acaba de emerger el criterio de la Conferencia Episcopal que -aunque con un giro muy evidente respecto de la Instrucción pastoral de 2002 sobre el terrorismo en lo referido a los nacionalismos- es meridianamente clara en su juicio sobre la negociación con los terroristas. Los obispos entienden que «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político. Los eventuales contactos -continúan los prelados- de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista, en nuestro caso, de ETA». Las declaraciones del arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián -que hoy recoge ABC en un entrevista llamada a tener un largo recorrido polémico- refuerzan argumentalmente una opinión de la Iglesia jerárquica que, en este punto, conecta con una percepción ética y cívica mayoritaria.
Puede que el «proceso» sea ahora mismo una entelequia porque, dadas las circunstancias, no encierra potencialidad alguna. Pero aún inerte como está, sigue teniendo para el Gobierno un efecto negativo y para ETA supone la posibilidad de un doble juego que le suministra protagonismo y liderazgo en la supuesta «izquierda radical abertzale». Lo peor de sostener este peso muerto del «proceso» sobre las espaldas nacionales no es, sin embargo, el deterioro gubernamental y el fortalecimiento de ETA y su entorno, sino el mantenimiento de la fractura social en la ciudadanía española. Maite Pagazaurtundúa (ABC 19/11/06) sostenía con la mayor sensatez que «no puede haber proceso sin el apoyo de la mitad de los españoles». Y en tanto se mantenga viva la iniciativa gubernamental, la división social enconará la situación y exigirá al Ejecutivo perpetrar errores como el vídeo sobre el comportamiento del Gabinete de Aznar en la tregua de 1998 o la sobreactuación política a propósito de las recientes detenciones de terroristas en Francia.
Llegar así a la conclusión de que el presidente debería declarar cancelado semejante proceso -en su actual planteamiento y configuración- resultaría la única manera consistente de recuperar un consenso básico -muy en la línea que ayer reclamó Mariano Rajoy- y de emitir el único mensaje que la banda entiende: el de la unidad democrática que le llevó entre 2001 y 2004 a la postración que, antes del encelamiento de Rodríguez Zapatero en alterar el curso natural de esta historia, podía calificarse como de estado agónico y, por lo tanto, de derrota casi definitiva. Cancelar el tal proceso con ETA, además, revertiría otras situaciones que ahora están en la precariedad: el sistema autonómico vasco; la fortísima tensión a la que están sometidos los tribunales de justicia; las distorsiones en el ministerio fiscal; la dosificación policial y, en último término, la extensión de un ambiente de excepcionalidad y provisionalidad de nuestro marco jurídico-constitucional que ya ha sufrido el embate del Estatuto catalán.
Darle carpetazo expreso a esta iniciativa de interlocución -viable sólo si media precio para obtener la paz- no sería una muestra de debilidad gubernamental sino de responsabilidad y, al final, incluso de perspicacia para su propio horizonte electoral, seriamente amenazado como bien dejó reflejada la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Rodríguez Zapatero puede permitirse determinadas extravagancias, pero ésta del «proceso de paz», incurre en una lenidad moral que no puede tolerarse en una democracia con una mínima autoestima.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
Director de ABC