LUIS POUSA
ANÁLISIS POLÍTICO
Un urbanismo que no degrade el territorio
El pasado 20 de noviembre, con motivo del XV aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidade de Santiago, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aprovechó su visita al centro, acompañado por la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón; el rector de la USC, Senén Barro, y el decano de Ciencias de la Información, Miguel Túñez, para referirse al papel de los periodistas como "intérpretes de la realidad" desde una "óptica galega".
Pero, además, el presidente invitó a los medios de comunicación a ofrecer la "imagen real" de Galicia, muy distinta a la de "un país de lluvia, pasividad y gentes resignadas", que a veces reflejan los "espejos deformantes".
A fin de cuentas, el cambio que propugna Touriño consiste precisamente en superar, de una vez por todas, esa imagen lacrimosa que en gran medida ya ha sido superada y, sin embargo, todavía sirve a los intereses de quienes doctrinariamente consideran que los gallegos son mayoritariamente refractarios a la modernización. Es decir, renuentes a considerarse sujetos activos de la modernización.
Abundando en esta idea, el día anterior, coincidiendo con la presentación de los candidatos socialistas a las alcaldías de las siete grandes ciudades gallega, el líder del PSdeG advirtió a sus correligionarios de que para cambiar Galicia es necesario descartar la idea "de la derecha" de que la degradación del territorio y el caos urbanístico es el "justiprecio a pagar por el desarrollo". Una "mentira" y una "falacia" que el Gobierno autonómico se apresta a combatir con medidas destinadas a preservar el territorio y garantizar un urbanismo al servicio de las personas y no al servicio de los especuladores, "como históricamente sucedió".
En esta ocasión Touriño tenía como escuchantes privilegiados a los alcaldes de Santiago, José Sánchez Bugallo; A Coruña, Javier Losada, y Lugo, José Clemente López Orozco, y a los cabezas de lista de Vigo, Abel Caballero; Ourense, Francisco Rodríguez; Ferrol, Vicente Irisarri, y Pontevedra, Teresa Casal. Pero el fondo del mensaje era el mismo: el cambio consiste en superar las inercias del pasado, en enfrentarse a la rutina y a la aceptación acrítica de las situaciones, en demostrar que es posible afrontar retos que otros consideran poco menos que imposibles.
Por lo tanto, la empresa del cambio requiere altas dosis de voluntad política y de ánimo. La cosa tiene mucha más enjundia de lo que, a primera vista, parece, pues las emociones, los estados de ánimo, "no son tan sólo esas manifestaciones espasmódicas de sensación o sentimiento que surgen como respuesta a los estímulos externos, sino el lecho rocoso sobre el cual se erige una gran parte, por no decir toda, de nuestra vida cultural y social", advierte Stuart Walton (Humanidad. Una historia de las emociones, 2005).
Más recientemente, el presidente por un lado y la consellería de Política Territorial, Mª. José Caride, por el otro, anunciaron la inminente presentación en el Parlamento del proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia que, de manera cautelar, impide nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros para aquellos municipios costeros que no adaptaron su planeamiento a la vigente Ley del Suelo. Un decisión previsible en vista de la parsimonia con la que la mayoría de los 83 ayuntamientos costeros llevan realizados sus respectivos Planes Generales de Ordenación Municipal, que deberían haber sido rematados antes del 1 de enero de 2006; estamos en diciembre.
Aún así, tanto la patronal gallega, por boca de Antonio Fontenla, como la Federación de Municipios, por boca de José Crespo, pusieron el grito en el cielo por no haber sido informados previamente de que la Xunta preparaba una Ley de Medidas Urgentes. Dando a entender, además, de que su contenido tendría que haber sido consensuado con ellos.
Sin embargo, es muy discutible que en determinados asuntos convenga que el Gobierno participe previamente de sus decisiones a los actores directamente implicados. Sobre todo cuando, como es el caso, la ley ha de pasar los correspondientes trámites parlamentarios, y existe un espacio de tiempo suficientemente amplio para que aquéllos sean informados, y sus puntos de vista puedan ser recogidos.
Esas reacciones iniciales desabridas, aunque luego suavizadas, de ambos interlocutores, no hacen justicia a la gravedad del problema que se cierne sobre el litoral gallego, y a la necesidad de poner en marcha mecanismos legales que eviten su transformación irreparable en un continuo urbano desde la desembocadura del Eo hasta la del Miño.
En lo que respecta a la oposición, las declaraciones de Pilar Rojo, manejando cifras que no se corresponden con la realidad, son desatinadas y alejan al ­PPdeG de aquellos planteamientos que propugnan una ordenación del litoral que ampare la consecución de los objetivos de conservación de sus ecosistemas y su medio ambiente como factores del desarrollo sostenible y de calidad de vida.

La construcción de una vivienda unifamiliar a pocos metros del mar Cantábrico en A Mariña da una idea bastante aproximada del deterioro que puede sufrir la costa gallega de no ponerse en marcha cuanto antes la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia.
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