Otegui tiene razon

lunes 23 de octubre de 2006
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
a bordo
Otegi tiene razón
Arnaldo Otegi expresa su desazón por la falta de rigor de la Justicia española. El desencanto otegiano se basa en la rebaja de su fianza, que se reduce en seiscientos mil euros. El batasuno no encuentra razones objetivas en el saldo, e insiste en que la medida sigue siendo injusta, discriminatoria y una prueba palmaria de la persecución que sufre la izquierda aberzale.
Tiene razón. Al menos una de las dos decisiones judiciales (la de imponer la fianza o la de abaratarla) ha sido arbitraria. Lo mismo podría decirse de la inesperada magnanimidad de la Fiscalía con De Juana Chaos, para el que ahora se solicitan noventa años de cárcel menos. Antes o ahora, se actúa con criterios poco objetivos. Montesquieu se habrá removido en su tumba al ver mancillada de nuevo su teoría de la división de poderes.
En el mundo de Otegi y De Juana, las ideas del escritor francés siempre se han considerado un mero disfraz que oculta la realidad de un Estado compacto, dirigido por poderes que no están divididos. La Justicia no sería más que una compañía de actores gesticulando y declamando bajo las órdenes de quienes permanecen tras el telón.
Para ellos, las sentencias no las dicta un poder independiente, sino que es un castigo impuesto por el Estado represor al que sólo ponen su firma los magistrado. En resumen, batasunos y etarras creen que un estado de Derecho no es diferente de la ETA que agrupa en sí misma el ejecutivo (en sentido estricto), el legislativo y el judicial. La banda terrorista promulga sus leyes, juzga, sentencia y mata, sin que haya apelaciones, controles o límites jurisdiccionales.
¿Por qué insisten tanto los etarras en destruir la fe en la independencia judicial? Porque es uno de los factores que demuestra la superioridad moral y política de sus adversarios. Hay otro empeño en el que invierten también sus mejores energías, que es el menosprecio de las instituciones representativas vigentes. De ahí que las mesas extraparlamentarias tengan un papel esencial en las reclamaciones aberzales.
A día de hoy no existen hechos que hagan dudar de que el Gobierno sigue fiel a sus compromisos de respetar el marco constitucional en sus negociaciones. Quienes aseguran que ya se ha concedido la autodeterminación, y que Navarra la tienen los etarras en el bolsillo, sólo pueden apoyarse en rumores que en ocasiones proceden, qué paradoja, de los medios batasunos.
En cambio, de las cesiones judiciales y fiscales sí que hay pruebas fehacientes. Son determinados jueces y ciertos representantes del Ministerio Público, los que de forma abierta abogan por adaptar la ley a unas circunstancias extralegales. No se habla de modificar las disposiciones que regulan las fianzas para, posteriormente, beneficiar a Otegi o el que sea, sino de retorcer las que ya existen, diciendo digo donde antes era Diego, o cincuenta mil, dónde antes eran seiscientos cincuenta mil euros.
Don Arnaldo dice que eso es injusto, y tiene razón, aunque se discrepe con él sobre si la injusticia estriba en hacerle pagar más o menos. No hay un criterio fijo. Peor aún: el cambio de criterio guarda relación con el ambiente de negociación en el que se vive. ¿Y si la tregua de ETA concluyera? ¿Volvería a pesar sobre Otegi una fianza mayor, y rectificaría de nuevo el fiscal la pena solicitada para De Juana Chaos?
Que esta flexibilidad no se dé con otros gremios de la delincuencia, corrobora por cierto otra de las tesis clásicas de este mundo: la de que sus presos y encausados no son comunes, sino políticos.