La democracia española se hunde

sabado 21 de octubre de 2006
La democracia española se hunde
José Meléndez
L A democracia española, conseguida hace tres décadas por un acuerdo entre todos los partidos políticos que fue la admiración del mundo y que se llamó Transición, se está hundiendo, empujada por la política sectaria y ególatra de Rodríguez Zapatero –que es el primero que tiene la responsabilidad de velar por ella- y con la colaboración en el hundimiento, digamos que irreflexiva, de trece o catorce millones de españoles, que son los que votaron en las últimas elecciones generales al PSOE, a Izquierda Unida y a los nacionalismos radicales y los que siguen apoyando el desastre según las encuestas. El sentido cívico y generoso que uníó a los políticos de entonces para olvidar el pasado, tan sangriento y desgarrador, y poder construir una España libre y democrática en la que la soberanía del Estado pertenece a todos los españoles, es el espíritu que animó la Transición y que ha funcionado bien hasta el 14M del año 2.004. Pero ese espíritu se está perdiendo ahora por una política que parece diseñada específicamente para demoler lo que ha sido el modelo de convivencia de nuestra sociedad, en aras de intereses partidarios e, incluso, personales. La gestión de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno de la Nación, tiene desde el principio tres objetivos bien definidos: la conversión de España en un Estado federal de naciones prácticamente independientes bajo la presidencia de Zapatero, naturalmente, al estilo presidencialista de Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética, para lo que ya está armada la columna vertebral del proyecto con el nuevo Estatuto catalán y las consecuencias que acarreará en cadena, en flagrante contradicción con el artículo 2 de nuestra Carta Magna; la pacificación del País Vasco para que él pueda convertirse en Príncipe de la Paz –y siempre habrá un grupo de Saramagos que lo propongan para el Nobel de la Paz- y la expulsión del Partido Popular, o, por lo menos, su aislamiento, de la vida política española, etiquetándolo como una derecha indeseable. Para conseguir todo esto, Zapatero cuenta con un arma, el “como sea”, que hasta ahora le está resultando infalible. Como sea consiguió sacar adelante el Estatuto catalán en el último minuto y ahora los Presupuestos generales del Estado; como sea está negociando con ETA-Batasuna para que el “proceso” no se rompa y como sea está arrinconando al PP, bien por el aplastamiento mediante su artificiosa mayoría parlamentaria o bien por toda clase de añagazas en las que se incluyen algaradas callejeras y agresiones. “Como sea” es sinónimo de cesiones de toda índole, sin importar el precio, político o económico, que haya que pagarse. Cada uno de esos tres objetivos es antidemocrático por sí mismo, por mucho que se quieran adornar con buenas intenciones, florida verborrea y falsas presentaciones ante la opinión pública. El otorgamiento a Cataluña de la condición de nación, aunque esté en el preámbulo, es un atentado a la unidad territorial de España que el nacionalismo catalán no ha tardado ni un segundo en aprovecharlo y esgrimirlo como una seña de identidad que justifica todas sus demandas, desde las muy serias y peligrosas competencias políticas, jurídicas y económicas hasta las ridículas de las selecciones deportivas o la imposición a ultranza de la lengua catalana. El Pacto del Tinell, que propició la creación del tripartito que ha gobernado Cataluña tres años y medio con una gestión nefasta, fue el primer paso antidemocrático al acordar los firmantes el aislamiento del Partido Popular y que ahora, en vísperas de las elecciones autonómicas, lo ha reeditado, corregido y aumentado el líder nacionalista Artur Mas con el vergonzoso acto de comprometerse ante notario a no pactar con el PP, lo que descalifica el carácter democrático que pudiera tener su partido, Convergencia i Unió, que lo ha apoyado. Mejor hubiera sido que Artur Mas se hubiera comprometido ante el mismo notario a no cobrar el 3 por ciento de comisión ilegal que imponía su partido en la época de Jordi Pujol por la concesión de obras públicas y que fue denunciado en el parlamento catalán por Pascual Maragall. La negociación con ETA-Batasuna es un rosario de mentiras, ocultamientos y cesiones cobardes que nada tienen que ver con la autorización que el Parlamento español dio a Zapatero en su día para iniciar el diálogo con ETA. Cualquiera que siga el día a día de estas negociaciones podrá darse cuenta de que es ETA-Batasuna la que marca el ritmo y los tiempos mientras el gobierno español va a remolque, tragándose sus afirmaciones de que no habrá precio político, que Batasuna no será legalizada mientras no renuncie a la violencia y que la negociación discurrirá dentro de los límites que marcan la Consitución y la legalidad vigente. Hay precio político porque ETA ya ha logrado el principio de lo que siempre han sido sus demandas: que se negocie la autodeterminación de Euskal Herria y la anexión de Navarra en una mesa política de partidos, mientras en la otra mesa, compuesta por los asesinos y los representantes del gobierno se negocia el fin de la violencia a cambio de los presos etarras. ETA-Batasuna ha logrado también su vieja aspiración de internacionalizar lo que llaman “el conflicto” hasta llevarlo al Parlamento europeo de Estrasburgo con la aquiescencia del PSOE y los socialistas europeos y Zapatero ha traído a Madrid para que se muestren favorables a la negociación, al “gilipollas” –según calificación de José Bono cuando era ministro de Defensa- de Tony Blair y al primer ministro italiano Romano Prodi, que ya cuando disfrutaba de su cargo en la Unión Europea, vino al País Vasco invitado por Ibarreche para romper una lanza a favor del nacionalismo radical. Para más oprobio, un informe de la ONU califica a los presos etarras de “presos políticos” sin qe el gobierno español rechiste ante tamaño disparate. La afirmación de Zapatero de que será respetado el marco constitucional y legal en la negociación es otra evidente mentira, porque la violencia etarra no ha cesado, en forma de “kale borroca” y extorsiones y ya se están buscando vericuetos para legalizar a Batasuna sin que condene la violencia. La actuación en este sentido del fiscal general del Estado, Conde Pumpido, es tan antidemocrática como antijurídica al afirma en el Senado que “los jueces y los fiscales no pueden volver la espalda a la realidad social” avisando que “no consentirá una justicia de trinchera y venganza”. Nunca un fiscal general ha caído mas bajo porque él es el primero que debe saber que justicia no hay mas que una, apoyada en el ordenamiento jurídico, y las leyes no admiten tergiversaciones. Y debe saber que la fiscalía general no está al servicio del gobierno, sino del cumplimiento de la ley. ETA está recrecida y Batasuna campa por sus respetos, llegando a organizar tres actos en un día, afirmando el dirigente Fernando Barrena en uno de ellos que “la condena de la violencia no está en la agenda de Batasuna”. El gobierno autonómico vasco amenaza con que no resultará gratis el encausamiento de Juan José Ibarreche por haber negociado con Batasuna y dirigentes del PSOE acusan de antidemocrático al Partido Popular por oponerse a la consecución de la paz, que ya es el colmo en este desorden esperpéntico. Frente a todo esto, Zapatero se limita a decir que “el proceso discurre”, pero no dice por qué cauces. Finalmente, los métodos empleados para la pretendida expulsión del PP de la vida política son absolutamente reprobables. Ya es criticable la orquestada ofensiva mediática contra los populares y la machacona insistencia socialista en el “Prestige” y la guerra de Irak, pero el penoso espectáculo que están dando grupos de izquierda vocingleros y agresivos contra militantes y sedes del PP no cabe en una democracia y tiene que ser rotundamente condenado, a la vez que las autoridades tienen la obligación ineludible de evitarlo y castigarlo. Pero ocurre que estas agresiones están precisamente organizadas por elementos del PSOE, como ocurrió en el pueblo catalán de Martorell donde fueron golpeados Ängel Acebes y Josep Piqué o en Granada, donde fue abucheado e insultado Manuel Fraga cuando iba a pronunciar una conferencia. Esas agresiones y esos boicots a los actos públicos del PP obedecen a una estrategia que se puso de relieve en el tristemente célebre día de reflexión del 13M y que ahora, de nuevo en vísperas de diversas citas electorales, se recrudece. No ha habido una condena institucional por parte de Zapatero ni del PSOE y solamente José Montilla condenó de pasada las agresiones de Martorell. La Junta de Andalucía también ha silenciado el bochornoso espectáculo de Granada. Llegar a la democracia que ahora disfrutamos costó mucha sangre y mucho dolor que engendró odio y rencores, para los que la democracia ha sido un bálsamo. Pero estamos en peligro de que ese bálsamo pierda su eficacia, porque parece haber un afán insano e irresponsable, de volver a las andadas por la puerta falsa de lo que han dado en llamar memoria histórica para recordar “como sea” los tiempos que ya parecían olvidados .Que son en los que medran los que carecen de escrupulos.