Otro fraude con la memoria histórica

Otro fraude con la memoria histórica

Viernes, 14-11-08
EL Gobierno dio ayer un salto en su obsesivo proyecto de «memoria histórica» con la reunión de cónsules convocada en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para movilizar al servicio diplomático español en la localización de hijos y nietos de los españoles que se exiliaron tras la Guerra Civil. El objetivo del Gobierno es ofrecer a los descendientes de los exiliados la nacionalidad española, lo que, según estimaciones aproximadas, supondría nacionalizar a un número que oscilaría entre medio millón y tres millones de personas. La intención política de esta iniciativa, que a buen seguro se vestirá de las mejores virtudes de justicia y reparación, es coherente con el impulso partidista que anima al proyecto general de la memoria histórica impulsada por el Gobierno socialista como un plan de revancha y revisión partidista, aun a costa del daño que está causando a la convivencia cívica.
Una empresa de tanta envergadura nunca debió iniciarse sin un acuerdo claro y global con el Partido Popular, y las consecuencias de no hacerlo así se están mostrando en la discordia social que provocan las decisiones políticas y judiciales que jalonan esta vuelta al pasado. En vez de atender con eficacia las situaciones individuales de familiares que realmente soliciten, en su legítimo y justo interés y no en el de un espíritu de revancha, el reconocimiento de sus antepasados asesinados o desaparecidos, el Gobierno está animando procesos generales de revisionismo, con fundamentos ideológicos sectarios y con resultados generales que serán probablemente ajenos, cuando no contrarios, a los ideales de justicia y reparación.
Ahora se plantea esta ingente operación diplomática a escala mundial para poner en marcha un plan de nacionalización, lo que implica realmente que el Gobierno está utilizando la nacionalidad española de manera unilateral, sin consenso político y con una estrategia electoralista de fondo que resulta por completo inaceptable. Si ya es discutible que haya que ofrecerse la nacionalidad a personas extranjeras, nacidas y arraigadas en sus países de origen, como si el ser español fuera una condición política disponible al gusto del Gobierno de turno, más lo es que este paquete de nacionalización en masa conlleve, como deberá ser, porque forma parte del régimen jurídico de la ciudadanía española, el derecho al voto. Lo que resultaría finalmente de este proceso sería una transformación del censo electoral que podría llegar a ser determinante en unas elecciones. Y quizá esto es lo que busca el Gobierno, ya acreditado en estas lides con su insistente política de captación del voto emigrante en Iberoamérica, en la que no se ha diferenciado debidamente entre recursos públicos y fines partidistas.
En el momento en que el sumario del juez Garzón por los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo está inmerso en un debate técnico que conducirá, probablemente, a su archivo, el Gobierno se saca de la chistera esta iniciativa que lleva la «memoria histórica» a su política exterior, con una previsible dedicación de medios humanos y materiales que se restarán de otras funciones más prioritarias para los intereses actuales de España en el plano internacional. Y si finalmente se pusiera en marcha este plan de nacionalización en masa, sería entonces coherente reclamar del Gobierno que aplique sin dilación el mismo rasero en su política interior y que permita a los más de doscientos mil vascos exiliados de su tierra por culpa del terrorismo nacionalista votar en las elecciones municipales y autonómicas del País Vasco, con la seguridad de que así se anularía la limpieza ideológica perpetrada por ETA con la conformidad del nacionalismo gobernante. Exiliados con memoria hay más de los que reconoce el Gobierno y todos tienen derecho a la justicia y la reparación.

http://www.abc.es/20081114/opinion-confidencial/otro-fraude-memoria-historica-20081114.html