La impunidad envalentona a Ibarretxe

2-IX-2008
La impunidad envalentona a Ibarretxe
Si Ibarretxe tuviera la certeza de que la celebración de su referendum ilegal iba a acarrearle consecuencias penales y la inmediata suspensión de la autonomía a su comunidad, otro gallo cantaría. Zapatero, sin embargo,ha evitado al lehendakari esa certeza

La Constitución es muy clara al señalar, en su artículo 149.1.32, que el "Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Un texto tan claro como la disposición de Ibarretxe de saltársela a la torera con la celebración de un referéndum soberanista que no sólo viola en la forma este requisito constitucional, sino que además atenta en el fondo contra el pilar básico de nuestra Carta Magna, como es la soberanía y unidad de la nación española.

Tampoco le importa a Ibarretxe la posibilidad de suspensión de la autonomía que "no cumpliera con las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan", que claramente se desprende del artículo 155.1 de la Constitución y que autoriza al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones". Tampoco le preocupa nada a Ibarretxe que el Código Penal, anterior a la derogada reforma de Aznar destinada a endurecer –no a instaurar– las penas contra la celebración de referéndums ilegales, ya señalara, en la sección dedicada a la "usurpación de atribuciones" y en su artículo 508, que "la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años". A Ibarretxe no le preocupa nada de esto, por la sencilla razón de que el Gobierno de Zapatero le ha evitado tener que afrontar las consecuencias políticas y penales que debía tener la comisión de sus ilegales intenciones. Si Ibarretxe tuviera la certeza de que la celebración de su referéndum le iba a acarrear consecuencias penales y la inmediata suspensión de la autonomía a su comunidad, otro gallo cantaría.

Ibarretxe sabe, sin embargo, que se "enfrenta" a un Gobierno débil y nihilista, al que le basta con que el referéndum ilegal no tenga las consecuencias jurídicas que pretenden sus convocantes. Sabe, incluso, que Zapatero está dispuesto a llegar a un acuerdo con ellos para que las llegue a tener, de forma maquillada y como si de una reforma estatutaria se tratara.

Sin llegar a esos extremos, la actitud del Gobierno de Zapatero, al no utilizar todos los mecanismos que le asisten en Derecho para impedir la celebración de ese desafío al Estado, ya es de por sí de una absoluta irresponsabilidad. La existencia de un delito –y la celebración de un referéndum ilegal lo es– no depende de que quienes lo perpetran obtengan o no los beneficios esperados. Además, por mucho que ese ilegal referéndum-trampa no tenga consecuencias jurídicas deseables para los nacionalistas, eso no quiere decir que no las vaya a tener políticas. Los resultados de este referéndum amañado y contrario a la Ley bien pueden ser utilizados por los nacionalistas para desestabilizar políticamente al Estado, alimentar su injustificado victimismo y presionar en pro de una "reforma" soberanista del Estatuto. En cualquier caso, a la vista está que el Gobierno de Zapatero no sólo no disuade a Ibarretxe, sino que este se permite, en el colmo de la desfachatez, demandar al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo. Como las instituciones vascas forman parte del Estado demandado, Ibarretxe ha incitado a los ciudadanos vascos a hacerlo a partir del 17 de septiembre por "violación del convenio europeo de Derechos Humanos y Libertades".

La actitud envalentonada y desafiante de Ibarretxe es consecuencia directa de esa pusilanimidad cómplice del Gobierno de Zapatero, que ya ha dado muestras de no tener empacho a la hora de tener a los separatistas de compañeros de viaje. Lamentablemente, en poco se está diferenciando del Gobierno la actitud de un Partido Popular al que sólo la crisis de carácter estrictamente económica parece preocuparle. Y es que la obsesión por no ser más antipático ante los nacionalistas que el Gobierno, o por no ser tildados de crispadores, está neutralizando a marchas forzadas al Partido Popular como dique de contención ante una crisis que empezó –y no ha dejado de ser– de índole nacional.

http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/la-impunidad-envalentona-a-ibarretxe-45145/