Ana Camacho, El virus golpista ataca en Guinea Ecuatorial

martes 6 de mayo de 2008
ÁFRICA
El virus golpista ataca en Guinea Ecuatorial
Por Ana Camacho
La detención en nuestro país del político guineano Severo Moto, acusado de tráfico de armas con fines golpistas, es el último episodio de un extraño brote vírico.
Guinea Ecuatorial, el Kuwait de África, padece una extraña propensión a los intentos de golpe de estado. Dos factores convergen para propiciar la epidemia: una inmensa riqueza en gas y petróleo, que crece de año en año, a un ritmo que está a punto de propulsar a la ex colonia española al segundo puesto de los grandes productores africanos de crudo, y un régimen tiránico que, a cambio de mantener el monopolio del poder, permite a quienes tienen la fortuna de hincar el diente en ese maná el beneficio añadido de llevárselo a precio de saldo. El asesinato, el pasado 12 marzo, de Saturnino Nkogo Mbomio –relacionado con la nueva supuesta intentona de Moto– en la cárcel de Black Beach (Malabo) es uno de los daños colaterales de esta dinámica.

Como es lógico, los guineanos no se resignan, y la discreción con que esta noticia –y la de la nueva ola de detenciones de opositores– ha sido acogida por la prensa internacional no hace más que alimentar el virus del golpismo en su tierra. Hay circunstancias en las que ni siquiera los africanos se libran de ese mal que también padecieron los españoles pro demócratas que durante cuarenta años soñaron con que un milagro de ese tipo les librase del despótico régimen del Generalísimo Franco.

Saturnino Nkogo fue detenido el 11 de marzo. Quienes entran en las cárceles y comisarías guineanas nunca saben cuándo y en qué condiciones saldrán de ellas. Brígida Asongsua, la esposa de Guillermo Elá Nguema, condenado en un simulacro de juicio por haber, supuestamente, conspirado para derrocar a Obiang en mayo de 2002, fue a visitar a su marido a la cárcel y acabó siendo detenida sin cargos ni juicio. Desde enero languidece en una celda colectiva, víctima de la tortura, de violaciones, del hambre y de las espantosas condiciones de la penitenciaría.

Aunque la vida de Brígida peligra, porque no le consienten acceder al tratamiento médico que requiere su delicado estado de salud, su suerte ha sido benévola si se la compara con la de las víctimas de la batida represiva de marzo. Saturnino Nkogo murió poco menos de 24 horas después de haber ingresado en comisaría. Las autoridades de Malabo han esgrimido un buen motivo para acabar con su vida sin cargos ni juicio, con una de esas brutales palizas que han convertido Black Beach en un sumidero de las violaciones de los derechos humanos de fama internacional: el supuesto hallazgo de un "importante alijo de armas de guerra y municiones" (tres fusiles, dos cetmes y uno con mira telescópica) en un zulo excavado en la casa de Nkogo, que, según el régimen guineano, formaba parte de los preparativos de una rebelión.

Nkogo era un conocido militante del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), liderado por Severo Moto, emblema del exilio guineano en España y bestia negra del dictador Obiang desde su huida del país (1986), en plena transición democrática. El régimen disponía así de los elementos necesarios para denunciar el enésimo intento de conspiración golpista organizado por Moto.

Asodegue, una de las escasas plataformas de denuncia contra las barbaridades del obianguismo, comentó la noticia recordando la facilidad que tiene esta dictadura para denunciar golpes de estado con que justificar la represión contra todo atisbo de disensión. "Hacía mucho tiempo que el régimen no se inventaba un golpe de estado. ¿Qué tipo de golpe pueden organizar tres personas con tres fusiles? Es todo demasiado simple y demasiado útil para las necesidades políticas inmediatas de Obiang y los suyos", advertía la citada asociación, que en diversas ocasiones ha demostrado cierta antipatía hacia Severo Moto.

Black Beach compite en siniestra fama con la Escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina de la dictadura o con la Cárcel Negra que los ocupantes marroquíes gestionan en el Sáhara Occidental. Excepto en un detalle: los torturadores guineanos, hasta ahora, no se toman las molestias de hacer desaparecer a sus víctimas; como mucho, intentan una metamorfosis que convierte el salvaje maltrato en suicidio o muerte por malaria.

No fue el caso de Saturnino Nkogo, que se ganaba la vida con actividades comerciales propias de un entorno carente de infraestructuras básicas, como la venta de agua a domicilio. Sus verdugos le quebraron la columna vertebral, le rompieron varias costillas, huesos del cráneo y de los pies, le machacaron los dedos de la mano, le arrancaron a patadas los dientes y le reventaron los ojos. Luego de haberle metido en la boca una buena cantidad de grava, le amordazaron. Los datos han sido recogidos por un sitio que se alimenta con información procedente del interior, y el infarto que mató a una de las familiares de Nkogo cuando vio el estado del cadáver indica que el relato no exagera.

En medio de tanta tragedia, los muchos defensores de Obiang, que se escudan en los supuestos avances de su lenta pero incesante apertura democrática, pueden enorgullecerse del nuevo logro del régimen. Y es que en esta ocasión ni los familiares de la víctima ni la oposición han aireado ese tipo de denuncias que llevaron a Moto a acudir al juez Garzón para que repitiera sus gestas contra los dictadores de Chile y Argentina con un Obiang que, además de asesinar a los que luchan por la democracia, remata sus crímenes con rituales caníbales, según el líder del PPGE. Con ello no logró más que sumar un nuevo motivo de frustración para sí y para un pueblo al que soñar con un golpe de estado liberador es la única esperanza que le ha dejado el silencio con que la comunidad internacional apuntala una tiranía vergonzosa.

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A principios de los 90, EEUU enarboló la bandera de la democracia y los derechos humanos en África Occidental para hacerse un hueco en un espacio tomado por la Francia postcolonial. Pero el suculento bocado que supone un territorio que nada literalmente en petróleo tiende a convertir los buenos propósitos en algo fugaz, aunque sea a costa de despilfarrar el capital político acumulado al conectar con el insaciable hambre de justicia de los africanos: Obiang, además de ofrecer mucho petróleo –y libre de las limitaciones de la OPEP, así como de las complicaciones que hay que sortear en Oriente Próximo–, se puede permitir el lujo de conceder ventajas fiscales.

Los españoles, de izquierdas y de derechas, somos un pueblo muy dado a explicar lo que ocurre en el mundo en función de ese axioma que atribuye la causa de todos los males a la egoísta y prepotente actuación de EEUU. Toda potencia que haya sido grande (y España, por mucho que nos cueste creerlo, lo fue) tiene sus traumas postimperiales, y el de nuestro país se sublima, desde el 98, en un antiamericanismo visceral.

Lo de Guinea tiene todos los elementos necesarios para convertir tal caso en uno de esos placenteros desfogues contra el Imperio del Mal que nos dejan como nuevos: el brazo protector del presidente Bush apoyando un siniestro régimen, los tejemanejes de Dick Cheney y las empresas que se beneficiaron en Irak, el sacrificio de un pueblo que exige la cuenta de resultados del gigante petrolero Exxon-Mobil... Si ningún político español aprovecha la oportunidad es porque Guinea no es un buen ejemplo de las virtudes y superioridades éticas con que la política europea se supone está contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor y más feliz, contrarrestando las canalladas de los Bush de turno y sus amigos.

En los mandatos de Aznar, Amnistía Internacional reprochaba al Gobierno español una política con Guinea dirigida exclusivamente a comprar, con su aquiescencia ante el pisoteo de los derechos humanos, un puesto para Repsol en ese paraíso de los hidrocarburos. En la era del triunfo de los principios morales de Zapatero, quizás alguno de esos hechiceros que los opositores aseguran pululan por el palacio presidencial de Malabo haya hipnotizado al ministro Moratinos para asegurarse de que aquél no siga la senda de ese Felipe González que, en 1991, pidió a Obiang que pusiese en marcha un cambio democrático. Entonces González se convirtió para Obiang en una "catástrofe", de la que no logró alivio hasta la elección de Aznar, del que celebró su "realismo" y su "defensa de los principios internacionales".

El triunfo socialista no ha marcado la esperable vuelta a la condena de esas arbitrariedades que le han costado la vida a Nkogo. Al contrario, el Gobierno de Zapatero ha hecho mucho más que Aznar por hacer feliz a Obiang, al poner en marcha un proceso para privar a Moto de su estatuto de asilado con el pretexto de que se había convertido en una molesta e indeseable interferencia en las relaciones hispano-guineanas. El gesto venía a dar la razón a Obiang, que acusa a Moto de ser un canalla que sólo persigue ocupar su silla por métodos violentos mientras él, en cambio, lleva adelante una modernización acorde con la idiosincrasia de su pueblo.

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Supuestamente, a Nkogo se le había detenido en el marco de una redada desencadenada por una noticia procedente de España que hablaba de la localización, por parte de la policía española, de dos fusiles y una pistola en el maletero de un coche que había sido embarcado en el puerto de Sagunto con destino Guinea. Sin embargo, durante las dos horas que duró la paliza que le propinaron no le formularon preguntas, ni le intentaron arrancar confesión alguna, como suele ser habitual con este tipo de sospechosos. La decisión y ensañamiento de los que ejecutaron la pena de muerte lenta sólo se explica como un macabro mensaje disuasorio dirigido a los opositores, y en especial al dirigente del PPGE, que acababa de anunciar públicamente su intención de regresar a su país en cuanto se hiciese pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que en 2006 había revocado su condición de asilado. El martirio de Nkogo viene a ser una advertencia de lo que le espera a Moto si cumple sus propósitos.

A Obiang siempre le puso muy nervioso la posibilidad de que Moto volviese a residir de forma permanente en Guinea. Cuando el dictador anunció a bombo y platillo su decisión de abrir su régimen al multipartidismo, Moto, como muchos otros, se lo tomó en serio y volvió al país para participar en el proceso de apertura democrática. Lo intentó dos veces, en 1987 y 1991. Nadie, hasta ahora, ha podido cuestionar que el objetivo de esta operación, que el PPGE bautizó como Retorno en Libertad, fuese otro que participar, como un partido más, en las elecciones libres prometidas por Obiang. En ambos casos, el experimento acabó con el encarcelamiento y unos atroces palizamientos, como dicen en Malabo, de compañeros de Moto.

En el primer intento de regreso del dirigente opositor, el dictador aprovechó un viaje al extranjero de su rival para dar el cerrojazo. En el segundo, Moto acabó preso después de que la sede del PPGE fuese tomada por los esbirros de Obiang, que se incautaron de los ficheros en que se guardaba la información sobre los militantes del partido.

Obiang no torturó a Moto, ni le sometió a las palizas que sí recibieron los demás dirigentes del PPGE (Moto planteaba el problema de que era demasiado conocido en el extranjero); pero, gracias a unos supuestos papeles de los servicios secretos españoles –que el Gobierno de Felipe González aseguró eran falsos–, pudo acusarle de haber intentado derrocarle con la ayuda de EEUU e imponerle una condena 92 años de cárcel con unas pruebas más creíbles que las que hasta entonces había exhibido para denunciar conspiraciones anteriores, que igualmente llevaron a prisión a opositores molestos.

Al final, Obiang liberó a Moto con la condición de que éste regresara a España. Las pruebas españolas, supuestamente agraciadas con la credibilidad de la que carece el obianguismo, habían consentido al dictador eliminar a su rival con una condena que, aunque quedase sin cumplir, inhabilitaba políticamente al líder del PPGE y podía convertirse en un buen pretexto para liquidarle, si es que el supuesto golpista caía en la tentación de intentar un nuevo retorno.

A partir de ahí, Severo Moto se ha visto involucrado en numerosas tentativas de derrocar al autoproclamado "líder único", unas fruto de la imaginación del dictador y otras, aparentemente, reales. Es difícil saber cuáles se ha inventado Obiang y cuáles no, entre otras cosas porque en Guinea ha prosperado una nueva modalidad conspirativa: la del simulacro que cuenta con la actuación de comparsas (opositores sinceramente ilusionados) y montado por gente que ha descubierto que la amenaza de golpe contra Obiang puede convertirse en un método efectivo para lograr concesiones petroleras a precio de ganga.

En cualquier caso, resulta sospechosa la coincidencia entre la redada contra la oposición que ha acabado con la vida de Nkogo (no se sabe nada de otros siete detenidos) y la noticia de que la Sección V de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros de 2006, tras considerar que los informes confeccionados por el CNI para ilustrar la supuesta peligrosidad de Moto no estaban suficientemente probados.

La referida noticia no fue una sorpresa para el dirigente del PPGE. Los jueces españoles ya se habían manifestado en ese sentido en la audiencia que se celebró el pasado verano; y lo hicieron con tanta claridad que Moto pudo incluso renovar su documentación. Sólo faltaba que se oficializara una decisión que, para el Gobierno en el Exilio de Moto, "quita la razón" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al que culpa de haber cedido al "chantaje político" de Obiang, que le habría puesto como condición para "abrir las puertas de España al petróleo guineano" la entrega del propio Moto. Para éste, la "decisión política" del Gobierno español tenía por objetivo "silenciar" a su plataforma opositora, que, con la espada de Damocles de la amenaza de expulsión, se ha visto obligada durante estos dos últimos años a replegarse en la más absoluta discreción.

La anulación del estatus de asilado tenía para Obiang otra importante virtud, ya que llevaba implícita un reconocimiento español del golpismo de Moto, lo cual –creía el dictador– le aseguraría la tolerancia de la comunidad internacional ante un eventual asesinato del líder opositor.

La necesidad de llenar el vacío de credibilidad dejado por el fallo del alto tribunal español ha marcado el comienzo de una ansiosa campaña mediática que pone mucho énfasis en la culpabilidad "terrorista" de Moto. Así, por ejemplo, el supuesto alijo de armas de Nkogo ha sido descrito por los portavoces del régimen como una prueba inequívoca de que aquél intenta "acceder al poder con violencia y métodos terroristas".

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En Madrid hay indicios de que el embrujo obianguista perdura. Los portavoces de Exteriores han manifestado que el Gobierno socialista "acata y respeta" la decisión del Supremo, pero que revocó la condición de asilado político a Moto porque estaba "convencido" de que había abusado de dicho reconocimiento. Los comunicados policiales en que se ha aludido a una investigación sobre el alijo de armas de Sagunto también suman a favor de las tesis de Obiang, que sigue manteniendo que, diga lo que diga la justicia española, Moto es un golpista. La detención del líder del PPGE remata la faena, pues vuelve a silenciarle en España y le condena a una muerte segura si regresa a Guinea.

Como ocurre con el conflicto saharaui, el mundo queda patas arriba con un discurso que convierte a la víctima en villano y que, en lugar de condenar a quien tortura y asesina a inocentes, apunta contra los perseguidos. Los que sufren injusticia son culpables porque, con su empeño en rebelarse ante su mala suerte, actúan como elementos perturbadores de una política exterior que predica la moralidad pero que, en dos asuntos tan españoles como el Sáhara y Guinea, parece haberse metido en un banco de niebla que no le deja ver dónde está la causa justa.

Algún misterio insondable ha de estar detrás de un planteamiento impropio de un Gobierno que presume de dar clases al mundo sobre política ética. Cuando en 1997 el Gabinete Aznar amenazó con retirar a Moto su condición de asilado por una supuesta intentona golpista con origen en Angola (que le valió una condena en Guinea a 101 años de cárcel), el PSOE se quejó ante Obiang de la ilegalización del PPGE. Era lógico, decían los simpatizantes socialistas, que su seguidismo de Bush obligase a Aznar a salir en defensa de los beneficios estadounidenses en los campos petroleros guineanos. Pero ahora que unos presos de Black Beach aseguran que Aznar promovió una intentona en marzo de 2004 han convertido la supuesta complicidad del PP español con la lucha de Severo Moto en una prueba de la falta de ética de la política exterior del amigo de Bush.

La afinidad ideológica entre el partido de Severo Moto (miembro de la Internacional Demócrata Cristiana) y el PP parece haberse convertido en otro elemento descalificador del opositor guineano, al que se tilda de simpatizante de la extrema, muy extrema derecha de Aznar. Quizás algunos pretendan con ello confundir a los votantes de la memoria histórica que todavía disfrutan haciendo ficciones sobre el cambio de timón que hubiese significado el triunfo de cualquiera de los maquis que, tras la Segunda Guerra Mundial, se hicieron ilusiones con un derrocamiento de Franco por las armas.

¿Y si Aznar hubiese realmente respaldado a Moto? ¿Será que ahora es la extrema derecha la que da cobijo a los sueños de las víctimas de la injusticia? No es posible: nadie puede competir en idealismo y solidaridad con Zapatero, el único presidente del Gobierno español que ha pedido la confianza de sus conciudadanos en nombre de una "idea de España" que haga de ésta el punto de referencia internacional en materia de decencia y compromiso con la paz, la estabilidad, el medioambiente y la lucha contra la pobreza y el hambre, en especial la que padecen los afligidos pueblos de África.


© GEES
NOTA: Este texto es una versión editada del artículo, considerablemente más extenso, del mismo título publicado por el Grupo de Estudios Estratégicos el pasado 17 de abril. Pinche aquí para acceder al original.

http://exteriores.libertaddigital.com/articulo.php/1276234671