Veintiocho años

miercoles 6 de diciembre de 2006
EDITORIAL
Veintiocho años

La Constitución cumple hoy veintiocho años desde que fuera refrendada por la ciudadanía. La fecha consagra el período democrático de mayor estabilidad y prosperidad del que hayan sido protagonistas los españoles. Pero este balance positivo no debería formularse sólo en comparación a las etapas más convulsas de nuestra historia. Porque el consenso constitucional y el marco normativo que de él surgió fueron delineando un sistema de libertades y un clima de convivencia homologables a cualquiera de los países a los que los españoles anhelaban equipararse a la salida de la dictadura. Es cierto que tanto la política como la sociedad presentan, en España, síntomas de disenso y enfrentamiento que podrían llegar a ser preocupantes. Pero la exageración con la que en ocasiones son presentados los interrogantes sobre el futuro de la sociedad española y del Estado constitucional, lejos de contribuir a superar las diferencias o a gestionarlas sensatamente, agravan las crisis e inducen actitudes intolerantes y gregarias. A ello contribuye que, a diferencia del período constituyente, la dialéctica política esté más lastrada por la confrontación partidista y las pendencias del pasado inmediato que animada por una voluntad coincidente de diseñar un mañana en común.La Constitución fue defendida, en el momento de su aprobación, con matices y versiones diferenciadas por parte de quienes la hicieron posible. Aquella diversidad de interpretaciones corre, hoy, el riesgo de convertirse en abierta discrepancia ante las demandas nacionalistas, la compleja integración de los inmigrantes, el lugar correspondiente a las creencias en la vida pública, la regulación de la autonomía personal, la legislación en torno a la familia o las implicaciones éticas de los avances científicos. Pero éstas u otras dificultades a la hora de preservar óptimos de convivencia en el desarrollo legislativo de los preceptos constitucionales no justifican en modo alguno el recurso al tremendismo y al enconamiento de posturas.La Constitución establece las reglas de juego de la democracia parlamentaria y las normas que han de enmarcar la tarea legislativa. La Carta Magna fue el fruto de un amplio consenso que es necesario preservar en todo aquello que resulta básico para garantizar la convivencia, la solidaridad y el ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales. A partir de ese punto de confluencia, la gobernación ha de descansar sobre mayorías suficientes y a poder ser lo más amplias posibles. Pero la responsabilidad legislativa no puede estar condicionada por una expresión totalizante del consenso como requisito imprescindible para abordar cualquier cuestión. Sería tanto como concentrar el propio sistema en una fórmula tan estricta que podría llegar a ser estéril para la convivencia. Son las mayorías parlamentarias las que han de establecer en cada caso la orientación de la acción pública y el contenido de las leyes, cuyo garante último es el Tribunal Constitucional. Y es la alternancia, como juego político esencial para la salud de la democracia, la que concede a cada formación en el poder la posibilidad de elegir y proponer el rumbo de la gobernación. Lo que sería del todo pernicioso es que la oposición acabara invariablemente jugando a la 'impugnación constitucional' de las decisiones de la mayoría parlamentaria, convirtiéndose en intérprete de la Carta Magna, cuando no tiene legitimidad para ello.El contenido del Estatut suscitó la sospecha de que a través de la iniciativa catalana se pretendía sortear el marco constitucional para modificarlo subrepticiamente. Mantener esa conclusión hoy resultaría excesivo. No sólo porque las reformas tramitadas por distintos parlamentos autonómicos a partir del consenso entre PSOE y PP han contribuido a aliviar el resquemor ante una iniciativa que podía percibirse como unilateral. Sobre todo porque corresponde al Tribunal Constitucional -y a nadie más- proceder a la interpretación normativa de su articulado. Una interpretación que va a permitir adecuar el Estatut a la Constitución, garantizando que no se den excesos en su aplicación; pero que también va a constituir una referencia ineludible para el conjunto de los cambios autonómicos, y especialmente para la iniciativa de reforma estatutaria que en su día adopte el Parlamento vasco.España conoció anteriores etapas democráticas. Sin embargo es la historia que comienza con el refrendo constitucional la que determina nuestro futuro. De ahí que sea arriesgado juzgar o reinterpretar el sentido profundo que hoy tiene la Constitución echando mano de acontecimientos anteriores al 6 de diciembre de 1978. Bien sugiriendo que la ambigüedad constitucional fue producto de la debilidad del Estado en cuanto central; bien presentando su articulado como efecto de una mordaza fáctica deudora del anterior régimen. Los españoles que vivieron la promulgación de la Carta Magna saben de su importancia y de la renuncia y generosidad que la propició. En esa misma medida, contrajeron la responsabilidad de transmitir a las generaciones más jóvenes los valores fundacionales del tiempo democrático que les ha tocado vivir.