Justicia y fraude

viernes 8 de diciembre de 2006
Justicia y fraude

El auto del Tribunal Supremo que desestima y archiva la querella interpuesta contra el presidente del Gobierno, sus ministros y tres dirigentes socialistas por la reunión que mantuvo el pasado 6 de julio el PSE con Batasuna certifica la inexistencia de delito en la celebración del encuentro y compromete el desenlace judicial de las denuncias que sí han sido admitidas por el Tribunal Superior del País Vasco contra el lehendakari Ibarretxe y Patxi López por el mismo motivo. El Supremo, mediante una aplicación novedosa del Derecho, interpreta que la pretensión real de los querellantes era la de ejercer un control indebido sobre la acción política del Poder Ejecutivo y determina que ese objetivo constituye un «fraude constitucional». El contenido de la resolución puede suscitar controversia, como el de muchas otras. Pero la legítima crítica de las decisiones acordadas por los tribunales no debe soslayar la autoridad que ostenta el Supremo en el entramado judicial español, ni que el pronunciamiento de sus magistrados se construye sobre razonamientos jurídicos fundados.La Sala avala la reunión protagonizada por López y Arnaldo Otegi y descarta que pueda imputarse un delito de desobediencia, porque no medió una «orden expresa» prohibiendo la entrevista, de lo que podría deducirse que no cabe perseguir penalmente los encuentros que las instituciones o los partidos mantengan con la izquierda abertzale salvo mandato judicial explícito en contra. Aunque no es el de oportunidad el criterio que debe regir la actuación de los tribunales, de la resolución se deriva una consecuencia política indiscutible, en tanto que la decisión del Supremo coincide con un momento en el que los dirigentes de Batasuna están escenificando su resistencia a regresar a la legalidad por la única vía que permitiría la Ley de Partidos: el registro de unos nuevos estatutos respetuosos con la misma. En cualquier caso, el Alto Tribunal se ha posicionado sobre una cita concreta, convocada en un contexto bien distinto al actual, definido por las fuertes expectativas de paz que generó el alto el fuego de ETA. Una situación que no permitiría aventurar cuál sería la actuación de jueces y magistrados si, en adelante, la izquierda abertzale rehúsa contribuir al final del terrorismo, persiste en dar cobertura a actos de violencia y pretende enredar a instituciones y partidos en su inmovilismo.Los argumentos del Supremo conllevan una advertencia implícita a quienes sientan la tentación de trasladar a los tribunales las disputas partidistas. Pero los propios miembros de la Magistratura deberían procurar que sus resoluciones, dispares en el caso de las reuniones con Batasuna, guarden coherencia y puedan ser comprendidas con claridad por la ciudadanía.