German Yanke, Rouco y la libertad evangelica

lunes 11 de agosto de 2008
Rouco y la libertad evangélica
GERMÁN YANKE
El curso político terminó con la entrevista entre el presidente del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal. Si se pretende
El curso político terminó con la entrevista entre el presidente del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal. Si se pretende encuadrar el encuentro, como se ha hecho oficialmente, en las relaciones habituales entre el Ejecutivo y la Conferencia habrá de reconocerse que Zapatero se ha hecho esperar para abrir las puertas al cardenal de Madrid al margen de la mucha corrección de la entrevista. Si esta revela una necesidad, la existencia al menos de una conversación en medio de las discrepancias, el retraso es símbolo de una situación tensa. «No espero generosidad alguna», dijo después el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Sebastián.
Algunas referencias periodísticas señalaron ese día que Rouco, al mismo tiempo que respetaba la autoridad legítima del Estado, reclamó «libertad evangélica» para defender la fe y la moral de la Iglesia y, en consecuencia, para criticar las leyes que se opongan a ellas. El comentario, aunque se entienda lo que se quiere decir, tiene que ser un error y, de hecho, la nota de la Conferencia Episcopal señala que su presidente dijo que ese era el modo de actuar de los obispos, no lo que reclaman. La libertad evangélica no puede entenderse sino pensando que el Evangelio es para la autoridad eclesiástica el único criterio y que, por lo tanto, debe actuar con independencia de todos los partidos y otro tipo de organizaciones, y no sólo del Gobierno.
Si ese es, o debe ser según su doctrina, el modo de comportarse de los obispos en la defensa de su fe y de sus postulados, la libertad de que gozan para manifestar su parecer y sus críticas es una libertad civil que, afortunadamente, está recogida en nuestra legislación. El Gobierno no se muestra «generoso» cuando acepta esas críticas, por duras que le parezcan, sino respetuoso con la ley, el derecho y el sentido común. No porque los católicos constituyan una mayoría sino porque son ciudadanos e instituciones con derechos inalienables.
La aclaración no es baladí porque, después de unos años en los que las relaciones del Gobierno con la Iglesia han sido malas y crispadas, convendría pasar, bajo esos principios, a otro estadio. El Gobierno puede no compartir o entender, el punto de vista de la Iglesia, pero tiene que aceptar como normal la discrepancia pública. La voluntad de «encerrar a la Iglesia en las sacristías», como se ha pretendido aduciendo que su papel «religioso» no puede ser público, es una aberración. No porque España sea, si es, un país católico, sino porque es un país democrático. Y porque el debate democrático quedaría quebrado sin la presencia de los puntos de vista religiosos de las «doctrinas generales», por utilizar una expresión de Rawls, que quieran colocarse en el espacio público.
Referencia moral
Del mismo modo, la Iglesia, que legítimamente defiende que un supuesto laicismo entendido como doctrina del Estado atenta contra su deber de neutralidad, no puede pretender que su fe y sus presupuestos morales sean fuente de las normas civiles. Reconocerlo parece parte de esa «libertad evangélica» entendida como presupuesto de un modo de actuar. Aun sosteniendo, como hace la Iglesia y recuerdan los documentos del Episcopado, que los procedimientos democráticos no son «la última referencia moral», tampoco puede negar, como institución que se mueve en democracia, que la fuente normativa del Estado no es la última referencia moral de uno o muchos de sus ciudadanos, sino el debate democrático. Una cosa es que el Estado respete los fines morales, abiertos y plurales, de sus ciudadanos y otra que se pretenda que cumpla propósitos morales concretos de forma directa, como explicaban Hayek y Burkhardt en contra del conservador Berns. «La moral de convicción, añadía Aron, no puede ser la moral del Estado».
La Iglesia, que tiene derecho a no ser apartada, debe tener en cuenta, en la manifestación de su doctrina, que, para influir en la legislación, no sirven sus legítimos dogmas, sino su capacidad de convicción en el debate democrático, que suele ser más eficaz y tranquilo que las manifestaciones y la petición de generosidad.

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20080810&idn=803722039878