Transportes y seguridad

Transporte y seguridad

Martes, 26-08-08

TODO accidente de un medio de transporte con un alto número de víctimas mortales genera sistemáticamente un efecto expansivo de temor a que las causas de la tragedia puedan reproducirse inevitablemente en cualquier momento y lugar, aunque no existan razones objetivas para temer una dinámica de esta índole. La catástrofe del avión de Spanair ha reproducido este esquema de reacción social, con sus derivaciones en la clase política y en los medios de comunicación, sin que predominen los análisis sobre seguridad -de fondo, estructurales y a largo plazo- que realmente requiere el nivel de desarrollo de las infraestructuras de transporte. Las dos responsabilidades principales que recaen sobre las administraciones públicas y sus departamentos y agencias competentes son, por un lado, ofrecer una explicación técnica del accidente del vuelo Madrid-Las Palmas que se estrelló en el aeropuerto de Barajas; y, por otro lado, dar a los ciudadanos suficientes garantías de que el transporte cuenta con una estructura adecuada de procedimientos de inspección, control y sanción. Ninguna administración u órgano estatal, agencia internacional o empresa privada puede eliminar completamente el riesgo de un accidente, pero sí debe estar en condiciones de evitar dudas -que luego siempre son amplificadas interesadamente- sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad que les correspondan.
Mucho -quizás demasiado- se está polemizando sobre aspectos colaterales al accidente del avión de Spanair, trufando a la opinión pública con especulaciones sobre la relación entre la tragedia y la situación empresarial de la compañía. Es lamentable que un accidente de esta magnitud dé lugar a reacciones oportunistas que animan -directa o indirectamente- a deslegitimar por anticipado cualquier conclusión oficial que acotara, por ejemplo, la tragedia a una concatenación de fallos técnicos imprevisibles.
Sin embargo, las administraciones públicas deben contar con este cuadro de reacciones que, por desproporcionadas que puedan ser, no les son ajenas en la medida en que existe la responsabilidad política y legal de acompasar el avance de los medios de transporte -tanto en su nivel técnico como en su frecuencia de uso- con una regulación eficaz de su actividad. Esta demanda afecta a toda clase de transporte -por carretera, aéreo, ferroviario, marítimo- y exige un debate político que diagnostique las carencias del sistema de control, inspección y sanción, y proponga los medios adecuados. En este terreno también hay sus buenas dosis de propaganda. Por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó en febrero pasado el estatuto de la Agencia de Seguridad Aérea, anunciada en septiembre de 2006 por la ministra de Fomento, como «respuesta» a los incidentes de ese año en el aeropuerto de El Prat. Dicha agencia estatal debió entrar en funcionamiento en junio para, entre otras funciones, mejorar la inspección de vuelos; y no lo hizo porque el Gobierno no tenía dinero para cubrir sus costes, fijados inicialmente en más de 35 millones de euros. Nada tiene que ver este enésimo ejemplo de trampa a la opinión pública con el accidente de Spanair, pero sí es un síntoma de incapacidad política para hacer las cosas con sentido de la anticipación y con un criterio sensato de las prioridades. El Gobierno de Rodríguez Zapatero debe una explicación elemental sobre cómo una agencia estatal aprobada en febrero -y con unas funciones muy importantes- carece de fondos sólo cuatro meses después. Explicaciones compatibles con la información que debe suministrar Fomento sobre la situación de las inspecciones aéreas.
Ser la octava potencia del mundo, como insistentemente ha estado recordando el presidente del Gobierno durante los últimos años, se demuestra no sólo exhibiendo las que antaño eran buenas cifras de crecimiento económico, sino también modernizando las estructuras de servicios a los ciudadanos, como el transporte, reflejo del nivel de desarrollo de un país y factor esencial en el concepto de seguridad que el ciudadano utiliza para medir su bienestar.

http://www.abc.es/20080826/opinion-editorial/transporte-seguridad-20080826.html