German Yanke, El PP y la financiacion autonomica

miercoles 20 de agosto de 2008
El PP y la financiación autonómica

Germán Yanke
En la financiación autonómica hay dos asuntos distintos. De un lado, la posición del Gobierno de Cataluña, que se apalanca en la “bilateralidad” recogida en su nuevo Estatuto para reclamar una negociación y un pacto particulares. De otro, el acuerdo mismo de financiación de las comunidades autónomas. Son de naturaleza distinta, pero los dos constituyen ahora mismo dos problemas.
La cuestión a dilucidar en el primero no es tanto si el presidente Rodríguez Zapatero va a ceder a las reivindicaciones del tripartito catalán, sino cómo se va a vestir (o maquillar) el modo en que el Estado va a aportar a Cataluña lo que esta comunidad autónoma quiere ya sea directa o indirectamente, es decir, ya sea a través de la Generalidad o de la acción del Gobierno central allí. Ni Montilla, a pesar de las bravatas, se puede permitir una quiebra de las relaciones de su Gobierno con el de Rodríguez Zapatero o de las de los socialistas catalanes con el PSOE, ni el presidente, a pesar de la formulación de intransigentes principios, puede poner en peligro el apoyo de los 25 diputados del PSC ni en los Presupuestos y en otras leyes. Así que la bilateralidad se convertirá en acuerdos dentro y fuera de la “financiación multilateral” y la igualdad de trato a las distintas comunidades pasará a ser una cuestión de presión: quién más y más eficazmente presione, más conseguirá.

El segundo no afecta a la estructura constitucional del Estado, como lo hacen las pretensiones catalanas, pero no por ello deja de ser un galimatías en el que las distintas comunidades autónomas quieren obtener la mayor parte posible del pastel esgrimiendo distintos criterios de valoración. No hay en esto un planteamiento ideológico, sino la defensa de meros intereses y, por ello, las posiciones no responden al color político de los gobiernos autonómicos. Cada vez que se llega a un acuerdo en materia de financiación autonómica, en la que se suelen dirimir las diferencias a costa del Estado, con la correspondiente merma de la eficacia real de las políticas generales, se asegura que tendrá validez para mucho tiempo. Poco después se vuelve a las mismas. A los gobiernos autonómicos no sólo hay que pedirles lealtad constitucional al Estado, sino que sustituyan la voracidad por la eficiencia general.

En este contexto, el PP tiene un reto importante al que debería responder cuanto antes. No se trata ya de subrayar las dificultades con las que se encuentra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, algo que se hace con constancia, ni tampoco de insistir en que el principal partido de la oposición está dispuesto a ayudar a aquel para salir del atolladero. Sería muy conveniente e ilustrativo, también como pedagogía política y visualización de una alternativa creíble, que el PP hiciera público su modelo concreto, aquel en el que, al menos estuvieran de acuerdo las comunidades en las que gobierna y que, hasta el momento, se refugian en la batalla guardándose cada una armas distintas y dispares.

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