Desafio catalanista

Desafío catalanista

Jueves, 07-08-08
LAS discrepancias sobre la financiación autonómica han hecho saltar todas las alarmas en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Lo más significativo es que el PSC, lejos de acudir en auxilio de Rodríguez Zapatero, se ha puesto a la cabeza de la manifestación y promueve junto con CiU un frente catalanista para exigir que se cumpla el estatuto. Por supuesto, ni José Montilla, ni el tripartito que preside, ni Artur Mas y el sector «soberanista» de Convergencia se toman la molestia de esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Muy al contrario, amenazan con acudir a «otras vías» para defender el autogobierno «a capa y espada», en términos poco afortunados del número dos del PSC, Miguel Iceta. Por su parte, el consejero Joaquín Nadal, otro hombre fuerte del socialismo catalán, advierte sobre la necesidad de un acto unitario en defensa de los intereses de Cataluña, fiel reflejo de esa concepción suprapartidista de la supuesta nación que proclama el preámbulo estatutario. Lo cierto es que se acerca peligrosamente el 9 de agosto, fecha límite para el acuerdo de financiación, y todo apunta a que este punto clave en el desarrollo del estatuto será un fracaso sin paliativos. La tensión se palpa en el ambiente por mucho que desde el PSOE traten de quitar importancia al problema, asegurando que las relaciones con la Generalitat son «magníficas».
El presidente del Gobierno no se puede llamar a engaño porque esta es la consecuencia directa del desbarajuste territorial que él mismo impulsó en la pasada legislatura. Rodríguez Zapatero salvó a última hora un texto que estaba a punto de naufragar en sede parlamentaria. Impuso a José Montilla frente a Pasqual Maragall con la promesa de un desarrollo rápido y completo del estatuto, y ahora se ve obligado a echar el freno a causa de la crisis económica y de la rebelión -más o menos explícita- de los «barones» regionales de su partido, que temen sufrir las consecuencias electorales por la quiebra del principio de solidaridad. Al comprometer con Cataluña una financiación privilegiada en el marco de una relación bilateral, se ha creado un evidente agravio comparativo y se hace imposible el ejercicio de las funciones que la Constitución atribuye al Estado en garantía de la igualdad de todos los españoles y el equilibrio territorial. Como las concesiones a los sectores radicales nunca tienen límite, el PSOE se encuentra ahora con que, lejos de cualquier gratitud o reconocimiento, el propio PSC es el que tensa la cuerda para reclamar lo que todo el mundo sabe que no puede obtener. Por desgracia es el resultado lógico de una política sin sentido, basada en la discriminación y el egoísmo, sin que nadie se ocupe de la defensa del interés general.
Dadas las circunstancias es imprescindible que el Tribunal Constitucional acelere los trabajos ya iniciados para dictar sentencia cuanto antes, una vez cubierta la plaza vacante en los términos pactados por Zapatero y Rajoy en La Moncloa. Mientras tanto, los plazos que fija el estatuto para el acuerdo sobre financiación tienen una naturaleza provisional, pendiente de confirmación por el intérprete supremo de la Constitución. En todo caso, la responsabilidad política de este desafío soberanista incumbe al presidente del Gobierno por su grave falta de sentido de Estado y también, por supuesto, a los partidos que lo promueven. PSC y CiU han entrado en una extraña dinámica para ver quién se acerca más al electorado radical, como si trataran de disputar el espacio político a ERC, alejándose de los sectores moderados. Por supuesto, en un Estado de Derecho no hay «otras vías» para defender una posición política más allá del respeto a las instituciones y a las reglas del juego. Desde este punto de vista, el PSOE debe exigir al PSC que modere de inmediato sus palabras y sus actitudes para dejar de lado el mensaje equivocado que ahora transmite a los ciudadanos.

http://www.abc.es/20080807/opinion-editorial/desafio-catalanista-20080807.html