Manuel de Prada, Destrozando vida

jueves 28 de julio de 2011

Animales de compañía, por Juan Manuel de Prada

Animales de compañía

Destrozando vida

Leo que a la atleta Marta Domínguez la han exculpado del cargo de suministro de fármacos prohibidos, después de que fuera detenida, con gran despliegue policial y ventolera mediática, en una operación contra el dopaje deportivo. Queda por dilucidar si la atleta cometió algún tipo de infracción fiscal, aunque es probable que en unas pocas semanas este cargo también sea retirado; pero las imputaciones más graves, las que de la noche a la mañana la derribaron del podio de la adoración, arrojándola al barrizal del desprestigio, se han esfumado. Y uno, ante noticias así, se pregunta: ¿Y quién devuelve ahora el honor destruido a esta mujer? ¿Quién la resarce de las afrentosas imágenes que divulgaron las televisiones y los periódicos cuando fue a declarar ante el tribunal? ¿Quién la compensa por todos estos meses en los que se ha visto escarnecida y vilipendiada, arrastrada por el fango y expuesta a la reprobación social? No defendemos aquí que Marta Domínguez, por ser una mujer de relevancia pública, merezca un trato privilegiado; aunque, desde luego, precisamente porque su celebridad puede convertir cualquier atribución delictiva que se le haga en motivo de escándalo, hubiese sido aconsejable que la investigación se hubiese desarrollado con el más discreto celo. Pero ahora se demuestra que Marta Domínguez, más allá de su notoria celebridad, era inocente del delito que se le imputaba; inocente hasta donde la certeza humana puede alcanzar. ¿Se ha respetado su presunción de inocencia?

En una época como la nuestra el principio de presunción de inocencia no puede circunscribirse al ámbito estricto y formalista del proceso judicial; su garantía debe extenderse a ese brumoso territorio que denominamos `opinión pública´. ¿Es compatible una detención como la que sufrió Marta Domínguez con la presunción de inocencia? ¿Es compatible con la presunción de inocencia que los entresijos de las operaciones policiales que precedieron a su detención sean desmenuzados en las tribunas mediáticas? ¿Y que se filtren los sumarios judiciales? ¿Y que se monten juicios paralelos en la prensa? El sensacionalismo que ha rodeado el caso, la ordalía pública que durante estos meses se ha organizado en torno a la atleta, ¿son compatibles con la presunción de inocencia? Que Marta Domínguez haya sido ahora exculpada, ante los ojos de una `opinión pública´ ahíta de carnaza informativa, es ya lo de menos; antes de que el juez archivara los cargos contra Marta Domínguez, la `opinión pública´ ya la había juzgado. Y condenado. Y la sombra de esa condena perseguirá a la atleta mientras viva, como un sambenito aflictivo.

Se ha insinuado, incluso, que Marta Domínguez fue detenida porque así se decretó desde altas instancias políticas, para de este modo distraer la atención de la `opinión pública´ de otros asuntos más hirientes y escandalosos que a esas altas instancias políticas les convenía mantener `dormidos´, o siquiera protegidos del escrutinio mediático. Sin entrar a considerar tales especulaciones, lo que sí parece probado es que la prensa ha divulgado particularidades de esta operación policial que tendrían que haber permanecido en el más riguroso secreto. Nunca sabremos si esa divulgación es fruto de `soplos´, de negligencias o de una práctica periodística poco escrupulosa; sabemos, en cambio, que el daño que se ha hecho a la atleta es irreparable. Vivimos, se dice siempre, en una «sociedad del espectáculo»; bajo este sintagma eufemístico se cobija una exaltación de la llamada `libertad informativa´ convertida en salvoconducto para la expendeduría de carnaza, lograda a través de los métodos más sórdidos e inescrupulosos. Los medios de comunicación deberían meditar seriamente, si no desean que su menguante prestigio acabe extinguiéndose por completo, los fundamentos de su misión: no se puede alimentar la curiosidad de la llamada `opinión pública´ a costa de desbaratar famas y aventar turbios rumores. Y esta reflexión perentoria debería extenderse a quienes tienen como cometido perseguir el delito y administrar justicia: confundir ese cometido con la propagación de la sospecha y la `espectacularización´ de las acciones policiales y judiciales solo contribuirá a su propia degradación. Y, de paso, a destrozar vidas: las de quienes sufren en sus propias carnes los zarpazos del sensacionalismo mediático; pero también las de quienes nos alimentamos de esa carroña y nos refocilamos en su podredumbre.

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