Garcia Brera, La actividad de algunos políticos está descrita en el Código Penal

viernes 22 de julio de 2011

La actividad de algunos políticos está descrita en el Código Penal

Miguel Ángel García Brera

S IN entrar ni salir en el debate, interesado, en que unos u otros interpretan la ocasión elegida para comunicar la decisión de dimitir del que ha sido, hace menos de dos meses, refrendado mayoritariamente por el pueblo como presidente de la Generalidad valenciana, si quiero decir que tal elección del momento me parece irreprochable. En España había un ordenamiento penal en el que no había imputados y los procesados no tenían más alternativa que “confesarse” ante su abogado y darle la oportunidad de demostrar a lo largo de la instrucción, que hacía un juez, o ante un tribunal (unipersonal o colegiado según los casos) en un juicio, que su cliente era inocente, culpable con eximentes o atenuantes o culpable simplemente. Eran tiempos en que, cuando asistía a un juicio de película americana, me crispaba en las escenas en que el acusado era preguntado sobre si se declaraba inocente o culpable, sometido a lo que considero una extorsión injusta, ya que la aceptación de la culpabilidad suponía no sentarse en un banquillo y ventajas a la hora de la pena a imponer. Además en tales juicios americanos me exasperaba asimismo comprobar que el Fiscal y los Defensores podían llegar a acuerdos de menores penas a las, en principio, solicitadas por los acusadores, si se llegaba a un pacto.

Pues bien, ahora en España ya son admitidas y frecuentes esas prácticas que me parecen una ofensa al Derecho, vergonzantes para un sistema penal justo, y que sólo obedecen al afán de quitar trabajo a los tribunales, en lugar de ampliar las plantillas para que puedan ejercer el que sea preciso. Por si fuera poco, el actual ministro de Justicia pretende aprobar una norma que separe de la instrucción penal a los jueces, -cuya independencia todavía, aunque muy mediatizada, es visible en muchos casos-, pasando a un sistema en que el instructor sea el Fiscal, absolutamente sometido a una línea jerárquica dependiente del Gobierno. Un Gobierno, un Ejecutivo identificado con el Legislativo en los casos de mayoría absoluta o casi en el resto, que, por si fuera poco, designa a los miembros del Tribunal Constitucional y a los del Consejo General del Poder Judicial. Si de estos nombramientos traen causa, a mi modo de ver, las pérdida de independencia judicial de algunos jueces o tribunales, ¿qué no sucederá si el Gobierno tiene en las manos, a través de sus Fiscales, la instrucción de los procesos? Si hoy ya se nota la influencia del Ejecutivo a la hora de presionar a algunos jueces, en función del color político de los acusados, ¿qué será si entra en vigor la reforma que se propone?

Tras las anteriores reflexiones, debo alabar la postura de quien siempre ha manifestado que nadie le ha regalado unos trajes y sigue manteniéndolo, aunque para él hubiera sido muy conveniente aceptar la versión adversaria, pagar la multa y seguir siendo presidente de la Generalidad valenciana, con la seguridad de que quienes le conocen y el pueblo de Valencia -que ya sabía lo de los trajes, y le ha votado en multitud- comprenderían que, no es que fuera culpable ni mentiroso, sino que había aceptado la “extorsión” para no verse metido en un juicio, ni expuesto a penas de otra índole.

Y ahora me queda aludir a la sorpresa. Si fuera cierto que un presidente acepta unos trajes de regalo, sin que se le haya imputado hacerlo a cambio de una irregularidad en su cargo, ¿debería ser castigado penalmente? ¿Habría que hacerlo también con el presidente de un Gobierno que no desmiente el reiterado recibo, pregonado por el pintoresco expresidente cántabro, de unas latas de las mejores anchoas del mundo?¿Habría al menos que investigar, no ya el déficit, el despilfarro y las facturas impagadas por un presidente autonómico, sino su “ laissez faire” a una Caja de Ahorros llevada a la ruina por concesión de créditos a amigos y copartidarios? ¿No merecería alguna imputación penal, el favor en créditos y subvenciones vía familiar de un presidente, con conocimiento, además, de cuestiones tan vidriosas como obtener una pensión o ventajas en los ERES, de gentes que empezaban, supuestamente, a trabajar en determinadas empresas cómplices, el mismo día en que nacieron? Las infidelidades contables detectadas en distintas ocasiones por el Tribunal de Cuentas, ¿no son exigibles más allá de lo político a quienes tienen la sartén por el mango en las decisiones económicas del Gobierno o de las Comunidades Autónomas?

Podría añadir muchas preguntas y creo que todas ellas merecerían, con el Código Penal en la mano, una respuesta afirmativa. Hay un grado de inmunidad conveniente, necesario y justo para los políticos, pero en el mal ejercicio del poder, no sólo deben estar penados los genocidas, sino también quienes, por excesivamente ignorantes, indolentes, negligentes o aprovechados, causan daños graves a la economía u otros aspectos vitales para las naciones. Un Gobierno que alcanza cinco millones de parados, por mucha crisis exterior que alegue, si se aferra al Poder, debe ser responsable, no sólo político, del daño que, en su caso, siga causando a la economía y a los ciudadanos. Si viviéramos en una democracia auténtica, no sería difícil para los obligados a la acusación, hallar, incluso en los Códigos vigentes, tipos penales en los que encuadrar conductas como la arbitrariedad en el uso de los fondos y bienes públicos, la deslealtad al país, el tráfico de influencias, el enriquecimiento abusivo, y otras. La regeneración es urgente, si España quiere recuperar su pulso


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