German Yanke, Sensatez abortada

Germán Yanke

Sensatez abortada

2 comentariosComentarTwitterMeneameFacebookEnviar Email ImprimirA Aumentar tamaño de fuente Reducir tamaño de fuente Después de la polémica sobre el Tribunal Constitucional, agriamente aventada mientras se esperaba la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, se podía volver a sacar las consecuencias adecuadas de la declaración en el Congreso del presidente Rodríguez Zapatero acerca de la responsabilidad de los políticos –y no de los magistrados- en la falta de renovación del mismo. Realmente no sólo se debía atender a su mera renovación, ya que su imposibilidad era una de las causas del desprestigio del Tribunal, sino al propio sistema de la misma, que es, sin duda, la razón por la que los ciudadanos ven en él una suerte de reproducción en miniatura de las Cortes y sus discusiones políticas. Vana esperanza por lo que se está viendo.

El Gobierno, pasado el apuro de la sentencia sobre el Estatuto, quiere renovar los magistrados que corresponde sean sustituidos, con una urgencia que, al parecer el PP no tiene. Sin embargo, no parece que se trate de remediar un absurdo institucional sino de no encontrarse con problemas similares en la discusión de los recursos sobre la Ley del Aborto. Se hacen cábalas sobre la ideología, la procedencia partidista o las convicciones religiosas de los magistrados y se busca una renovación que no tumbe ese –sorprendentemente- “gran éxito” de la legislatura. El PP, que ha recurrido la ley, opone sus quejas y pretende reiniciar los procedimientos para demorar la renovación y conseguir, si es el caso, que haya una nueva sentencia que golpee sobre las pretensiones gubernamentales.

No es la Ley del Aborto una cuestión sin importancia. De eso no hay duda. Ni de la gravedad de los argumentos que se han puesto sobre la mesa en la discusión de la misma o que aletean en los votos de los miembros del Constitucional sobre la cuestión que ya han decidido, es decir, la no suspensión cautelar de la Ley hasta que se formalice la sentencia. No es cuestión baladí pero no es –o no puede ser- el tema que detenga o acelere la renovación del Tribunal. Los políticos, del PSOE o del PP, no pueden elegir magistrados en función de conseguir una mayoría que les de la razón o se la quite al adversario. Esta discusión de ahora revela que la politización e instrumentalización del Constitucional no es un accidente que se haya inflamado con el sensible tema del Estatuto de Cataluña, sino un mal endémico de nuestro sistema político que, sencillamente, no se quiere solucionar.

Este momento, al margen de leyes de mayor o menor importancia, tenía que ser el de la búsqueda de un consenso acerca de magistrados que, en vez de representar mayorías o minorías políticas, representen –por su independencia y preparación- a todos los ciudadanos que quieren tener en la Carta Magna una garantía suficiente del correcto funcionamiento de la democracia. Un consenso que diera con personas idóneas para esa alta función que tuvieran el apoyo de todos en vez del ridículo respaldo (ridículo desde una concepción razonable de las instituciones democráticas) de unos u otros. Parece que, por el momento, la ocasión se ha perdido y la sensatez se ha abortado.

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