Respuestas adecuadas en tiempos de incertidumbre

martes 1 de abril de 2008
Respuestas adecuadas en tiempos de incertidumbre
Por Juan E. Iranzo, Director General del Instituto de Estudios Económicos
EN los momentos actuales, estamos asistiendo a cambios estructurales que están consolidando una nueva realidad económica, caracterizada por la globalización. Los cambios tecnológicos, gracias a la revolución de las comunicaciones y del transporte, así como institucionales, fruto de la liberalización de los mercados, están impulsando las fuerzas competitivas que, a su vez, han permitido un crecimiento intenso, equilibrado geográficamente y sostenido en los últimos años. Estamos asistiendo a una creciente interdependencia de los mercados mundiales de bienes, de servicios y de factores, lo que permite una mejor asignación de los recursos y, como consecuencia de ello y de la creciente competencia, una oferta de bienes y servicios más barata y de mayor calidad, que están definiendo un nuevo ciclo económico. Asimismo, el aumento de la renta y del bienestar se extienden a un número creciente de países en Asia, en Iberoamérica y en Europa Central. Del mismo modo, hemos asistido a la creciente globalización de los mercados financieros que, incluso, está superando la capacidad de respuesta ante los posibles problemas que puedan plantear la aparición de una serie de actividades completamente novedosas, las numerosas innovaciones financieras y la configuración de un marco institucional supranacional. La aplicación de recetas obsoletas a problemas nuevos ha provocado que la economía mundial se encuentre actualmente en una etapa de elevada incertidumbre como consecuencia del estallido de la crisis de las hipotecas subprime, cuyo alcance y consecuencias son difíciles de predecir. El principal canal de transmisión de la misma hacia el conjunto de la economía está siendo el incremento del coste del dinero, por el aumento de la prima de riesgo y por el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito. A todo lo anterior se le añade el acusado encarecimiento de los precios del petróleo, al que en los últimos meses se añade también el de los alimentos, lo que ha desembocado en notables rebrotes inflacionistas en todo el mundo, como consecuencia tanto del incremento de la demanda como por su carácter de «inversión refugio», junto al oro.
Los bancos centrales, en aras de contribuir a la estabilidad financiera, han asumido su papel de prestamistas de última instancia y han respondido a la crisis desatada en los mercados interbancarios con fuertes inyecciones de liquidez, y con recortes en los tipos de interés, como en el caso de la Reserva Federal estadounidense, o con una paralización de los planes de subidas de éstos, como en el caso del Banco Central Europeo. El peligro de que se produzca una crisis sistemática a causa de una pérdida de confianza ha pesado más que el miedo a caer en una situación de riesgo moral, es decir, que las actuaciones de las autoridades monetarias puedan estar alentando un comportamiento irresponsable en el futuro por parte de los mercados financieros ante la seguridad de que, en caso de que se desencadenara una crisis, los bancos centrales acudirán siempre en su apoyo. A pesar de esta situación, la economía mundial puede crecer por encima del 4 por ciento, si bien de manera asimétrica, con un gran dinamismo en China, en la India y en Iberoamérica, países que actualmente cuentan con capacidad de financiación, cuyos fondos soberanos están resolviendo algunos problemas de capitalización en grupos financieros occidentales, y con un lento crecimiento en la Unión Europea y en Japón; por su parte, Estados Unidos registra cierto estancamiento por la crisis sufrida en el primer semestre. Así, la crisis de confianza no se disipará hasta que se conozca la solvencia real de las instituciones financieras.
La crisis financiera ha causado un impacto muy negativo sobre la economía española, cuya demanda de consumo y de inversión se estaba desacelerando desde junio del pasado año. Los mecanismos de transmisión directa de la crisis son, fundamentalmente, la elevación de los precios de las materias primas, que alimentan nuestra inflación; la apreciación del euro, que nos resta competitividad; y, sobre todo, la restricción del crédito internacional, elemento necesario para financiar un déficit por cuenta corriente de un -10 por ciento del PIB, lo que incide negativamente en el consumo y en la inversión. Todos estos factores están acentuando la desaceleración del crecimiento, que podría situarse en el 2,5 por ciento de media en este año, con un claro perfil descendente. El sector más perjudicado es la construcción residencial que actualmente se encuentra en recesión. Asimismo la desaceleración del crecimiento económico español está ralentizando la creación de empleo, que incluso podría registrar saldo negativo en los últimos meses del año. Por su parte, los desequilibrios básicos, como son la inflación y el déficit exterior, se encuentran desbocados. Por tanto, el aumento de nuestra competitividad y del potencial de crecimiento, son los retos fundamentales a los que se debe enfrentar, inmediatamente, el nuevo gobierno. El fuerte déficit de la balanza corriente pone de manifiesto la fragilidad de nuestro sector exterior y provoca grandes necesidades de financiación exterior, que, en estos momentos de restricción internacional del crédito, puede limitar seriamente la formación de capital y, por tanto, la generación de empleo. Las reformas estructurales constituyen el único camino posible para mejorar nuestra competitividad. Por tanto, es necesario acometer la reducción estructural de los impuestos; la flexibilización del mercado laboral; la liberalización de los mercados de bienes y servicios y el desarrollo de las infraestructuras de transporte de mercancías, muy especialmente en el eje Mediterráneo que conecta con Francia. Asimismo es imprescindible garantizar el abastecimiento energético, por lo que resulta fundamental poner en valor las posibilidades de la energía nuclear y no cerrar ninguna central actualmente en producción. También se hace necesario impulsar una política de agua que introduzca criterios de mercado. En materia de competitividad es fundamental adecuar la formación a las necesidades del sistema productivo e impulsar una política de I+D+i auténticamente destinada a los requerimientos de las empresas. El incremento de los costes de transacción, debidos a la ruptura de la unidad de mercado, al inadecuado funcionamiento de la justicia económica y a la inseguridad jurídica en las decisiones administrativas, se deben frenar inmediatamente por parte del nuevo gobierno. Es necesario sustituir la reciente y nefasta Ley del Suelo por otra nueva, que lo liberalice y que, por tanto, reduzca significativamente su impacto sobre el coste de la vivienda y elimine uno de los más importantes nichos de corrupción. El aumento del potencial de crecimiento y de la competitividad de nuestra economía tendría un efecto muy positivo sobre la reducción de nuestros desequilibrios básicos, la inflación y el déficit exterior.
Asimismo se debe conseguir un auténtico desarrollo sostenible, entendido como difícil equilibrio entre cohesión social, crecimiento económico y protección del medio ambiente. Por tanto, se imponen políticas de reforma de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria, así como de racionalización de las medidas de impacto medioambiental. Sin embargo, el nuevo gobierno debe evitar caer en la tentación de seguir incrementando el gasto público y de practicar el intervensionismo en la actividad económica.
Una vez más hay que resaltar que el progreso económico y social sólo se produce mediante la economía de mercado, la libertad empresarial y las condiciones estructurales que permitan desarrollar estos potenciales, especialmente en los momentos actuales. Las políticas intervencionistas y de subsidio que se proponen como solución son caras, injustas y contraproducentes, puesto que generan expectativas negativas, e incluso pueden atentar contra la libertad individual, concepto fundamental en sí mismo, que es el resultado de la conjunción indivisible entre libertad civil, libertad política y libertad económica: si alguna de ellas se cercena, se daña la libertad como condición esencial de las personas.
JUAN E. IRANZO
Director General del Instituto de Estudios Económicos

http://www.abc.es/20080401/opinion-la-tercera/respuestas-adecuadas-tiempos-incertidumbre_200804010253.html