Jose Melendez, La Justicia

jueves 24 de abril de 2008
La Justicia
José Meléndez
N O hace falta recordar una vez mas a Montesquieu para reconocer que la Justicia estuvo maltratada en España en la época franquista, porque la Justicia es el bastión donde se apoyan las libertades y derechos de la sociedad, que queda desamparada cuando las instituciones jurídicas pierden su sagrada e independiente misión por intromisiones autoritarias o partidistas. Pero en la Transición, con todas las esperanzas y alegrías que despertó la nueva situación, la Justicia siguió estando maltratada cuando nació una asociación llamada Jueces para la Democracia, que se unió a las ya existentes de carácter exclusivamente profesional, y que pronto mostró su verdadero fondo político, adscrito a la izquierda llamada progresista. Su propio nombre es un contrasentido, porque jueces para la democracia en que vivimos son todos los que visten una toga con la suprema misión de interpretar y aplicar las leyes. Desde entonces, se ha entablado una lucha, soterrada pero feroz, entre dos bandos, que se denominan progresistas y conservadores, por controlar las altas instancias de la Judicatura. Fue el gobierno de Felipe González el que introdujo la legislación para el nombramiento de los altos cargos en la Judicatura, pero el pecado no es solamente suyo, porque el gobierno de José Maria Aznar también mostró una evidente complacencia con el sistema, sin variarlo. Pero es ahora, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se evidencia mas ese afán del Legislativo por tener el control del aparato judicial a través del ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado. Los resultados están a la vista. La actuación de Conde Pumpido como jefe supremo de los fiscales es, cuando menos, lamentable, sobre todo en el bochornoso “proceso de paz” con el que Zapatero quería colgarse la medalla de haber terminado con el terrorismo de ETA. Cuando la negociación con la banda terrorista parecía caminar mas o menos bien, Conde Pumpido y sus fiscales adeptos no vieron delito en las actuaciones de De Juana Chaos o Arnaldo Otegui ni motivos de ilegalización para las “nekanes” del Partido Comunista de las Tierras Vascas ni los acólitos de ETA de ANV. Y cuando el “proceso” se rompió, De Juana y Otegui, con toda la cúpula de Batasuna, acabaron en la cárcel y los proetarras ilegalizados por las mismas pruebas que existieron desde un principio y que entonces no se habian considerado suficientes. Y ahora, tras una pelea de recusaciones y maniobras secretas, el ministro Bermejo ha conseguido que el Tribunal Constitucional considere prorrogado el mandato de su presidenta María Casas, con la importancia que eso puede tener en la próxima sentencia del tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el texto del estatuto de Cataluña. El mismo ministro que tachó al Consejo General del Poder Judicial de “ilegal” por tener cumplido su mandato, que terminó su vida natural en el 2006 y no ha sido renovado todavía por el desacuerdo entre los dos grandes partidos. El PSOE y el PP están embarcados desde hace bastante tiempo en una negociación interminable para acordar esta renovación y ahora, después de las elecciones, la negociación parece haberse desbloqueado y se han reanudado los contactos con dos portavoces nuevos, José Antonio Alonso, juez de profesión, por el PSOE y Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, por el PP, habiéndose incorporado a las conversaciones el ministro de Justicia Mariano Fernández Bemejo, a quien Zapatero eligió para el cargo con ese prioritario objetivo. Bermejo, que es fiscal, tiene una bien ganada fama de bronquista y de izquierdista con una indisimulada fobia contra cualquier otra ideología. Dicen que es un duro negociador, aunque tardó mas de dos meses en intervenir y solucionar la huelga de los funcionarios de Justicia, cuando ésta había hecho ya un gran daño en el normal desempeño de la vida judicial. Y, según los hechos, su experiencia en renovaciones le ha costado al erario público un cuarto de millón de euros en el acondicionamiento de su piso oficial. Todo esto no presenta un buen panorama para que las negociaciones se lleven a buen puerto, hasta que, al menos, el TC dicte sentencia sobre las posibles inconstitucionalidades del estatuto catalán, pieza fundamental en la política territorial de Zapatero. Las nuevas conversaciones parece que han comenzado con buenas perspectivas El PP está decidido a que esta negociación incluya una reforma global del estado actual de la Justicia –que no olvidemos que es un tema de Estado- y aunque el PSOE está de acuerdo, en principio, sigue empeñado en centrar su interés en el CGPJ y en el TC. La reforma del sistema judicial es imprescindible porque no se puede tolerar que en un Estado de derecho se den casos como los que se han venido registrando últimamente de errores judiciales, negligencias y olvidos en los juzgados de instrucción, dando lugar a que un pederasta mate a una niña cuando debía estar en la cárcel; un marido energúmeno asesine a su ex esposa que debía estar mejor protegida y la localizó por el error de una jueza que le dio la pista de donde se escondía; un loco se pasee por la calle con la cabeza de su madre a la que había decapitado en una muerte anunciada; unos terroristas sean excarcelados por error y un inocente pase dos años en la cárcel porque a la jueza se le olvidó firmar su libertad. Estos son hechos inadmisibles que reclaman una revisión a fondo del sistema por el que se rigen los juzgados y las audiencias, así como es inadmisible también la tremenda lentitud de los procesos judiciales. Los jueces protestan porque están agobiados de trabajo, ya que los expedientes se acumulan en los juzgados (y ahora mas, como consecuencia de la reciente huelga de funcionarios) pero hay que llegar a la raíz del problema y poner los medios técnicos y humanos para que esa acumulación no se produzca. La creación de Consejos autonómicos, que el PSOE acepta por ser una demanda de los nacionalistas, no sería una solución en la modernización de la Justicia porque se añadiría más burocracia y se podría terminar habiendo 17 Consejos autonómicos con una constante y farragosa pugna de competencias, aumentando, además, la interinidad que tan desastrosos resultados está dando actualmente.. La solución que propone el PP es dotar al CGPJ de un poder más amplio y mas independiente y reforzar la autoridad del Tribunal Supremo, que viene sufriendo encontronazos con el Tribunal Constitucional, que es una institución cuya misión es exclusivamente la de velar por la constitucionalidad de los hechos y sentencias. Va a ser muy difícil recomponer la maquinaria judicial., viciada por las rutinas y superada por el volumen del trabajo pendiente. Y mas difícil todavía despolitizarla. Pero hay que intentarlo por todos los medios si no queremos hacer buena la famosa frase del fogoso ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que afirmó que la Justicia es un cachondeo, porque su correcta administración es la suprema defensa que tenemos los ciudadanos..

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