miercoles 26 de abril de 2006
Rajoy reta a Zapatero a admitir la «iniciativa democrática» de consultar a todos los españoles
Califica la campaña «pro referéndum» que su partido comenzó hace dos meses y medio como la propuesta «más respaldada de la democracia española desde 1978»
IGNACIO GIL Rajoy, con Piqué, rodeado de cajas con los más de cuatro millones de firmas
CRISTINA DE LA HOZMADRID. Veintidós palés de documentos, 876 cajas, diez furgonetas y 4.028.396 firmas. Con este «equipaje» se presentó ayer el líder del PP, Mariano Rajoy, ante el Congreso de los Diputados para reclamar al presidente del Gobierno que convoque un referéndum de ámbito nacional en el que se pregunte a los ciudadanos sobre la continuidad del actual modelo de Estado, en peligro, a decir de los populares, tras la aprobación del nuevo proyecto de Estatuto para Cataluña.Se trata, a juicio de Rajoy, «de la iniciativa política más respaldada de la democracia española desde 1978», y la buena acogida «es prueba de la vitalidad de los ciudadanos. La gente quiere opinar y pide al Gobierno que lo haga. Los españoles quieren participar en aquellos temas que les afectan».En unas declaraciones efectuadas a las puertas del Congreso de los Diputados, rodeado de cajas y con el telón de fondo de los leones de las Cortes, Rajoy defendió la iniciativa de su partido, que calificó de «exquisitamente democrática», hasta el punto de que consideró una «exigencia» que Zapatero «acepte» el envite, «porque es esencial que todos los españoles puedan decidir sobre las reglas del juego y las normas de la convivencia».Pacto del 78Flanqueado por cuatro de sus seis diputados catalanes, además de por Josep Piqué y por la cúpula del partido, hizo un repaso de lo que supuso el pacto constitucional de 1978, momento en el que «todos afirmamos que España era una nación y los españoles iguales en derechos y deberes». Ahora, continuó narrando, «comienzan a tomarse decisiones desde distintos territorios de España que no van en la línea de lo que se dijo entonces, surgen nuevas naciones, se habla de realidades nacionales y cada uno toma decisiones sin contar con el conjunto de los españoles». En definitiva, sentenció el líder del PP, las decisiones que se tomaron en 1978 «se liquidan por la puerta de atrás».Rajoy admitió la posibilidad de que se abra un debate sobre el modelo de Estado, pero siempre y cuando puedan manifestarse en las urnas, como en 1978, todos los españoles, «y no sólo una parte», de modo que lo que es España «no lo puedan decidir diecisiete estatutos de autonomía».El referéndum sobre la Constitución Europea fue uno de los argumentos que esgrimió el líder de la oposición para reseñar que si aquel texto era significativo, «esto que estamos planteando aquí es muchísimo más importante», pues se trata de «dilucidar a lo que aspiramos como país, si queremos ser una nación y si deseamos que la cohesión continúe siendo un principio inspirador de la convivencia», dijo.«Se está decidiendo, desde los distintos estatutos, que España no sea ya un estado autonómico sino una confederación de estados. Eso, si queremos, podemos aprobarlo, pero requiere una reforma de la Constitución y que todos los españoles opinen», reiteró Rajoy en una prolija intervención que adelantó muchos de los contenidos que expondrá en la Cámara Baja durante el debate de la proposición no de ley.Se negó, por otro lado, a poner etiquetas ideológicas a la iniciativa de su partido, hasta el punto de asegurar que muchas de las firmas estampadas en los 450.000 pliegos presentados ayer son de ciudadanos que militan en otras formaciones políticas. Señaló que éstos «no se arrepentirán nunca» por haber apoyado algo «en lo que creen millones y millones de españoles», de modo que tanto en la época de Adolfo Suárez como en la de sus sucesores en La Moncloa -esto es, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar- se mantuvo un consenso básico que «es la primera vez que se rompe».Sin etiquetas ideológicasAl igual que no quiso etiquetas ideológicas, rechazó las que le tachan de «anticatalanista» y defendió que su petición de referéndum de ámbito nacional «no va contra nadie», dado que su único objetivo es impedir otra deriva que no sea la del modelo constitucional de 1978. Al hilo de esta reflexión, comentó que «no hay ningún país del mundo que se divida en naciones, realidades nacionales o subnaciones. ¿Qué es España entonces? ¿Una región?».El líder del primer partido de la oposición reiteró sus argumentos en el sentido de que España «camina en dirección contraria» a la del resto de los países de nuestro entorno. Mientras se crean «grandes realidades supranacionales» -ejemplificadas fundamentalmente en la Unión Europea-, consideró que lo que aquí se dirime es un reparto de poder partidista en que el interés de los ciudadanos «no importa nada». En este sentido, comentó que las propuestas de reforma estatutaria «van en contra la libertad de la gente», ya que diseñan modelos que «imponen un sinfín de obligaciones» a los ciudadanos e intervienen en todas las parcelas de su vida.Después de recordar en que países tan poderosos como Alemania se está reformulando el reparto competencial de su modelo federal para reforzar al Estado central y afrontar los retos del futuro, dibujó un sombrío panorama al comentar que vamos «hacia un Estado débil, menguado, sin competencias, recursos y dinero, que no va a poder desarrollar sus funciones de defensa de la igualdad, solidaridad y cohesión nacional. Los efectos -vaticinó-los veremos dentro de unos años». En un plazo de unos diez o quince años, dijo, «tendremos que hacer lo que hacen ahora los alemanes, pero será tarde. Habremos perdido mucho tiempo».La réplica la puso la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, que afirmó que los populares «se han dejado al 60 por ciento de sus votantes» fuera del referéndum, en referencia a los casi diez millones de votos que cosecharon en 2004, y agregó que la oposición «sigue mirando hacia atrás».
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