El valor de cuatro millones de firmas

miercoles 26 de abril de 2006
El valor de cuatro millones de firmas

LA cifra de firmas recogidas por el Partido Popular -más de cuatro millones- para apoyar su propuesta de referéndum sobre la continuidad nacional de España y de los principios de igualdad y solidaridad sólo permite calificar la iniciativa como un gran éxito de movilización y respaldo ciudadano. Aunque sea seguro que el Gobierno no atenderá la petición de celebrar esa consulta, Mariano Rajoy, que ayer presentó esas firmas, junto con su proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados, ha alcanzado el objetivo político de demostrar que la oposición de su partido tanto al proyecto de Estatuto para Cataluña como a la reforma encubierta del modelo de Estado es compartida por una gran parte de la sociedad española. Es un error absoluto que el Gobierno haga cuentas y conteste al PP diciendo que le falta «el 60 por ciento de sus votantes». Es un error porque prejuzga que todos los firmantes son votantes del PP y también porque desprecia el dato esencial de que el voto es secreto y no compromete, mientras la firma identifica públicamente al ciudadano. Y esto es lo que debería valorar con mayor respeto el Gobierno: los millones de ciudadanos que han hecho explícita su oposición a la deriva que ha tomado la política territorial del Ejecutivo socialista. No hay antecedentes de una respuesta popular de semejante dimensión.La política de alianzas del Gobierno socialista con los nacionalismos y su traducción en un movimiento de confederalización del Estado han provocado una partición en la sociedad española. El temor al desmantelamiento competencial y financiero del Estado, así como a la desaparición política de la Nación española, es un sentimiento mayoritario entre los ciudadanos. Y a esto se debe el éxito de la iniciativa del PP. Ciertamente, España no se va a romper al día siguiente de que se apruebe el nuevo Estatuto para Cataluña, pero entonces se estará más cerca que nunca de que el Estado español implosione y de que la Nación española deje de tener un contenido político de soberanías, derechos y libertades. Y cabe temer que dentro de otros tantos años, o antes, se planteen nuevos y definitivos saltos en la segregación de la estructura constitucional de España. Las bases ya están puestas. Además, el tiempo está dando razón a quienes denunciaron el nuevo Estatuto de Cataluña como el banderazo de salida para una subasta de identidades nacionales. Andalucía ha sido la primera prueba.Sin embargo, esta situación llegará en un momento crítico, cuando se plantee la viabilidad política y financiera del Estado. Quizá sea entonces cuando en España sea inevitable una reforma constitucional, en los términos anunciados por el PP y como la que se ha pactado en Alemania, donde el Estado federal y los estados federados han asumido la necesidad de reforzar los instrumentos políticos de cohesión nacional. El mal español continúa siendo no aprender en cabeza ajena y seguir por caminos que otros, con más experiencia, han abandonado.