Mas corrupcion

miercoles 15 de noviembre de 2006
Más corrupción
LA «Operación Malaya» produjo ayer una nueva serie de detenciones que han puesto en prisión a la ex mujer del ex alcalde de Marbella, Mayte Zaldívar, a varios empresarios, a un funcionario judicial y al director de una sucursal bancaria. La investigación judicial de este escándalo de corrupción parece no tener fin y demuestra la gravedad del saqueo y latrocinio en el que se había convertido la política urbanística en el Ayuntamiento marbellí. Las dimensiones del caso son de tal envergadura que resulta inconcebible la pasividad de la Junta de Andalucía ante el ejercicio delictivo que se hacía en Marbella de las competencias en materia de urbanismo. No es posible alegar ignorancia ni falta de competencias porque, cuando reventó el escándalo, la Junta promovió la disolución del consistorio, medida que se tenía que haber tomado mucho antes, cuando una intervención administrativa a tiempo habría evitado buena parte de la rapiña que ahora se investiga. Y no parece que la instrucción judicial haya tocado fondo porque cada impulso investigador enlaza con nuevos delitos y con más presuntos delincuentes, hasta desvelar una red de malhechores que no dejaba resquicio alguno en la vida política ni económica de Marbella. Con una importante excepción: la limpieza del Partido Popular en esta localidad, gracias a la cual ninguno de sus ediles se ha visto implicado en la investigación, ni siquiera por declaraciones de alguno de los detenidos, fácil recurso que se suele utilizar para extender la sospecha en descargo propio.
Por ahora han sido arrestadas más de setenta personas en la «Operación Malaya». Se han incautado bienes por cientos de millones de euros y se han bloqueado centenares de cuentas bancarias. En plena polémica por la corrupción urbanística, las denuncias e investigaciones judiciales están desvelando un problema que ya no es esporádico ni aislado, que sitúa el mercado inmobiliario en estado de sospecha, muy peligroso para su estabilidad, y que aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema institucional para impedir en su seno la rapiña que ejecutan personajes inefables, quienes, desde una concejalía o una alcaldía, tienen bajo su control y antojo patrimonios públicos de incalculable valor. Los jueces, por desgracia, llegan cuando el mal está hecho, pero la potestad legislativa del Parlamento y la acción política del Gobierno deben servir para atajar una corrupción pública cuyas rutas de abastecimiento están bien definidas y, si es preciso, revolucionar con un golpe de mano el régimen de competencias en el urbanismo. Lo que está claro es que así no se puede seguir.