jueves, noviembre 30, 2006

La terquedad de ZpM

jueves 30 de noviembre de 2006
E.On
La terquedad de Zapatero
Emilio J. González

Ya es hora de poner fin a toda esta secuencia de errores, en la que cada acción del Ejecutivo crea un problema nuevo o agrava otro ya existente. La amenaza de sanción podría ser la excusa para abandonar un camino que solo conduce al desastre.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. El Gobierno de Zapatero está tratando por todos los medios a su alcance de frenar, como sea, la entrada de E.On en el capital de Endesa pero con cada paso que da crea un problema nuevo o se acerca cada vez más a la posibilidad de una sanción para España por parte de la Comisión Europea.
Inicialmente, el Ejecutivo trató de frenar a la eléctrica alemana para darle a Gas Natural posibilidades de éxito en su OPA sobre Endesa, un movimiento alentado, apoyado y jaleado desde el Gobierno, sobre todo desde el Ministerio de Industria de José Montilla. De esta forma, la Comisión Nacional de la Energía recibió por parte del Gobierno una ampliación de competencias para que pudiera imponer una serie de condiciones que hicieran a E.On desistir de sus intenciones. Esa ampliación, de entrada, ya vulneró la normativa comunitaria puesto que la CNE invadía competencias propias de la Comisión, ya que la OPA de los germanos sobre la compañía española tiene dimensión europea y, por tanto, es Bruselas quien tiene que analizarla y pronunciarse al respecto. Ante la presión que se le vino encima a Zapatero y los suyos por parte tanto del colegio de comisarios como de la propia canciller alemana, Angela Merkel, la CNE, en lugar de vetar la operación, impuso unas condiciones tan draconianas que, de facto, eran una invitación abierta a E.On para que renunciara a sus propósitos. Y nuevamente vino la ofensiva de la Comisión, en forma del dictamen que acaba de publicar en el que considera ilegales las condiciones impuestas a E.On porque vulneran libertades tan básicas de la Unión Europea como la de establecimiento o la de circulación de capitales, por lo que conmina al Gobierno a retirarlas bajo amenaza de sanción. Una sanción que, por supuesto, pagaremos todos.
La cuestión ahora está en ver si el Ejecutivo se aviene a razones o sigue empeñado en sostenella y no enmendalla. Para España sería muy malo que Zapatero y su equipo persistieran en su actitud ante un problema que han creado ellos mismos con sus pretensiones de dar a Cataluña una eléctrica, aunque fuera a cualquier precio, para cumplir el Pacto de Tinell en este sentido. Desde que se inició todo este asunto, allá por el 5 de septiembre de 2005, las cosas han cambiado radicalmente. En principio se trataba de que Gas Natural se quedara, como fuera, con Endesa. Ahora, de lo que se trata, según la visión del Gobierno, es de impedir que una de las principales empresas españolas, por ahora la más importante en un sector estratégico como el eléctrico y propietaria de gran parte del parque español de centrales nucleares, pase a manos extranjeras. A cualquiera de nosotros a quien se le preguntara al respecto diría que preferiría que Endesa siguiera siendo española, pero lo que está ocurriendo en torno a ella no es, ni más ni menos, que el juego comunitario en el que unos compran y otros venden y ahora a nosotros nos ha tocado ser comprados, dentro de una lógica de mercado. Esto debería hacer reflexionar al Gobierno acerca de toda la cadena de graves errores cometidos desde un principio.
El Ejecutivo, por ejemplo, puso todas las trabas del mundo para una operación corporativa entre Endesa y la italiana Edison que hubiera dado a la compañía que preside Manuel Pizarro un gran peso específico en Europa y la hubiera protegido de cualquier amenaza de OPA. El tamaño, en este caso, es una buena defensa, como sabe muy bien una Iberdrola a quien le ha faltado tiempo para embarcarse en la adquisición de Scottish Power con el fin de crecer y evitar que nadie se la pueda tragar. Pero como lo que quería Zapatero es que los catalanes tuvieran su chispa, hizo todo lo posible para que la operación de Endesa y Edison fracasase ya que, de haber tenido éxito, hubiera resultado imposible para Gas Natural lanzar OPA alguna sobre la eléctrica con una mínima posibilidad de éxito. Zapatero impidió a Endesa crecer para evitar que nadie del exterior pudiera comprarla y ahora se encuentra con que sus acciones han degenerado precisamente en que E.On se pueda quedar con la compañía.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo más lógico sería que el Gobierno admitiese sus errores y dejara a los accionistas de Endesa que se pronuncien al respecto, con el fin de evitar tanto la comisión de nuevos errores como una sanción por parte de la Unión Europea. Es lo que haría alguien con sentido común. Por desgracia, aquí se entrecruzan demasiados sentimientos, entre ellos el orgullo y la terquedad, el no dar el brazo a torcer de ninguna forma, que pueden volver a cegar a quien, desde el primer momento, se ha equivocado de lleno al pretender imponer de forma burda una reordenación del sector energético español motivada simplemente por intereses políticos puros y duros. Francamente, ya es hora de poner fin a toda esta secuencia de errores, en la que cada acción del Ejecutivo crea un problema nuevo o agrava otro ya existente. La amenaza de sanción podría ser la excusa para abandonar un camino que solo conduce al desastre.

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