Agua, coherencia y solidaridad

miercoles 15 de noviembre de 2006
Agua, coherencia y solidaridad
LOS principios de unidad, autonomía y solidaridad que proclama el artículo 2 de la Constitución no son una mera declaración retórica. Por el contrario, su aplicación en las diversas políticas públicas es garantía de que funcione de una forma razonable nuestro complejo modelo de organización territorial. Los partidos de ámbito nacional cumplen una función decisiva para evitar que las tendencias disgregadoras alteren unas reglas del juego determinadas por la unidad de mercado, la cohesión interterritorial y la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles en cualquier lugar donde residan. La extraña deriva confederal emprendida con el Estatuto catalán y la formación del nuevo tripartito son fiel reflejo de la ruptura material de los principios que sustentan el sistema autonómico. Si el Estado se convierte en residual respecto de las comunidades autónomas, los partidos tendrán la tentación de ajustar su estructura de poder a la nueva situación, de manera que Ferraz y Génova lo van a tener cada vez más difícil ante los llamados «barones» territoriales. Lo peor de todo es que nadie se atreve a plantear políticas de Estado, que exigen una perspectiva amplia y coherente en los problemas comunes, más allá del oportunismo coyuntural o de pequeños intereses que recuerdan al viejo y desprestigiado caciquismo localista.
En este contexto, Mariano Rajoy ha hecho frente a su responsabilidad como líder nacional del PP y en coherencia con sus reproches a la política errática que practica el presidente del Gobierno. Es un acierto la convocatoria de una reunión con los líderes regionales afectados (Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel, Gustavo Alcalde y María Dolores de Cospedal) para evitar «una guerra del agua» a escala interna con motivo de los trasvases del Tajo y del Ebro. Sería un acierto recuperar el consenso existente en el centro derecha al aprobar el Plan Hidrológico Nacional, alguna de cuyas medidas más importantes fueron paralizadas a toda prisa por el Gobierno socialista. El asunto no es sencillo, ya que para los murcianos es inaceptable la eliminación del trasvase Tajo-Segura acordada para 2015 por los populares y socialistas de Castilla-La Mancha ante el nuevo Estatuto. En el caso de Aragón, el blindaje estatutario acordado también con la aprobación del PP choca con el criterio de valencianos y murcianos, hasta el punto de que se habla de un eventual voto por territorios y no por grupos políticos en el Congreso de los Diputados. A su vez, en el PSOE, la postura de Rodríguez Ibarra deja en muy mal lugar a sus compañeros andaluces. Lo cierto es que las actitudes particularistas proliferan por todas partes ante la irritación de una opinión pública que se niega a entender el pluralismo autonómico como una simple yuxtaposición de compartimentos estancos que compiten entre sí.
Por fortuna, las recientes lluvias han permitido que suba el nivel de agua embalsada en estas últimas semanas, pero no se puede estar siempre mirando al cielo. España tiene un grave problema de agua y hace décadas que debería estar aprobado un plan hidrológico de alcance nacional, capaz de hacer frente a una cuestión que se agrava con el cambio climático y el incremento de las necesidades para nuevos aprovechamientos. Si no hay previsiones razonables, obras de infraestructura suficientes y capacidad de coordinación entre unos y otros, Medio Ambiente seguirá con su política insuficiente aquí y allá.
Los políticos regionales deben asumir también su condición de líderes de un partido nacional para explicar a los electores que la solidaridad y la puesta en común de los recursos escasos suponen un éxito para todos. Es muy triste que regiones vecinas y relacionadas desde siempre por todo tipo de lazos sociales y afectivos se conviertan en rivales y competidoras. Si el PP consigue ofrecer una imagen de concordia interna (no sólo en las declaraciones, sino sobre todo en los hechos) habrá ganado una baza importante ante amplios sectores del electorado. Además, las competencias constitucionales del Estado en esta materia no deberían ser vaciadas por una regulación contradictoria por medio de los nuevos estatutos.