Morosos oficiales
Jueves, 05-02-09
LAS contradicciones internas del Gobierno y el Partido Socialista sobre la actitud política hacia la Banca española demuestran la falta de rigor con la que uno y otro afrontan la gravedad de la crisis económica. Sin solución de continuidad en los últimos días, desde el Ejecutivo se han lanzado mensajes de apoyo y de amenaza a los bancos, como parte de la solución o como causantes del problema de la crisis. Es insólito que al día siguiente de la reunión del presidente del Gobierno con los principales representantes de la banca, el ministro de Industria advirtiera de que al Ejecutivo se le está agotando la paciencia con la banca. Ningún gobierno sensato occidental se dedica a hacer estas amenazas contra el sistema bancario, menos aún cuando ese mismo sistema -sometido a la inspección del Banco de España- ha sido destinatario de un plan de rescate de decenas de miles de millones de euros, que, por lo visto, el Gobierno no planificó debidamente. La hostilidad hacia la banca es una estrategia puramente política destinada a crear un nuevo chivo expiatorio.
Sin embargo, el plan de financiación de obras municipales anunciado por Rodríguez Zapatero no ha dado lugar a una reacción similar con los ayuntamientos, cuya morosidad sí es una causa directa de la ruina de muchas pequeñas y medianas empresas. La paciencia del Gobierno también debería fijarse en las administraciones municipales, que contratan obras, entrampan sus arcas y no pagan a las empresas adjudicatarias, las cuales, a su vez, dejan de pagar a sus proveedores. Lo peor de todo es que el recurso a la Justicia es inútil, porque los tribunales son el refugio del moroso, sobre todo si es una administración pública. No hay pequeño empresario que pueda esperar los años que conlleva un pleito hasta que se dicta sentencia y, lo que es más importante, ésta se ejecuta, si es que esto sucede. La reactivación económica tendría un buen impulso si los ayuntamientos pagaran a sus acreedores y dejaran de buscar su impunidad como morosos en el laberinto de los tribunales de Justicia. Mientras las administraciones del Estado no den ejemplo y paguen lo que deben, sus invectivas contra la banca por la restricción crediticia suenan a hipocresía. La solución no puede consistir en que los empresarios arruinados amenacen con quemarse a lo bonzo, sino en tener un Estado fiable y solvente en el cumplimiento de sus compromisos económicos.
http://www.abc.es/20090205/opinion-editorial/morosos-oficiales-20090205.html
jueves, febrero 05, 2009
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