Ismael Medina, ¡Que se vayan todos!

viernes 20 de febrero de 2009
¡Que se vayan todos!

Ismael Medina

Y A se producido cuando escribo la huelga de los jueces. Importa muy poco si han sido muchos o pocos los magistrados que la han seguido o el hecho, sin duda significativo, de que también se haya sumado la asociación de los jueces de ideología izquierdista. Lo que importa es que los jueces han ido por primera vez a la huelga en España para protestar contra la política judicial del gobierno. Pero aún más lo es que el ministro de Justicia haya pedido a los secretarios judiciales que tomen nota y den cuenta de los magistrados huelguistas. Una medida típica de estadios revolucionarios de cariz marxista, necesitados de delatores voluntarios o forzados. Los de mi edad ya lo vivimos desde que en febrero de 1936 el Frente Popular ocupó el poder. Aunque con eufemismos muy propios de la revolución rodriguezca, desde el gobierno, y más todavía por boca y acción de Bermejo, se viene a decir de quienes quieren una Justicia eficaz e independiente son los quintacolumnistas de la reacción antidemocrática. “La oreja del fascismo” que pregonaban grandes carteles bajo el gobierno de Negrín e incitaban a la eliminación por las milicias de sus enemigos emboscados.

El académico de Jurisprudencia y Legislación Manuel Álvarez Buylla Ballesteros envió a “ABC” una carta en la que recuerda la intervención en el Congreso de los Diputados (1932) de su bisabuelo Melquíades Álvarez en el curso de un debate sobre la independencia del Poder Judicial. Merece la pena reproducir las palabras de Melquíades Álvarez a causa de su rabiosa actualidad:

“ Yo aprendí en mi adolescencia, cuando se hablaba mucho del régimen parlamentario, unas frases que me parecen esculpidas para este debate: “Cuando queráis saber si un pueblo es verdaderamente libre o no lo es, no os fijéis en las instituciones políticas, en que existe dualidad de Cámaras, en que haya sufragio universal o no exista sufragio; fijaos exclusivamente en la Justicia. Si la Justicia es un poder ante el cual se postergan los gobernantes y los ciudadanos, aquel es un país libre. Si la Justicia no es semejante Poder y la ley se estira o afloja en una especie de lazo en el que pueden caer prisioneros los ciudadanos, huid de este país aunque se llame un país libre; la libertad es una vana palabra; es una pantalla con la cual se oculta una abominación; huid de país porque en él, no siendo independiente la Justicia, ni hay respeto para la ley ni tienen garantías los ciudadanos”.

A Melquíades Álvarez no le dio tiempo a huir. El 22 de agosto de 1936 fue asesinado durante la matanza en la Cárcel Modelo de Madrid. Junto a él cayeron el doctor Albiñana, presidente del Partido Nacionalista Español, los ex ministros José Martínez de Velasco y Manuel Rico Abello, Julio Ruíz de Alda, Ramiro Ledesma Ramos, Fernando Primo de Rivera (médico militar y discípulo de Marañón al que éste auguraba un brillante provenir profesional) y otros muchos. El 22 de marzo, antes de comenzar la guerra y apenas tomado posesión el gobierno del Frente Popular, fue asesinado por las milicias socialistas el liberal Alfredo Martínez, considerado el más leal colaborador de Melquíades Álvarez.

Melqíades Álvarez no era hombre que encajara en lo que se entiende como derecha. Catedrático relevante de Derecho Romano y político honesto según quienes le conocieron, podría encasillarse hoy como de centro-izquierda. Diputado reiterativo desde 1898, participó en 1907en una concentración de fuerzas republicanas no revolucionarias. No se avino con la Dictadura de Primo de Primo de Rivera, antes de cuya proclamación ostentó la presidencia del Congreso de los Diputados. Como miembro del grupo llamado constitucionalista anterior a la proclmación de la II República, ganó el escaño de diputado como cabeza del Partido Repúblicano Liberal-Demócrata, el cual renovó en 1933. Durante el debata en las Cortes Constituyentes se mostró contrario al Estatuto de Cataluña. Y además, pertenecía a la francmasonería, creo que la de rito escocés.

Y por qué traigo a colación esta sucinta biografía de Melquíades Álvarez, además de ¿por su actualísima advertencia sobre la independencia de la Justicia? Para poner de manifiesto que todo empeño revolucionario de la izquierda propende a la eliminación de todos aquellos que consideren enemigos a los que no se sumen a su estrategia totalitaria, por muy afines que le puedan ser. También era masón el general López Ochoa, gracias a cuyo pacto iregular con los revolucionarios asturianos de octubre de 1934 salvaron la vida sus principales y genocidas dirigentes. Y a cuyas órdenes, por cierto, figuró en el aplastamiento militar de la rebelión el abuelo de Rodríguez. A López Ochoa no le perdonaron esto último y estallada la guerra lo sacaron las milicias del Hospital Militar en que estaba internado y lo asesinaron, le cortaron la cabeza y la exhibieron como trofeo de las “justicia popular”. A uno y a otro pudieron salvarlos los masones que, como Azaña, Martínez Barrio, Casares Quiroga y tantos otros, ocupaban altos puestos gubernamentales en la República del Frente Popular. Y es que también se da una sórdida justicia interna en el seno de la masonería. Tampoco interesaba preservar la vida de “hermanos” moderados como Melquíades Álvarez. Los echaban fríamente a los leones del circo revolucionario.

Estaba justificada la intervención de Melquíades Álvarez reproducida al comienzo. Entre mayo y junio de 1936 se registró la marea revolucionaria de las profanaciones y quema de iglesias y conventos sin que fuera reprimida judicialmente. Y aquella República se dotó de dos leyes, la de Orden Público y la de Vagos y Maleantes, que le dejaban las manos libres para actuar sin cortapisas contra sus enemigos políticos. Cabe rememorar, por ejemplo, la matanza de los anarquistas de Casas Viejas, en 1932, con beneplácito e instigación gubernamental. Y puntualizar asimismo que, como recordó Julían Marías en un artículo al que en alguna ocasión me he referido, las garantías constitucionales estuvieron suspendidas casi de manera permanente durante la II República. Lo que daba ocasión para perpetrar abusos de toda índole contra los opuestos (la detención irregular de José Antonio Primo de Rivera no fue una excepción) o dejar impunes los habituales atentados y crímenes de los “chibiiris” socialcomunistas o de parecida ralea.

“La Masonería en la crisis española del siglo XX”, de María Dolores Gómez Molleda (Ed. Taurus), ilustra sobre la profunda penetración de los “Hijos de la Luz” durante la II República, especialmente en el sesgo anticatólico de la Constitución de 1931, en el reconocimiento del Estatuto de Cataluña y en otros ámbitos críticos del Estado. La historia de la masonería en cuanto tal evidencia las instituciones de los Estados preferidas para su infiltración y control: Interior (Orden Publico), Defensa, Justicia y Educación. Cuando se estudia la historia de aquel periodo resulta palmario que lo consiguieron con creces. Sería el partido socialista el que mayor número de políticos masones acumuló, aunque no escasearan en otros de izquierda, centroizquierda y liberales. También tuvo por tanto la masonería un papel nada desdeñable en la revolución fallida de 1934 y en la de 1036, iniciada tras el acceso al poder del Frente Popular.

Jueces y magistrados están hartos de convertirse en las cabezas de turco de una Administración de Justicia sepultada por procedimientos que se multiplican en lo civil, en lo contencioso administrativo, en lo mercantil y en lo penal sin que se haya procedido a una modernización de los servicios judiciales y sean presa de una dislocación demencial tras la infausta decisión rodriguezca de transferir a los diecisiete cacicatos taifales ámbitos de competencia propios del Estado que no han hecho sino complicar aún más los padecimientos de un poder judicial en vías de fragmentación federalista. Se da el caso, por descender a lo práctico, que cada tiafa ha impuesto en su circunscripción un sistema informático propio y generalmente caprichoso. Sucede en Andalucía, por ejemplo, que con el sistema decidido por la Junta los juzgados están incomunicados con otros órganos judiciales, con los cuerpos policiales o con organismos de otra índole a los que se requiere documentación. Y no digamos si se trata de taifas en las que el caciquismo nacionalista exige e impone que todo se haga en su lengua vernácula o manipulada. Nos encontramos con una compartimentación en que difícilmente pueden convivir armónicamente el funcionariado, dependiente del ministerio de Justicia, las dotaciones de medios, confiados a las taifas, y la judicatura, adscrita al Consejo General del Poder Judicial. Y por si fuera ya poco este destripamiento, la fiscalía y la Abogacía del Estado se han degradado a la condición de mero instrumento de los caprichos y conveniencias partidistas del gobierno.

Ha existido unanimidad entre las diversas asociaciones de jueces en su acción de fuerza para exigir medidas que faciliten el funcionamiento de la Justicia. Pero esa unanimidad no resuelve ese otro desmán de una politización cuyos dos principales focos cancerígenos son: la vinculación ideológica de dos al menos de las asociaciones a los, partidos mayoritarios, en particular la conocida como progresista; y la arrogación por el parlamento de designar a los miembros de los órganos superiores en la misma proporción de su representación parlamentaria. ¿Pueden sorprender a nadie en tales circunstancias las anómalas, contradictorias y sospechosas sentencias a que asistimos en cuestiones que al gobierno interesa que cubran legalmente sus veleidades coyunturales o de su estrategia desmeduladora de la sociedad, las instituciones, el Estado o la Nación? ¿O que existan jueces como Garzón que instrumenta escándalos judiciales en una sola dirección, en connivencia con el ministro de Justicia, la Fiscalía, el jefe de la Policía Judicial y la prensa adicta al gobierno y al P(SOE), mientras otros de muy superior calado que a éstos afecta no se investigan, se encubren con un silencio espeso si entran en vía judicial y son removidos los jueces que no se pliegan a la ocultación y ejercitan su independencia?

Hay motivos suficientes para sospechar con visos de verosimilitud que en la de Andújar y en la de Torres existieron una doble cacería: la convencional y la del PP. Mientras daban gusto al rifle para matar cérvidos o jabalíes, escogían las armas y los proyectiles más idóneos para satisfacer la exigencia de Rodríguez de matar o malherir al enemigo político con el fin de drenar sus posibilidades electorales en las taifas de Galicia y Vascongadas, amén de en la próximas al parlamento europeo. Y tal ha sido el escándalo de tamaña y desvergonzada cacería que ya la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido a Garzón que pase el asunto a la jurisdicción ordinaria. Pero tampoco la Fiscalía es inocente.

Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia no podrán sentenciar antes de las inminentes convocatorias electorales por mucho empeño que pongan en hacerlo con rapidez. Y ya veremos lo que resulta al final. Pero el perseguido daño político ya estará hecho y será irreversible a corto y medio plazo. Rodríguez habrá ganado la partida. Salvo que el hundimiento económico en que ha sumido a España, el drama del paro para casi ya cuatro millones de personas y la difícilmente ocultada corrupción de lo suyos se antepongan para una parte mayor o menor de su electorado a lo que Antonio García Trevijano describía como “la pasión de obedecer” en un artículo publicado por “La Razón” en enero del 2000.

En otra ya lejana cacería, aquella vez en Quintos de Mora, de la que Bermejo es asiduo y contraventor beneficiario, Felipe González y Baltasar Garzón convinieron que éste participase a las elecciones para el Congreso de los Diputados en lugar relevante de la candidatura del P(SOE) por Madrid. Garzón esperaba que por tal servicio le diera González el ministerio de Interior o el de Justicia. Al ver frustradas sus aspiraciones se revolvió como serpiente herida. Pero no tardó en retornar al redil y a sus esperpénticos procedimientos, trasladando su ambición a la presidencia del Tribunal Penal Internacional e incluso al Premio Nobel.

¿Estado de deshecho o Estado de Corrupción? Recojo las varias acepciones del verbo corromper en el DRAE que vienen al caso: “Alterar o mudar la forma de alguna cosa. Echar a perder, podrir. Estragar, viciar, impurificar”. Alteradas de hecho estánlas instituciones del Estado, echada a perder la Constitución de tan violada, en provocada y desalmada putrefacción la sociedad, estragada la convivencia e impurificada la Justicia, resulta evidente que estamos sometidos a un totalitario Estado de corrupción. Hemos vuelto a donde Rodríguez quería, con el consentimiento del monarca: a lo que fue la II República. El destino que entonces nos reservaba la venganza iluminista se cumple ahora bajo la batuta imperativa del Nuevo Orden Mundial.

No es ocioso que haya encabezado esta crónica con la intervención de Melquíades Alvarez en el Congreso de los Diputados allá por 1932. Y con el trágico destino que le deparó su denuncia. La libertad ha muerto de nuevo. Lo malo es que en las actuales circunstancias no existe, salvo para los corruptos, un destino de acogida, garante de la libertad, hacia el que huir. Nos queda la salida, si acaso, de un más o menos generalizado movimiento de rebeldía al grito que ha hecho suyo Naomí Klein, intelectual antiglobalizadora en” The Guardian”: “¡Que se vayan todos!” .

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