Ciempozuelos, del manicomio a la corrupcion

viernes 17 de noviembre de 2006
Ciempozuelos, del manicomio a la corrupción
José Meléndez
E N mis ya lejanos tiempos mozos, Ciempozuelos era conocido del vulgo por su manicomio. “Estás para que te lleven a Ciempozuelos” era una expresión corriente de los que creían que alguien desbarraba en sus ideas o conductas. Y al bonito y entrañable pueblo madrileño que se despereza en la llanura castellana entre dos aprendices de río y se protege en sus siestas con los alcornoques, las hayas y los robles que salpican sus pequeñas vegas, le costó mucho tiempo librarse de esa etiqueta y que la gente se fijase en él como lo que es, un laborioso y atractivo pueblo labrador, inmerso en esa deliciosa rutina de las tareas del campo, ajena a los ruidos y las convulsiones del progreso. Y ha sido precisamente el progresismo, esa forma torcida y sectaria de apropiarse de los avances naturales de la sociedad, el que ahora le ha puesto una etiqueta mucho mas bochornosa e injusta que la anterior, al ligar su nombre al mayor escándalo de corrupción que se ha registrado en la reciente historia de España. Ambos sambenitos son completamente rechazables. Ni los habitantes de Ciempozuelos están locos por albergar un hospital psiquiátrico ni son desaprensivos porque haya dos alcaldes corruptos que han metido sus sucias manos de lleno en la masa inmunda de la corrupción inmobiliaria. Dadas las dimensiones del escándalo y una vez sentada la justa reivindicación de un pueblo honrado que se ha visto tan sorprendido por lo que hacían sus rectores municipales como el resto de los españoles, hay que centrar la atención en el seguimiento de la instrucción judicial que se lleva a cabo y que, a buen seguro, llegará hasta sus últimos extremos, por muy tortuosos y delicados que sean. Las cantidades de dinero que se barajan en el proceso, la pasividad de las autoridades gubernativas que tienen como deber el control de los presuntos delitos monetarios y el blanqueo de dinero y los antecedentes políticos de otros escándalos, como por ejemplo el de Filesa –del que éste de los alcaldes es siete veces mayor en sus cifras prevaricadoras- o el de las comisiones del AVE, todavía no suficientemente aclarado, obligan a la justicia a analizar cuidadosamente cualquier indicio que se vaya produciendo en el sumario. Lo que ha trascendido hasta ahora abre las puertas a muy diversas sospechas y suspicacias, dando pie a pensar que el asunto pueda no reducirse al desmedido afán de lucro ilícito de dos ediles que han empleado para su propio beneficio la situación privilegiada de sus cargos municipales. Que Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón son dos sinvergüenzas parece estar claro, pero ¿termina en ellos la culpabilidad?, ¿existen otros beneficiarios de la gran trastada inmobiliaria?. Para combatir la corrupción y el blanqueo de dinero negro procedente de transacciones ilegales y delitos de narcotráfico y mafias organizadas existe la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), integrada por miembros del Banco de España, de la Agencia Tributaria, dependiente del ministerio de Hacienda y de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, dependientes del ministerio del Interior. Integrada en la Sepblac está la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, que es precisamente el órgano al que las autoridades de Andorra se dirigieron el pasado mes de mayo para denunciar que Tejeiro y Torrejón querían ingresar en un banco andorrano una gran cantidad de dinero cuya procedencia despertaba sospechas. La denuncia no fue tenida en cuenta porque Sepblac no abrió ningún tipo de investigación al respecto y el escándalo saltó cinco meses mas tarde, cuando un periódico, concretamente el ABC, denunció el caso. Una pasividad de cinco meses en los que tienen como obligación exclusiva e ineludible velar por la legalidad en el manejo de capitales es, cuando menos, sorprendente. La financiación de los partidos políticos es siempre un tema espinoso y que no está totalmente resuelto, a pesar de los tímidos esfuerzos para ello. Desde los famosos maletines de la alemana Flick, que supuestamente circularon en los principios de la Transición desde Bonn a la calle de Ferraz, hasta ahora, lo intentos de financiación de los partidos al margen de los límites legales parecen numerosos y se han cobrado víctimas, como el popular Naseiro o el socialista Galeote. Y esto es lo que hay que investigar exhaustivamente: si todo queda en la actuación de dos alcaldes corruptos, que no son precisamente el alcalde de Zalamea, y el afán de lucro de constructores desaprensivos, o hay más inconfesable detrás de ello. El PSOE acumula ya una larga lista de corruptos en sus filas y ha tenido y tiene a un puñado de militantes en la cárdel por este delito. El Partido Popular tampoco se ha librado de ese cáncer en sus entrañas, aunque en mucha menor cuantía y, generalmente debido a la táctica socialista del “tu también” en la que el PSOE es un maestro contumaz, con el coro unánime de sus terminales mediáticas. Un actual ejemplo de ello son las reiteradas amenazas de denuncia del secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Rafael Simancas, que hasta ahora no se han materializado. Y es que los ataques de Simancas, más que instrumentos de defensa, son ataques de nervios desde que el “tamayazo” lo dejó compuesto y sin presidencia de la Comunidad a dos minutos de su proclamación. El PP se le ha adelantado y ya ha presentado en los juzgados diez denuncias por corrupción de ediles socialistas en pueblos de la Comunidad madrileña. En el programa electoral del PSOE figura el compromiso de luchar contra lo que llama “la delincuencia de cuello blanco”, pero cuando ha llegado al poder esa lucha no aparece por ninguna parte y, por el contrario, son cada vez más los cargos socialistas que se ven involucrados en delitos de corrupción y prevaricación que, en muchos casos terminan en la cárcel. La vida pública necesita un saneamiento a fondo y la financiación de los partidos una transparencia y unas normas legales que todavía no tiene. Y en eso deben colaborar todos los políticos porque al final los que tienen la última palabra son los jueces, que parece que son los únicos que realizan su trabajo con una honesta interpretación de la ley.