29.10.11
Más allá de los estrados, el debate social sobre las costumbres atentatorias —tanto más cuanto más socialmente antipersonales— debe tener su forzoso lugar fuera de los límites del específico ámbito de la Justicia; muy especialmente cuando la reflexión afecta a las propias actuaciones judiciales y al propio cuerpo legislativo que las sustenta.
A ese debate pertenecen, precisamente, interrogaciones del siguiente tenor: ¿es buena o mala costumbre la del terrorista, que elige asesinar para satisfacer determinados fines políticos? Como también: ¿es buena o mala costumbre la del pederasta, que elige atentar contra la infancia para satisfacción de sus inconfesables fines sexuales? El aspecto cualitativo manifiesto en ambas cuestiones resulta evidente y nos obliga a reflexionar sobre la calidad social de determinadas costumbres, en este caso, consistentes en la comisión de la pederastia y el crimen. A reflexionar, por ejemplo, sobre los peligros derivados de confundir la razón con los fines; peligros cuya máxima efervescencia tiene lugar cuando, patológicamente, los fines se religan al crimen fundado en posiciones ideo-ilógicas.
Es que, en un ámbito de efectiva y recíproca libertad personal, a los fines políticos no sirven cualesquiera medios, tales como la amenaza, la extorsión, el secuestro o el asesinato. Medios, todos ellos, que coadyuvan, de manera contradictoria, a la más irracional eliminación, progresiva o irrevocable, de la razón misma.
Pero junto a tales preguntas, que interrogan sobre la bondad o maldad de aquellas costumbres, surgen a la vez otras cuyo primordial ingrediente es de carácter cuantitativo. Son preguntas lanzadas sobre nosotros como con dardo paralizador: “¿qué hacer con cien mil ciudadanos legalmente declarados terroristas, cómplices o secuaces de estos? ¿Encarcelarlos a todos?”
El lastre con el que se pretende apabullarnos —¡cien mil ciudadanos!— denuncia, sin embargo, el sentido de una pregunta tras cuya cáscara retórica se oculta la respuesta-afirmación de que el Estado no dispone de escollera penitenciaria suficiente ante la crecida torrencial de los jenízaros. Aún más, más persuasivamente: que contra cien mil ciudadanos el Estado (democrático) no dispone de potestad otra que la de hincarse de rodillas. Adviértase de paso, cómo, con la inoculación de la palabra “ciudadano” (¡cien mil ciudadanos!), se intenta hacer flotar, sobre una atmósfera de complejos hipergarantistas, el aeróstato inculpatorio de las conculcaciones.
Mas siendo que la historia de las conculcaciones comienza por los privilegios, no cabe sino repreguntar: ¿en base a cuál de ellos, con tanto mimo, se protege a los criminales abertzales — a los amantes de la patria de la muerte— en urnas de cristal, desde las que, con brutal sardonismo y mayor permisividad, escupen sus risas sobre una acomplejada sociedad que lo permite? ¿De qué peligros se les protege que no puedan también perjudicar a otros criminales, a quienes la justicia, en cambio, sienta en sala a pecho descubierto?
Por otra parte, "los respetables ciudadanos pederastas" también tienen —los muy pobres— sus derechos. Por ello, en esta tesitura, constituyendo grave lacra civil, qué duda cabe: un gobierno de progreso debe “iniciar contactos” tendentes a la redención social de tan proclives compatriotas.
Ya lo sé: aunque van cayendo de centena en centena, no hay Censo Nacional de Pederastas. Probablemente, porque a los demoscópicos de la pingüe panceta política no les interesa el negocio. Para su “verdad” estadística, por más que les doblen o tripliquen en número, jamás superarán nuestros pederastas los Cien Mil Hijos abertzales de San Sabino en tromba contra la libertad personal. Y sin embargo, leemos: 700 pederastas detenidos.
¡Qué horror! ¿No corresponde a un gobierno “progre-sista” negociar la paz sexual con ellos?
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© R. Malestar Rodríguez
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7/3/09
http://blogs.periodistadigital.com/opinion.php/2011/10/29/costumbres-terrorismo-y-pederastia-
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